Más de 20 proveedores de servicios y grupos de defensa de los derechos humanos, los derechos de la población inmigrante y los derechos civiles están uniendo sus fuerzas para pedir la libertad de las personas inmigrantes y solicitantes de asilo detenidas.

Ante la continua negativa de las autoridades federales a dejar al propio criterio que se ponga en libertad a las personas detenidas por motivos de inmigración, los grupos aprovecharán la influencia de sus bases de apoyo para pedir a los gobernadores de California, Luisiana, Nueva Jersey, Pensilvania, Texas y Washington que tomen medidas para instar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a que ponga en libertad a las personas inmigrantes y solicitantes de asilo detenidas. La libertad de las personas detenidas por motivos de inmigración servirá para proteger, no sólo a ellas, sino también al personal de los centros de detención y a las comunidades locales de sus estados, han manifestado los grupos.

“Lo insto a que, como responsable oficial de la salud y la seguridad de quienes viven en su estado, tome todas las medidas posibles para presionar al ICE a fin de que ponga en libertad sin demora a las personas inmigrantes y solicitantes de asilo detenidas en su estado y a que haga todo lo necesario proteger de la amenaza que representa la pandemia de COVID-19 en los centros de detención del ICE, no sólo a esas personas, sino también el personal de los centros y a la población en general”. Así reza la petición enviada a los gobernadores Gavin Newsom, Phil Murphy, Tom Wolf, John Bel Edwards, Greg Abbott y Jay Inslee.

Esta acción emprendida hoy es una muestra del aumento de la presión ejercida por los proveedores de servicios y los grupos de defensa de los derechos humanos, los derechos de las personas migrantes y los derechos civiles para instar a los gobernadores y a las autoridades de salud de los estados a tomar medidas. A principios de marzo, algunos de estos mismos grupos instaron a los gobiernos estatales y locales a dejar en libertad a las personas bajo custodia del ICE. Sin embargo, el ICE continúa manteniendo detenidas a personas vulnerables, en condiciones que favorecen la propagación de la enfermedad, incluso en centros donde el personal y otras personas recluidas en ellos han dado ya positivo en las pruebas de COVID-19.

Los grupos son:

  • ALDEA – The People’s Justice Center (PA)
  • Amnesty International USA (CA, WA, NJ, PA, TX, LA)
  • Black Alliance for Just Immigration (BAJI) (CA)
  • Centro Legal de la Raza (CA)
  • Families Belong Together (CA, WA, NJ, PA, TX, LA)
  • Human Rights First (CA, WA, NJ, PA, TX, LA)
  • Human Rights First (CA, WA, NJ, PA, TX, LA)
  • Immigrant Defense Advocates (CA)
  • Immigration Justice Campaign, an initiative of the American Immigration Lawyers Association and the American Immigration Council (NJ)
  • Innovation Law Lab (CA LA TX)
  • ISLA Immigration Services and Legal Advocacy (LA)
  • The Leadership Conference on Civil and Human Rights (CA)
  • National Immigrant Justice Center (CA, WA, NJ, PA, TX, LA)
  • Never Again Action (CA, WA, NJ, PA)
  • Northwest Immigrant Rights Project (WA)
  • OCA – Asian Pacific American Advocates (CA, WA, NJ, PA, TX, LA)
  • Oxfam America (CA, WA, NJ, PA, TX)
  • Physicians for Human Rights (CA, WA, NJ, PA, TX, LA)
  • RAICES (TX)
  • SPLC Action Fund (LA)
  • Women’s Refugee Commission (CA, WA, NJ, PA, TX, LA)

Especialistas en salud pública prevén que, si el ICE no reduce drásticamente el número de personas inmigrantes bajo su custodia, una vez que haya cinco o más casos en un centro de detención, en menos de 90 días podrían contraer COVID-19 entre el 72% y el 100% de las personas recluidas en él Continuar manteniéndolas detenidas pone a esas personas en peligro y podría superar la capacidad de los hospitales, con el consiguiente efecto en la salud de las comunidades donde se encuentran los centros de detención. Ya ha muerto de COVID-19 una persona inmigrante detenida en el Centro de Detención de Otay Mesa de California.

En una declaración conjunta, los grupos piden a esos gobernadores que tomen medidas para presionar conjuntamente al ICE.

“El ICE tiene un historial bien documentado de abusos y negligencia médicos. Desde del comienzo la pandemia, los centros de ICE no han proporcionado a las personas detenidas jabón y desinfectantes suficientes, no se han ocupado de facilitar el distanciamiento físico para prevenir la propagación de la COVID-19 dentro de sus superpobladas instalaciones y han seguido trasladando a personas detenidas de un centro a otro a pesar del riesgo para la salud. Incluso antes de la COVID-19, la detención innecesaria y arbitraria de personas inmigrantes y solicitantes de asilo en condiciones inadecuadas y sin garantizar la atención médica violaba los derechos humanos y causaba enorme sufrimiento humano.

“Estamos uniendo nuestras fuerzas para aumentar la presión sobre el ICE a fin de que haga algo. Ahora que los estados están haciendo frente a los desafíos humanitarios y de salud pública que plantea la pandemia de COVID-19, instamos a los gobernadores a que ejerzan su autoridad en materia de salud pública para presionar al ICE y a los centros federales de detención de inmigrantes y las cárceles y prisiones locales y de los condados a fin de que reduzcan de inmediato y de manera sustancial la población de los centros de detención de personas inmigrantes y solicitantes de asilo. Esperamos que nos escuchen y tomen medidas para salvar vidas rápidamente.”