Ante la noticia de la interceptación de una embarcación rohinyá frente a la costa de Langkawi y la posterior detención de las 269 personas refugiadas que iban a bordo, Preethi Bhardwaj, directora ejecutiva interina de Amnistía Internacional Malasia, ha declarado:

“Permitir a las personas rohinyás desembarcar fue una medida humana en la que se respetaron sus derechos humanos. Las embarcaciones en las que viajan personas en situación de necesidad siempre deben recibir autorización para atracar sin peligro; no se las debe rechazar, amenazar ni intimidar.

“Es terrible que se haya encontrado a bordo el cuerpo de una mujer; está claro que el barco iba a la deriva y no había encontrado una costa segura hasta entonces. Para una persona, este rescate llegó demasiado tarde.

“Las autoridades deben también respetar el derecho a la salud de las personas refugiadas en medio de la pandemia de COVID-19. El gobierno malasio recluye a las personas migrantes y refugiadas en centros de detención para inmigrantes en los que ha habido brotes de COVID-19. Nos preocupa que este último grupo de personas refugiadas sea trasladado también a estos centros, lo que las pondría en alto riesgo de contraer el virus y mantener viva la pandemia.

“Instamos a las autoridades a que cubran las necesidades humanitarias inmediatas de los refugiados y refugiadas, como alimentos, agua, alojamiento y atención médica. También deben garantizar medidas preventivas suficientes frente a la COVID-19 mientras dure la cuarentena y posteriormente.

“Las personas refugiadas no deben ser criminalizadas, detenidas ni castigadas de ninguna otra forma únicamente por la forma en que han llegado al país. Las autoridades malasias deben liberar a las personas refugiadas y migrantes de los centros de detención para frenar la propagación de la COVID-19 y garantizar que se cubren adecuadamente sus necesidades”.

Información complementaria

El 8 de junio, un grupo operativo integrado por las Fuerzas Armadas, la Agencia Marítima Malasia para el Cumplimiento de la Ley (MMEA) y la policía interceptó una embarcación junto a la costa de Langkawi. El Consejo de Seguridad Nacional permitió atracar el barco por motivos humanitarios en el muelle de Teluk Ewa. Las 269 personas refugiadas que iban a bordo fueron detenidas posteriormente en el Kem Bina Negara Wawasan de Langkawi. Las autoridades dijeron que se había encontrado en la embarcación el cuerpo de una mujer fallecida.

En mayo, el gobierno hizo al menos tres redadas en gran escala contra personas migrantes y refugiadas indocumentadas y detuvo a cientos de personas, entre las que había niños y niñas de corta edad, en el centro de Kuala Lumpur, Selayang y el casco antiguo de Petaling Jaya.

El 4 de junio, el director general del Ministerio de Salud, doctor Noor Hisham Abdullah, anunció que se habían detectado 270 casos nuevos de COVID-19 en el Centro de Detención de Inmigrantes de Bukit Jalil —la mayor cifra diaria desde el comienzo de la pandemia—; esto se producía tras la aparición de brotes de COVID-19 en otros centros de detención de Putrajaya, Semenyih y Sepang.