Por Madeleine Penman, Amnistía Internacional
El inventor de la vacuna de la polio, Jonas Salk, hizo el famoso juramento de no limitar jamás el acceso a sus descubrimientos. “No hay patente”, dijo. “¿Se puede patentar el sol?”
Ahora que vamos teniendo acceso a nuevas vacunas, tratamientos y pruebas diagnósticas para el COVID-19, las preguntas formuladas por Salk cobran más actualidad que nunca. ¿Puede utilizarse la ciencia de manera que se priorice la salud de unas personas sobre otras? ¿Pueden situarse las ganancias por delante de la confianza mutua y la solidaridad?
En regiones como las Américas, especialmente azotadas por la pandemia, es fundamental que todo el mundo pueda beneficiarse de los avances científicos que están realizando las empresas farmacéuticas. Hoy que conmemoramos el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal, los gobiernos de la región deben aplicar las lecciones aprendidas en anteriores pandemias y tomar medidas para evitar errores cometidos en el pasado.
Las Américas, con una población de mil millones de habitantes, tienen la cifra más elevada de casos de COVID-19 del mundo. Es una tierra de crueles contrastes, donde conviven algunos de los millonarios más ricos del planeta y gente que lucha para poder comer cada día.
Según la Organización Panamericana de la Salud, durante la pandemia de H1N1, o “gripe porcina”, de 2009, los países más ricos de la región fueron los primeros en adquirir la vacuna, y dejaron que los demás se pelearan por las dosis restantes. La situación actual pinta bastante similar. Las naciones más ricas, como Estados Unidos y Canadá, se están poniendo las primeras de la fila y haciendo pedidos previos de dosis de vacunas a las empresas farmacéuticas. Los países con capacidad de fabricación nacional y una gran población, como Argentina, México y Brasil, también tienen ventajas respecto a las oportunidades de hacer pedidos previos de dosis de vacunas y preparar la distribución. Esto deja a países más pequeños, también críticamente afectados por el COVID, unas posibilidades reducidas de acceso a la vacuna para su población.
Muy pocos de los contratos firmados por los gobiernos con empresas se están haciendo públicos, pese a que la legislación de muchos países de las Américas exige que se conozcan públicamente los detalles de las compras estatales. En agosto, los presidentes de México y Argentina anunciaron que habían firmado un acuerdo con el gigante farmacéutico AstraZeneca para producir conjuntamente entre 150 y 250 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19, que se distribuirían a los países de la región. Cuatro meses después de alcanzarse este acuerdo, y con las vacunas casi en las puertas de los hospitales y clínicas de la región, apenas se ha hecho pública información sobre el acuerdo en sí, no digamos ya sobre el plan de distribución. Por ejemplo, aún no sabemos cuántas dosis de vacuna compraron México y Argentina, a qué precio, ni para qué fechas.
México ha firmado acuerdos con varias empresas farmacéuticas por suficientes dosis de vacuna para cubrir a su población. Ninguno de estos contratos se ha hecho público, ni tampoco se ha revelado información sobre el precio pagado por cada dosis, el costo de desarrollar las vacunas y la tecnología utilizada en la producción. La transparencia es fundamental y esencial para que la vacuna pueda producirse a bajo costo en México y el resto de la región.
La institución de salud brasileña Fiocruz dio un alentador ejemplo al publicar en octubre las condiciones de su acuerdo con AstraZeneca. Aunque en la versión pública del acuerdo podrían incluirse más detalles sobre los derechos de propiedad intelectual y el precio, fue un primer paso importante en la dirección correcta.
En mayo, Costa Rica y la OMS lanzaron el Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP) como una plataforma voluntaria de intercambio para recopilar todos los datos, conocimientos, material biológico y derechos de propiedad intelectual, y luego otorgar licencias de producción y transferir tecnología a otros posibles fabricantes. En una región como las Américas, este tipo de mecanismos son vitales, especialmente porque la capacidad de fabricación de muchos países es muy limitada. En cierto modo, C-TAP ejemplifica el espíritu de las famosas palabras de Jonas Salk, al garantizar que el conocimiento generado por la ciencia está a disposición de todo el mundo, y que lo pueden utilizar por igual los grandes países fabricantes y los pequeños productores.
Aunque muchos Estados de las Américas han sido claves en el apoyo al mecanismo del C-TAP, varios guardan silencio, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Colombia, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y lo más importante: ningún país ha exigido a las empresas que se unan al mecanismo del C-TAP como requisito previo para firmar los acuerdos de compra de dosis de vacunas. En muchos casos, los países están utilizando las normas de comercio internacional y las leyes nacionales, que a menudo imponen licencias exclusivas, o normas de patente, para preservar los secretos comerciales y el conocimiento científico de las empresas.
Estas normas comerciales no tienen por qué ser un corsé que mantenga el secreto en torno a esta información e inhiba la disponibilidad a bajo costo de vacunas, tratamientos y pruebas diagnósticas. El Consejo General de la Organización Mundial del Comercio se reunirá el 17 de diciembre para decidir sobre una propuesta planteada en octubre por los gobiernos de India y Sudáfrica, que permitiría a los países no conceder ni aplicar patentes y otros derechos específicos de propiedad intelectual (como las patentes y las licencias) relativos a los productos para el COVID-19 hasta que se haya alcanzado la inmunidad de rebaño mundial. Algunos países de las Américas, como Brasil, Canadá y Estados Unidos, se han opuesto abiertamente a esta propuesta. Otros actores importantes como México aún no se han decidido.
Las Américas no sólo están asoladas por la desigualdad en los ingresos, sino también por la desigualdad en el acceso a la salud. Pueblos indígenas, comunidades de color, comunidades migrantes y refugiadas, personas que viven en asentamientos informales y mujeres son algunos de los grupos cuyo acceso a la salud se ve socavado por condiciones sociales preexistentes que los afectan de forma desproporcionada. Si los países de la región no dan ejemplo trabajando juntos y recabando conocimiento científico en beneficio de todas las personas, estas poblaciones marginadas —especialmente en los países más pobres— seguirán soportando la carga de esta penosa pandemia, que ha provocado los confinamientos más largos del mundo en este hemisferio.
Las naciones de las Américas deben trabajar juntas para garantizar que nadie se queda atrás a la hora de proporcionar vacunas, tratamientos y pruebas diagnósticas de COVID-19 para todas las personas. Es hora de que pidan a las empresas que colaboren con el mecanismo del C-TAP y se comprometan a apoyar la propuesta de eximir a los productos médicos de las normas de comercio de la OMC. La única manera de dejar atrás el COVID-19 es garantizar que estamos en esto todas y todos juntos, y eso significa que haya un acceso justo a las vacunas para todo el mundo.
Artículo de opinión publicado en Open Democracy.