Las autoridades marroquíes deben dejar de utilizar una defectuosa ley de emergencia sanitaria para procesar a activistas de derechos humanos, periodistas ciudadanos y otras personas por criticar pacíficamente la gestión gubernamental de la crisis de la COVID-19; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

El 23 de marzo, el Parlamento aprobó la Ley núm. 2.220.292, que declara el estado de emergencia sanitaria y establece penas de tres meses de cárcel y multas de 1.300 dirhams (unos 134 dólares estadounidenses) para quien incumpla las “órdenes y decisiones adoptadas por las autoridades públicas» y quien las «obstruya” mediante «escritos, publicaciones o fotografías».

Desde su adopción, las autoridades han utilizado la nueva ley para procesar al menos a cinco activistas de derechos humanos y periodistas ciudadanos, acusándolos de “incitación a infringir las decisiones de las autoridades durante la emergencia sanitaria”.

“Es desproporcionado que las autoridades marroquíes hayan introducido penas de prisión para castigar a quienes quebranten el confinamiento o el toque de queda. En ninguno de los casos debería haberse aplicado esta defectuosa ley para silenciar las voces de quienes se atreven a criticar las medidas del gobierno y su gestión de la pandemia. No es delito cuestionar la respuesta del gobierno a la pandemia o señalar las deficiencias de su enfoque”, ha afirmado Amna Guellali, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“Dado el alto riesgo de transmisión de la COVID-19 en las cárceles y otros lugares de detención, aumentar la población penitenciaria no hará sino agravar aún más los problemas de salud pública causados por la pandemia. No se debe encarcelar a nadie únicamente por incumplir las restricciones impuestas en el contexto de la pandemia de COVID-19.”

Sólo en los dos meses transcurridos desde la adopción de la ley, la fiscalía marroquí ha procesado a 91.623 personas por saltarse el estado de emergencia sanitaria y por otros delitos, según su declaración de 22 de mayo. De ellas, al menos 558 permanecen en detención sólo por incumplir el estado de emergencia, según una declaración oficial de 22 de mayo.

Amnistía Internacional ha documentado los casos de cinco activistas de derechos humanos y periodistas ciudadanos detenidos en abril y mayo de 2020 por publicaciones en Internet y redes sociales en las que criticaban la gestión de la ayuda humanitaria por parte de las autoridades locales en el contexto de la COVID-19.

Estas cinco personas fueron acusadas en aplicación de la ley de emergencia sanitaria y también en virtud de la disposición del Código Penal que castiga la «ofensa a instituciones públicas», y algunas fueron asimismo acusadas de «difundir información falsa»; ninguna de estas acusaciones se corresponde con un delito reconocible en virtud del derecho internacional. Amnistía Internacional examinó todas las publicaciones presentadas como pruebas contra los activistas y no encontró nada que indicara incitación a la violencia, el odio o la discriminación, por lo que determinó que estaban plenamente protegidas por el derecho a la libertad de expresión.

Procesamientos relacionados con la libertad de expresión

El 17 de abril, la policía detuvo a Mohamed Bouzrou y a Lahssen Lemrabti, periodistas ciudadanos y administradores de una página de Facebook llamada Fazaz24, que cuenta con unos 29.000 seguidores. Ambos están detenidos actualmente en una cárcel de Jenifra, en el norte de Marruecos. Un tercer administrador de esa misma página, Mohamed Chejii, fue detenido el 19 de abril y liberado al día siguiente, aunque también está procesado, y la fecha del juicio contra los tres se ha fijado para hoy, 8 de junio.

Los tres han sido procesados por dos publicaciones de Facebook que incluyeron en Fazaz24 los días 3 y 4 de abril, según contó su abogado a Amnistía Internacional. La primera publicación, compartida en otros medios de comunicación, es un vídeo de un hombre de avanzada edad —al parecer, un taxista de Jenifra, en el centro-norte del país— que pide ayuda desesperadamente a las autoridades locales, diciendo que es uno de los muchos trabajadores sin ingresos debido al confinamiento y que no sabe a quién acudir para pedir ayuda. La segunda publicación informa sobre el «amiguismo» y la desigual distribución de ayuda humanitaria entre los residentes de Jenifra por las autoridades locales durante la crisis de COVID-19.

El 27 de abril, la policía de Nador —ciudad de la región nororiental del Rif— detuvo a Omar Naji, representante local de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), destacado grupo de derechos humanos, y al día siguiente lo puso en libertad bajo fianza de 10.000 dirhams (1.000 dólares). Los cargos contra él están relacionados con una publicación en Facebook el 20 de abril donde criticaba que las autoridades de Nador estuvieran confiscando mercancía a vendedores no autorizados para distribuirla a asociaciones locales durante la COVID-19. La primera sesión de su juicio estaba prevista para el 2 de junio, pero ha sido aplazada al 14 de julio.

Igualmente, el 15 de mayo, la policía detuvo al activista Abdessadek Benazzouzi, de la ciudad de Beni Tajite, en la provincia oriental de Figuig, en relación con dos publicaciones de Facebook. La primera, publicada el 13 de mayo, informaba sobre lo que Benazzouzi consideraba que eran «violaciones de derechos humanos», incluidos el «amiguismo» en la distribución de ayuda humanitaria en el contexto de la COVID-19, la ausencia de servicios públicos y la marginación de la juventud en el reparto de indemnizaciones. La segunda, publicada dos días más tarde, trataba sobre residentes locales que pedían más ayuda a las autoridades, a las que criticaba por lo que definía como una respuesta del Estado basada en la «represión» y la “intimidación». El juicio de Benazzouzi está previsto para el 18 de junio.

“Amnistía Internacional pide a las autoridades marroquíes que liberen de inmediato a Mohammed Bouzrou, Lahssen Lemrabti y todas las personas detenidas únicamente por expresar sus opiniones. Los cargos contra todas las personas procesadas ilegítimamente por incumplir el estado de emergencia deben ser retirados”, ha dicho Amna Guellali.

El 3 de junio se comunicaron 7.922 casos confirmados y 206 muertes en Marruecos.

La organización pide a las autoridades que garanticen que las medidas para hacer cumplir la ley de emergencia sanitaria no violan el derecho de las personas a la libertad de expresión imponiéndoles restricciones arbitrarias para hablar o informar, incluso por Internet, de asuntos que las afectan. Eso incluye criticar políticas oficiales y la forma en que las autoridades aplican las medidas contra la COVID-19.

“La respuesta más eficaz a la crisis sanitaria se basa en el respeto de los derechos humanos y en políticas que promuevan la confianza y la solidaridad. Cuando se empodera y apoya a las personas para que cumplan voluntariamente las medidas de salud pública necesarias, es más probable que cooperen con las autoridades y modifiquen su comportamiento que mediante la amenaza de medidas coercitivas”, ha dicho Guellali.