En numerosos países de África subsahariana, las cárceles están masificadas. Con frecuencia, los presos y presas viven en condiciones pésimas y los sistemas de salud penitenciarios son muy deficientes. La pandemia del coronavirus convierte a la población reclusa en un grupo especialmente vulnerable y de riesgo. La COVID-19 exige que los Estados resuelvan con rapidez las carencias de sus sistemas de reclusión para que las prisiones no se conviertan en epicentros del brote.
Los presos y presas en espera de juicio representan entre el 50% y el 90% de la población reclusa total en la mayoría de los países del continente. Además, los sistemas penitenciarios sufren numerosos problemas sistémicos que se agravarán con la pandemia de COVID-19.
Asimismo, en las prisiones, las condiciones de vida son nefastas y, en general, poco higiénicas. Tanto la tuberculosis como el VIH/sida están presentes en muchos centros de reclusión, donde las medicinas escasean y es difícil acceder a personal médico o de enfermería.
En las prisiones de África subsahariana hay ya cientos de casos de COVID-19, y en Camerún, Guinea y Sudáfrica, se están convirtiendo rápidamente en epicentros de la pandemia.
Camerún: la espera interminable de un juicio
La prisión de Kondengui, la principal cárcel de la capital, se construyó para albergar a 1.500 personas. Sin embargo, antes de la orden del gobierno de excarcelar a algunas de ellas, había más de 6.000 recluidas en el centro.
Los reclusos y reclusas preventivos representan hasta el 58% de la población penitenciaria de Camerún. Muchas de las personas que actualmente están detenidas en espera de juicio en relación con la crisis separatista anglófona no se beneficiarán de las medidas del gobierno. Otras, como Ivo Fomusoh y dos de sus amigos, que fueron condenados a 10 años de cárcel por compartir un chiste por SMS, seguirán también en prisión.
El acceso limitado a la atención médica es otra característica de las terribles condiciones de vida que imperan en los centros de reclusión. Hay sólo un profesional médico para cada 1.335 personas reclusas. Éstas están malnutridas y al menos el 15% padece tuberculosis. La situación es más o menos la misma en otras prisiones de Camerún. La prisión de Maroua, en la región de Extremo Norte —cuyo índice de ocupación es de más del 230%—ha registrado numerosas muertes bajo custodia debido a las duras condiciones de reclusión.
Chad: condiciones inhabitables
Las prisiones de Chad tienen un 232% de exceso de capacidad. Las condiciones higiénicas y el sistema sanitario son muy precarios y a diario mueren presos y presas debido a múltiples enfermedades, como la tuberculosis y las enfermedades de transmisión sexual. Las enfermerías son utilizadas a menudo como celdas cuando la prisión está muy masificada o no dispone de suministros médicos. La gente duerme en celdas mal ventiladas, en su mayoría en el suelo, unos junto a otros. Esto se vuelve insoportable durante los meses de marzo a mayo, cuando las temperaturas pueden alcanzar los 45º C.
Benín: acceso limitado a un sistema de sanidad deteriorado
Alrededor del 94% de la población penitenciaria de las 11 prisiones que funcionan en Benín afirma que no usa su derecho a acceder a asistencia médica. Las razones que esgrimen suelen ser la falta de acceso, el pequeño número de profesionales de la salud disponibles, la escasez de medicamentos o la entrega de medicamentos caducados. Al parecer, hay una economía paralela para quienes tienen suficiente dinero para acceder a la asistencia médica. No se da tratamiento a los problemas de salud subyacentes. Sin embargo, ha habido muchas mejoras desde 2015 a pesar de que las medidas adoptadas siguen siendo insuficientes.
Las prisiones de Benín están masificadas. La densidad de la población reclusa es de alrededor del 151%. De las alrededor de 8.500 personas encarceladas, más del 75% están en espera de juicio. El 6 de mayo, las autoridades pusieron en libertad a más de 400 reclusos y reclusas para prevenir la propagación de la COVID-19 en las cárceles.
Madagascar: retrasos en los juicios de menores de edad y mujeres
En Madagascar, el uso excesivo de la detención preventiva afecta de forma desproporcionada a las personas pobres y marginadas de la sociedad. Personas acusadas de delitos menores, incluidos niños y niñas, se ven obligadas a permanecer en prisiones saturadas e insalubres sin acceso a alimentación adecuada, atención médica y a asistencia letrada.
En la mayoría de las prisiones, hay más personas en espera de juicio que condenadas, y el sistema de justicia, carente de recursos, puede tardar años en juzgarlas. En varias cárceles que visitó Amnistía Internacional, el 100% de los niños y niñas recluidos estaban en espera de juicio, la mayoría acusados de delitos menores no violentos que no justifican el encarcelamiento, como el robo de un teléfono o de pescado. En el país, el 80% de las personas menores de edad y el 70% de las mujeres están en detención preventiva.
Como consecuencia, las cárceles de todo el país triplican su capacidad. En junio de 2019, las cárceles de Madagascar, con capacidad para 10.360 personas en total, albergaban 28.045 presos y presas. Las condiciones de reclusión son inhumanas: presos y presas, menores de edad incluidos, se ven obligados a menudo a dormir sobre suelos de cemento, sin colchón ni sábanas, hacinados en grandes celdas oscuras con poca ventilación.
Mozambique: las personas refugiadas y solicitantes de asilo también deben ser liberadas
El 6 de abril de 2020, el Parlamento de Mozambique aprobó una ley de amnistía que beneficiará a alrededor de 5.300 presos y presas condenados por delitos punibles con un año de prisión como máximo, con o sin una multa. La finalidad de esta ley es reducir la población penitenciaria y mitigar el riesgo de propagación de la COVID-19 en el país.
Sin embargo, algunas personas refugiadas y solicitantes de asilo de la RDC y Etiopía siguen detenidas arbitrariamente en la ciudad de Pemba, Cabo Delgado, en la región septentrional del país. Llevan en detención preventiva más de 15 meses y no han comparecido aún ante un tribunal. No han sido ni siquiera acusadas de delitos o infracciones y no se beneficiarán de la ley de amnistía.
Las 16 personas refugiadas y solicitantes de asilo están recluidas en condiciones terribles, sin acceso a agua corriente, jabón, desinfectante de manos y comida adecuada. En estas condiciones, son más vulnerables a algunas enfermedades, incluida la COVID-19.
Las prisiones del país están masificadas, pues albergan alrededor del doble de personas de su capacidad oficial.
República Democrática del Congo (RDC): la población reclusa vive en “morideros”
En las cárceles de la RDC mueren presos y presas a diario debido a las terribles condiciones de vida. Según Prison Insider, entre enero y febrero de 2020, murieron de hambre más de 60 presos y presas de la cárcel de Makala. Además, al menos cuatro personas murieron en el centro de detención de Matadi entre el 9 y el 13 de abril.
Las principales cárceles del país albergan al menos entre cuatro y seis veces su capacidad oficial, y el 73% de la población reclusa está en detención preventiva o en espera de juicio.
Las autoridades tomaron medidas para reducir la población penitenciara ajustando las condenas, lo que desembocó en la excarcelación de 1.200 personas; se prevé que salgan más. Además, dieron instrucciones al poder judicial para que recurriera a la privación de libertad únicamente cuando no hubiera otra alternativa. Sin embargo, otras medidas preventivas para evitar la propagación de la COVID-19 en las prisiones podrían ser perjudiciales para la población reclusa: más del 80% de ésta depende para sobrevivir de la comida que les llevan sus seres queridos y asociaciones locales, y dejarán de recibirla.
Para muchos especialistas, las principales cárceles de la RDC son morideros. Los presos y presas pasan días sin comer. La falta de medicamentos es habitual. Las precarias condiciones de vida, la tuberculosis, la falta de espacio en las celdas, el uso por las presas de trozos de colchones de gomaespuma durante el periodo, la inexistencia de fondos para atender a la población reclusa, los problemas sistémicos generales del sistema penitenciario sólo empeorarán con la pandemia de COVID-19. Ya hay más de 110 casos confirmados en la prisión militar de Ndolo, en Kinshasa.
Eritrea: contenedores de mercancías como celdas
La situación del sistema penitenciario del país es uno de sus secretos mejor guardados. Se sabe muy poco de los centros de reclusión y de quienes viven en ellos. Sí se sabe que las autoridades eritreas usan a menudo la reclusión en régimen de incomunicación, así como contenedores de mercancías para encerrar a personas. La detención arbitraria y las desapariciones forzadas son habituales. Muchas familias de presos y presas están desesperadas por la falta de información.
Amnistía Internacional ha documentado malas condiciones de reclusión en el país, en algunos casos equivalentes a trato cruel, inhumano o degradante.
En las prisiones de Eritrea hay cientos de presos y presas de conciencia. Once personas que se dedicaban a la política y 17 periodistas, detenidos arbitrariamente en 2001 por criticar al gobierno del presidente Isaias Afwerki, siguen esperando un juicio justo o ser excarcelados.
Senegal: dormir cabeza contra pies es lo normal
Dos mil reclusos y reclusas quedaron en libertad gracias a las medidas preventivas adoptadas contra la pandemia de COVID-19. La población reclusa del país era de 11.547 individuos repartidos en 37 cárceles con una capacidad total para 4.224 personas.
Sin embargo, para la población reclusa restante, la vida cotidiana en prisión sigue siendo peligrosa. Según informes, hay menos de cinco profesionales de la medicina en el equipo médico de la administración penitenciaria de Senegal. La higiene sigue siendo muy deficiente y el acceso a cuartos de baño es limitado. En las celdas, construidas para albergar a 40 personas, suele haber dos o tres veces esa cifra. La mayoría de las personas reclusas duermen en el suelo, cabeza contra pies, en una colocación que llaman “paketasse”. En algunos casos, se ven obligadas a turnarse para dormir.
Níger: aislados del mundo
Como parte de las medidas preventivas del gobierno frente a la propagación de la COVID-19, la población reclusa no recibirá ninguna visita en los próximos tres meses. Las recientes oleadas de detenciones arbitrarias de defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas han recluido a éstos en cárceles sin medios para contactar con su familia o con asistencia letrada. Esta medida impide que la mayoría de estas personas reciba comida u otros suministros del exterior.
Oficialmente, la densidad de la población penitenciaria en Níger es del 93%. Sin embargo, nuestros contactos en la cárcel afirman que las celdas están masificadas. Alrededor del 53% de la población reclusa se encuentra en espera de juicio. Otra medida adoptada por las autoridades puso en libertad a unas 1.500 personas, entre ellas el conocido político de la oposición Hama Amadou, encarcelado por presunta trata de bebés. Lamentablemente, numerosos defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas siguen en prisión y estarán totalmente aislados durante al menos los próximos tres meses.
Tanzania: esfuerzos continuos para descongestionar las cárceles
Desde 2015, han sido indultados al menos 9.000 presos y presas. Los esfuerzos de las autoridades para descongestionar las cárceles son continuos. Una de las medidas recientes ha sido dar instrucciones a la judicatura para que use la detención como último recurso. Los resultados son tangibles. El grado de ocupación de las prisiones es actualmente inferior al 115%. Hace veinte años, los centros de reclusión albergaban entre dos y tres veces más personas que su capacidad oficial.
Sin embargo, preocupan los comentarios del presidente John Magufuli sobre cómo hay que tratar a las personas reclusas. Magufuli, que suele ser criticado por su estilo autoritario de liderazgo, que incluye la represión de las libertades, afirmó que había que hacer que presos y presas trabajasen día y noche gratuitamente. También dijo que “es una vergüenza que el país siga alimentando a presos y presas. Todas las cárceles tienen campos, las personas reclusas deben cultivarlos”.
Además, el gobierno trata de silenciar a quienes lo critican encerrándolos. El abogado de derechos humanos Tito Magoti y Theodory Giyani están detenidos desde el 20 de diciembre de 2019 por cargos falsos de dirigir una organización delictiva, posesión de un programa informático diseñado para cometer un delito y blanqueo de dinero. Están recluidos en condiciones penitenciarias muy precarias. El temor por su salud se ve agravado en el contexto de la COVID-19, sobre todo debido al hacinamiento, las restricciones de alimentos y el agua y saneamiento insuficientes.
