Marco Perolini, Amnistía Internacional
Gran parte de los datos oficiales sobre operaciones policiales de parar y registrar durante los confinamientos por la COVID-19 en Europa ofrecen una lectura estremecedora. Solamente en Francia, la policía dio el alto y registró a más de 20 millones de personas —es decir, a una de cada tres— y multó a más de un millón. Un análisis más detallado muestra una preocupante constante de discriminación en el modo en que la policía aplicó las medidas de confinamiento.
Sabemos que, en Francia, se dio el alto a más personas de grupos étnicos minoritarios sólo porque era más probable que la policía centrase su atención en las zonas más pobres, zonas que albergan a una mayor proporción de personas de procedencias minoritarias. En Seine-Saint-Denis, la zona más pobre de la Francia continental donde una gran parte de la población residente es negra o de origen norteafricano, el número de multas por infringir el confinamiento fue tres veces mayor que en el resto del país, y ello a pesar de que las autoridades locales afirman que el respeto a las medidas de confinamiento en esa zona fue similar al de otras partes del país.
Como mostraremos en el informe que publicaremos la semana próxima, en toda Europa, las autoridades adoptaron diversas medidas restrictivas como respuesta a la pandemia de COVID-19. Muchas de ellas tenían el legítimo objetivo de frenar la propagación de la enfermedad, pero conferir facultades adicionales a la policía y basarse en enfoques punitivos para aplicarlas fue una decisión peligrosa.
Las protestas que recorrieron Europa en solidaridad con quienes, en Estados Unidos, protestaban con indignación contra el uso excesivo de la fuerza por la policía contra personas negras son un oportuno recordatorio de que el sesgo racial en el seno de las fuerzas del orden está aún generalizado también en Europa. Los criterios raciales, el uso ilegítimo de la fuerza y la impunidad por abusos cometidos por la policía y las muertes bajo custodia son algunas de las deficiencias sistémicas de la aplicación de la ley en Europa.
Por ejemplo, los informes indican que, desde 1990, 184 personas de origen minoritario han muerto bajo custodia o tras un contacto con la policía en Inglaterra y Gales [https://www.inquest.org.uk/bame-deaths-in-police-custody]. En Alemania [https://deathincustody.noblogs.org/recherche/], al menos 159 personas de origen étnico minoritario han muerto bajo custodia policial desde 1990.
La aplicación coercitiva de las medidas de confinamiento para combatir la COVID-19 en Europa ha intensificado los motivos de preocupación existentes en materia de derechos humanos que han tenido como consecuencia que sean las minorías étnicas y otros grupos marginados, como el de las personas sin hogar, las que hayan pagado el precio, pues no sólo han sido objeto de malos tratos por la policía, sino que también han sufrido desalojos forzosos y cuarentenas discriminatorias.
Las personas jóvenes de origen étnico minoritario que viven en los barrios desfavorecidos de las grandes ciudades europeas han experimentado a menudo controles discriminatorios. Según la Policía Metropolitana de Londres [https://www.met.police.uk/sd/stats-and-data/met/stop-and-search-dashboard/], los criterios raciales empeoraron en la ciudad durante el confinamiento, pues el número de personas negras sometidas a un registro aumentó casi un tercio entre marzo y abril de 2020.
Estos criterios raciales menoscaban la confianza en la policía y podrían explicar por qué el 14 de abril, Adil, un joven de origen norteafricano, huyó de la policía para evitar un control de identidad en Anderlecht (Bruselas). La policía estaba imponiendo multas de 250 euros a las personas jóvenes por incumplir las medidas de confinamiento. Incluso antes de la imposición de éstas en Bélgica, era habitual que las personas de origen norteafricano fueran paradas y registradas el doble de veces que las personas blancas.
Adil murió trágicamente: tres vehículos policiales fueron tras él y la persecución acabó en una colisión entre uno de ellos y la motocicleta del joven. Aunque se ha iniciado una investigación sobre las circunstancias de la muerte de Adil, ésta ha planteado dudas sobre si perseguir a un joven desarmado que no había cometido ningún delito es una respuesta proporcionada a una presunta violación de las medidas de confinamiento.
Las cuarentenas forzadas de asentamientos romaníes y campamentos de migrantes también han puesto al descubierto estereotipos raciales y una discriminación arraigada en toda Europa. En lugar de proteger a estos grupos marginados de la COVID-19 y de ayudarlos a cumplir voluntariamente las medidas de salud pública impuestas, las autoridades los han aislado aún más y los han penalizado. La policía y, en algunos casos, incluso el ejército ha rodeado campamentos y asentamientos para aplicar las cuarentenas. Estas medidas revelan el desprecio con el que se trata a unos grupos marginados que ya sufren exclusión y discriminación, como si sus vidas no importaran lo suficiente a quienes están en el poder.
La protección de la salud pública puede justificar ciertas restricciones de los derechos humanos cuando son necesarias y proporcionadas. Sin embargo, la forma en que muchos gobiernos europeos han recurrido a las fuerzas de seguridad para aplicarlas es una fórmula para el desastre y a menudo ha hecho que los grupos marginados se hayan visto afectados desproporcionadamente o incluso hayan sido tratados de un modo discriminatorio.
La relación entre facultades policiales adicionales y violaciones de derechos humanos no es ninguna novedad. Por ejemplo, el mayor número de facultades otorgadas a la policía durante el estado de excepción en Francia [https://www.amnesty.org/en/documents/eur21/3364/2016/en/] entre 2015 y 2017 desembocó en miles de registros domiciliarios abusivos de la policía que afectaron sobre todo a musulmanes y musulmanas debido a su religión y sin que nada indicara que constituían una amenaza para la seguridad nacional.
Los enfoques coercitivos que los Estados europeos han aplicado para abordar la pandemia de COVID-19 han desembocado en más casos de uso ilícito de la fuerza por la policía, aplicación de criterios raciales y cuarentenas discriminatorias. Este enfoque, una vez más, ha afectado sobre todo a los grupos marginados. En la realidad distópica de los confinamientos, la policía ha multado incluso a personas sin hogar porque… no estaban en casa.
Las protestas de Black Lives Matter (La vida de las personas negras importa) en todo el mundo nos han obligado a todos y todas a pensar en alternativas a las formas racistas y coercitivas de actuación policial. No podemos hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Lo que la COVID-19 nos ha mostrado es que no se puede proteger la salud pública a expensas de los derechos humanos. Los gobiernos europeos deberían reflexionar la próxima vez antes de encomendar la aplicación de medidas de salud pública a la policía.