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Por Yasmine Kacha, investigadora sobre Argelia/Marruecos/Sáhara Occidental
El 27 de abril, un tribunal de Marruecos ordenó la detención y el procesamiento del defensor de los derechos humanos Omar Naji, citando el artículo 447-2 del Código Penal que amenaza con pena de hasta tres años de prisión o multa de hasta 20.000 dirhams (unos 2.000 dólares estadounidenses) a toda persona que difunda “acusaciones falsas o mentiras” con el objetivo de “dañar la privacidad o difamar”.
Como prueba, el juez de la ciudad septentrional de Nador utilizó un comentario que Naji había publicado en Facebook una semana antes sobre la confiscación de mercancías por parte de agentes de policía a vendedores callejeros para redistribuirlas a organizaciones sin ánimo de lucro. Naji, de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), quedó en libertad bajo fianza al día siguiente, pero los procedimientos judiciales contra él continúan, y su próxima vista judicial está programada para el 2 de junio
El procesamiento de Naji es un ejemplo más de cómo se están utilizando las disposiciones legales existentes en Marruecos y el Sáhara Occidental para censurar y castigar la libertad de expresión online. En un futuro cercano, podemos esperar ver muchos más casos de estos en virtud del anteproyecto de ley número 22.20, que criminaliza la vaga noción de “noticias falsas” y que el consejo de gobierno aprobó el 19 de marzo, antes de anunciar, el 7 de mayo, una revisión del texto.
Varias disposiciones de la ley sobre el uso de las Redes Sociales y Redes Similares, cuyos detalles se han filtrado a los medios de comunicación, resultan alarmantes. Por ejemplo, sus artículos del 16 al 19 disponen que la difusión de “noticias falsas” es punible con penas de hasta cinco años de prisión cuando el propósito sea dañar la “seguridad nacional”.
Esta represión del derecho a la libertad de expresión (utilizando las “noticias falsas” como pretexto) no se limita a Marruecos. También ha habido cambios en la legislación en la vecina Argelia, donde, el 22 de abril, el Parlamento aprobó unas reformas al Código Penal que añadían un artículo que castiga con hasta tres años de prisión y multa de hasta 300.000 dinares (unos 2.322 dólares estadounidenses) a toda persona que difunda “mentiras” con el fin de “dañar la seguridad del Estado”.
En su Informe Anual de 2019, Amnistía Internacional destaca que tanto Argelia como Marruecos y el Sáhara Occidental utilizan frecuentemente disposiciones del Código Penal para detener y procesar a personas cuyo único delito era expresar libremente sus opiniones en la web. El efecto que estas recientes medidas tomadas en plena crisis sin precedentes de la COVID-19 han tenido sobre la libertad de expresión es sumamente preocupante.
Estas leyes más estrictas se están adoptando en unos momentos en los que la ciudadanía más necesita tener acceso sin trabas a información sobre la pandemia y sobre las medidas que se están tomando para proteger la salud pública, así como poder cuestionar las medidas del gobierno o criticar los defectos y carencias de su respuesta a la pandemia.
Estos gobiernos también podrían imponer nuevas obligaciones sobre las plataformas de redes sociales, que desempeñan un papel crucial para permitir a la gente acceder a información fiable y expresar sus opiniones. El anteproyecto de ley 22.20 ordena el establecimiento de un mecanismo efectivo de reparación para quienes se quejan de “contenidos ilegales”, pero ese mecanismo puede ser susceptible de abusos, ya que remite a nociones vagas como la “amenaza al orden público, la seguridad y las constantes de la Monarquía”. El anteproyecto de ley contempla sanciones si no se respetan estas disposiciones, unas sanciones que van desde advertencias oficiales hasta fuertes multas por parte de un “órgano de supervisión” cuya identidad, funciones y prerrogativas siguen siendo poco claras.
Aunque los Estados deben garantizar que las empresas no abusan del derecho a la libertad de expresión, también deben abstenerse de imponer el deber de vigilar proactivamente los contenidos online o los regímenes de responsabilidad de intermediarios que incentivan una censura excesiva sobre sus usuarios.
En Amnistía Internacional, he documentado decenas de casos en Argelia y en Marruecos y el Sáhara Occidental en los que se ha citado, procesado y detenido a activistas y periodistas exclusivamente por sus publicaciones online en las redes sociales. Hemos pedido incansablemente a los Estados que retiren los cargos y pongan en libertad inmediata e incondicional a esas personas.
Sin embargo, los gobiernos no sólo no han puesto en libertad a todas las personas que han sido detenidas únicamente por expresar sus opiniones, sino que ahora están redoblando sus esfuerzos por censurar información pertinente incómoda para el gobierno o por utilizar la crisis de COVID-19 como pretexto para silenciar las voces disidentes.
En un momento en el que la salud y los medios de sustento de la gente están en peligro, los países no deberían estar utilizando la difusión de “noticias falsas” y la crisis provocada por la COVID-19 como excusa para reprimir las críticas online. La mejor manera de contrarrestar la información falsa y engañosa es garantizar que todas las personas tienen acceso a información fiable y basada en datos, no meter a la gente en la cárcel por expresar su opinión ni imponer un fuerte control a las redes sociales.
La decisión del gobierno noruego de dejar de usar su aplicación de rastreo de contactos de COVID-19 es un gran logro para el derecho a la privacidad, y se ha adoptado horas antes de que Amnistía publique su fulminante análisis sobre la aplicación.
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En el contexto de la pandemia, como Amnistía Internacional seguimos en un rol de constante vigilancia acerca de la situación de derechos humanos. En esta editorial, destacaremos semanalmente algunos temas de preocupación o avances importantes que vemos en esta labor de monitoreo.
Autora: Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.
En el contexto de la pandemia, como Amnistía Internacional seguimos en un rol de constante vigilancia acerca de la situación de derechos humanos. En esta editorial, destacaremos semanalmente algunos temas de preocupación o avances importantes que vemos en esta labor de monitoreo.
Empezamos esta editorial lamentando el asesinato de Alejandro Treuquil, y reiterando nuestro llamado a que se investigue debidamente los hechos y se lleve a la justicia a los responsables.
Lamentablemente la violencia policial sigue siendo un tema de preocupación. Hemos recibido información de hechos que constituirían uso excesivo de la fuerza en distintos lugares de Chile. Solo un ejemplo es la represión brutal de una protesta de pescadores en caleta Queule, en que hubo manifestantes heridos por múltiples perdigones y disparos de bombas lacrimógenas directo al cuerpo, actuar policial que ha sido cuestionado desde hace años, y que se mostró como un patrón de conducta durante el estallido social.
También hemos estado dando seguimiento al plan de retorno de personas migrantes que están en Chile y buscan regresar a sus países. Se había anunciado un plan específico para personas colombianas, y hemos estado recibiendo información de que para incorporarse a este plan de retorno, se les obligaría a firmar un documento en el cual, entre otras cosas, aceptarían una prohibición de ingreso a Chile por 9 años más, tal como se hizo en su momento con los planes de retorno para personas haitianas. Esta semana algunos medios de prensa confirmaron esta información. De ser cierto, el gobierno se estaría aprovechando de una situación de enorme vulnerabilidad de estas personas, que difícilmente tendrán opción más que aceptar una condición abusiva y discriminatoria. Esperamos que esta información se aclare y corrija.
Continuamos monitoreando la situación de los presos mapuche que se encuentran en huelga de hambre, el machi Celestino Córdova en la cárcel de Temuco, y Sergio Levinao, Juan Calbucoy, Victor Llanquileo, Juan Queipul, Sinecio Huenchullán, Freddy Marileo, Danilo Nahuelpi, Reinaldo Penchulef y Antu Llanca en la cárcel de Angol. Hemos recibido información de que gendarmería estaría dificultando que estas personas puedan tener un chequeo médico por una persona de su confianza, así como negando la posibilidad de recibir visitas, por ejemplo, de sus autoridades tradicionales. Entendiendo las necesidades de cuidar el ingreso de terceros a los penales debido a la pandemia, ello no puede ser excusa para que, en la práctica, no sea posible acceder a conocer de manera independiente las condiciones en que estas personas se encuentran.
Finalmente, junio es el mes del orgullo, y la comunidad LGBTIQ+, que ha sido particularmente impactada por la pandemia, ha tenido recientemente noticias muy malas y muy buenas a nivel judicial. La mala es la sentencia del Tribunal Constitucional negando, con argumentos extremadamente débiles e incluso discriminatorios, la posibilidad de inscribir en Chile un matrimonio celebrado en el extranjero entre dos mujeres. La buena fue el fallo que ordenó al Registro Civil inscribir a dos mujeres como madres de un pequeño, por primera vez, en un éxito judicial de Fundación Iguales.
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