En el contexto de la pandemia, como Amnistía Internacional seguimos en un rol de constante vigilancia acerca de la situación de derechos humanos. En esta editorial, destacaremos semanalmente algunos temas de preocupación o avances importantes que vemos en esta labor de monitoreo.
Nuevamente, la pandemia nos hace enfrentarnos a las profundas desigualdades existentes en Chile. Mientras vemos la aplicación de normas que parecen ser diferentes para distintas personas, por ejemplo para asistencia a funerales y la realización de compras, también constatamos que las muertes por COVID-19 aumentan, y las comunas con mayores tasas de fallecimientos son precisamente comunas de Santiago con población de menores recursos.
Recientemente el gobierno reconoció las desigualdades de base que llevan a esto: inexistencia de condiciones de aislamiento, diferencias en la nutrición y mayor incidencia de enfermedades de base. No obstante, el gobierno parece más concentrado en fortalecer una agenda de seguridad que en atender a las personas que más lo necesita. En el control de la pandemia, el foco ha estado en aumentar las penas de cárcel a quienes incumplen la cuarentena, aumentar la vigilancia con cámaras y drones, vigilar el movimiento a través de los GPS de celulares, entre otras. Por supuesto que es necesario fiscalizar el cumplimiento de las medidas sanitarias, pero su cumplimiento en muchos casos pasa por tener las condiciones para hacerlo: dinero, comida, un espacio donde aislarse y atención de salud. Aumentar la vigilancia no puede implicar que se vulneren los derechos humanos, situación que con frecuencia impacta de manera desproporcionada precisamente a quienes tienen menos recursos y están- a su vez – sufriendo el mayor impacto de la pandemia.
Además, mientras por una parte el gobierno evalúa un veto a un proyecto de ley que impediría el corte de servicios básicos por no pago durante la pandemia; por otra parte persiste en tratar con suma urgencia proyectos de ley que, también, tienen un foco claro en seguridad: la ley de inteligencia y la ley que faculta a las fuerzas armadas para proteger infraestructura crítica. Ahora se agrega un proyecto de ley sobre robo y hurto de madera, que de aprobarse permitiría el uso de medidas de investigación intrusivas para este delito, similar a lo que sucede con delitos de narcotráfico o crimen organizado. Tratar con premura temas que pueden tener un impacto gravísimo en el debido proceso y los derechos humanos en medio de la pandemia, resulta- por decir lo menos- inoportuno.
Finalmente, es importante reiterar nuestra preocupación por la situación en Wallmapu. Los presos en huelga de hambre tanto en Angol como en Temuco se encuentran en una situación cada vez más crítica, sin haber encontrado disposición alguna a atender sus demandas. Las hortaliceras mapuche presentaron una querella por los malos tratos sufridos en manos de carabineros, tras años de asedio por vender sus productos. Y ahora, además, frente a la existencia de determinados delitos, el gobierno opta por enviar más militares a la zona, algo que sin la pandemia no podría haber hecho y que aumenta el riesgo de nuevas vulneraciones a los derechos humanos.