Editorial #11 – Huelgas de hambre de presos mapuche, personas migrantes, persistencia de actuar policial indebido

En el contexto de la pandemia, como Amnistía Internacional seguimos en un rol de constante vigilancia acerca de la situación de derechos humanos en el país. En esta editorial, destacaremos semanalmente algunos temas de preocupación o avances importantes que vemos en esta labor de monitoreo.

Al día de hoy, hay 27 personas mapuche privadas de libertad que se encuentran en huelga de hambre en Temuco, Angol y Lebu. De ellas, al menos 19 se encuentran en prisión preventiva. Este lunes, el machi Celestino Córdova, en huelga de hambre desde el 4 de mayo, tomó la decisión de iniciar una huelga seca (sin ingerir líquidos) y se encuentra en estado grave de salud.

Ayer martes, Amnistía Internacional emitió una carta abierta al Presidente Sebastián Piñera y al Ministro de Justicia y DDHH, Hernán Larraín, insistiendo en la necesidad de que las autoridades se involucren activamente en la búsqueda de soluciones mediante el diálogo para resguardar la vida y la salud de estas personas. No puede ser que continúen invisibilizando y negando su responsabilidad como autoridades de gobierno, como garantes de derechos de todas las personas, incluyendo quienes estén privados de libertad, más aún en el contexto sanitario en el que nos encontramos debido a la pandemia del COVID-19.

En materia de personas migrantes, damos la bienvenida al fallo de la Corte Suprema que viene a confirmar la ilegalidad de la exigencia del gobierno que imponía, a las personas que se acogieran al programa de retorno humanitario,  aceptar una prohibición de ingreso al país por 9 años. Habíamos señalado en varios editoriales previos que esto era abusivo e inaceptable. Por otra parte, el gobierno ha persistido en tramitar con urgencia el proyecto de ley de migraciones, y se opuso activamente a las indicaciones presentadas por algunos senadores para permitir que personas extranjeras que vienen a Chile buscando trabajo, puedan regularizar su situación en el país. Persistir en una ley que creará mayor irregularidad en lugar de facilitar la regularización solo contribuirá a tener más migrantes en situación irregular y por tanto más vulnerables a violaciones de derechos.

Finalmente, tenemos que advertir nuevamente que hemos visto reportes de actuar policial indebido en el marco de las protestas ocurridas en relación al debate en el Congreso sobre un posible retiro del 10% de los fondos de las AFPs en diversos puntos del país. Reiteramos: la crisis sanitaria no puede ser excusa para violar derechos humanos, e invitamos a todas las personas que sean víctimas de estos hechos a denunciarlos para que no queden invisibilizados. Les recordamos que si necesitan orientación, pueden escribir a [email protected]