Irán: Respeten el derecho de las familias a conmemorar sin represalias a los seres queridos que murieron de forma violenta durante el levantamiento

© Amnesty International

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Las familias de las víctimas de homicidios ilegítimos cometidos por las fuerzas de seguridad de Irán durante el levantamiento “Mujer, vida, libertad” de 2022 deben poder conmemorar el primer aniversario de estas muertes; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional, mientras las autoridades iraníes intensifican su campaña de hostigamiento e intimidación contra familiares de las víctimas para imponer el silencio y la impunidad.

En la nueva investigación publicada hoy, Amnistía Internacional explica pormenorizadamente que las autoridades iraníes llevan tiempo sometiendo a los familiares de las víctimas a detención arbitraria y reclusión, imponiendo duras restricciones a las reuniones pacíficas en los emplazamientos de las tumbas y destruyendo las lápidas de las víctimas. Ni un solo funcionario público ha rendido cuentas por el homicidio ilegítimo de cientos de hombres, mujeres, niños y niñas por parte de las fuerzas de seguridad durante la brutal represión de las autoridades contra el levantamiento popular en que se vio inmerso Irán tras la muerte bajo custodia de Mahsa (o Zhina) Amini el 16 de septiembre de 2022. Amnistía Internacional considera que el sufrimiento mental y la angustia infligidos a las familias en duelo por medio de las prácticas abusivas de las autoridades son una violación de la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes establecida en el derecho internacional.

“La crueldad de las autoridades iraníes no tiene límites. Con el siniestro intento de ocultar sus crímenes, el gobierno agrava la angustia y el sufrimiento de las familias de las víctimas al impedirles que exijan justicia, verdad y reclamación, o incluso que planten flores en las tumbas de sus seres queridos. Conforme se acerca el aniversario del levantamiento, los familiares de las víctimas temen que las autoridades desplieguen sus habituales tácticas represivas para impedirles realizar las conmemoraciones”, ha señalado Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“La comunidad internacional debe apoyar a las familias de las víctimas presionando a las autoridades iraníes, tanto en público como en privado, para que respeten el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Estas familias han de ser protegidas contra la detención arbitraria, las amenazas y otras represalias. Los Estados también deben pedir a las autoridades iraníes que excarcelen a todas las personas que fueron detenidas por abogar en favor de la verdad y la justicia sobre esas muertes, anulen todas las sentencias condenatorias y las penas que se les han impuesto, y retiren todos los cargos presentados contra quienes se enfrentan a represalias por expresarse.”

En su publicación más reciente, Amnistía Internacional ha documentado los casos de 36 familias de víctimas procedentes de 10 provincias de todo el país que han sido sufrido violaciones de derechos humanos en los últimos meses. Se trata de las familias de 33 personas a las que las fuerzas de seguridad mataron de forma ilegítima durante las protestas, las familias de 2 personas que fueron ejecutadas de forma arbitraria en relación con las protestas, y la familia de una persona sobreviviente de tortura que se suicidó tras ser excarcelada.

Violaciones de derechos humanos contra las familias por pedir justicia, verdad y reparación

Entre las violaciones de derechos humanos cometidas contra las familias de las víctimas figuran la detención arbitraria; procesamientos injustos por acusaciones falsas e imprecisas en relación con la seguridad nacional, que, en algunos casos, dieron lugar a penas de prisión y flagelación; la citación y los interrogatorios coercitivos de estas personas por parte de la fiscalía o las fuerzas de seguridad; y su sometimiento a vigilancia ilegítima o el destrozo de las tumbas de sus seres queridos.

En julio de 2023, la madre del joven de 16 años Artin Rahmani, que murió el 16 de noviembre de 2022 en Izeh (provincia de Juzestán) por disparos efectuados por las fuerzas de seguridad, dijo en Twitter: “Las autoridades de la República Islámica mataron a mi hijo, que era inocente; encarcelaron a mi hermano y a varios parientes; y me citaron en la fiscalía por el delito de pedir justica por el asesinato de mi hijo, con el fin de silenciarme. La ciudadanía iraní no tiene derecho a protestar, y cualquier iniciativa para pedir libertad se reprime con mucha violencia”.

Las autoridades también han intentado impedir a los familiares de las víctimas que celebren ceremonias ante las tumbas de sus seres queridos, incluso en sus cumpleaños. Las familias que desafiaron las circunstancias y se reunieron han denunciado la fuerte presencia de las fuerzas de seguridad, que reprimieron con violencia las ceremonias tomando fotografías de las personas presentes y golpeando o deteniendo arbitrariamente a algunos parientes.

Destrozar las tumbas de las víctimas de homicidio ilegítimo

Amnistía Internacional documentó y publicó imágenes en las que aparecen los destrozos sufridos por las tumbas de más de 20 víctimas de 17 ciudades. Se han causado daños a las sepulturas con alquitrán, pintura o incendios provocados, se han roto lápidas, y se ha obligado a borrar las frases lapidarias que describían a las víctimas como “mártires” o afirmaban que éstas habían muerto por la causa de la libertad. Las autoridades no han realizado investigaciones para identificar a las personas presuntamente responsables penales de estos delitos y llevarlas ante la justicia, ni han tomado medidas para evitar que se repitan los actos de destrucción de las tumbas.

Algunas de las tumbas fueron dañadas por las fuerzas de seguridad en presencia de los familiares; y otras, durante la noche o en momentos en los que no había nadie presente, después de que las autoridades amenazaran en reiteradas ocasiones con destruir las lápidas que ilustraran expresiones de apoyo al levantamiento “Mujer, Vida, Libertad” o contuvieran frases poéticas que señalaran que las víctimas habían sufrido una muerte no natural, provocada por la opresión política.

En abril de 2023, la hermana de Milad Saeedianjoo, que murió por disparos efectuados por las fuerzas de seguridad en Izeh (provincia de Juzestán) el 15 de noviembre de 2022, dijo en Instagram: “A la persona que, en el cumpleaños de mi hermano, me agarró del pelo, me torturó con una porra y pisoteó la tumba de mi hermano ante mis ojos, le pregunto: ¿Qué sentencia te has dictado a ti misma por todo esto? A mí me ha quedado claro quién asesinó a mi hermano. Nuestra familia no ha presentado una denuncia ante los tribunales de Irán, porque era inútil acudir al asesino para denunciar al asesino”.

La familia de Mahsa (o Zhina) Amini ha denunciado públicamente los daños repetidos que sufre su tumba. Las autoridades han anunciado que tienen previsto realizar cambios importantes en el cementerio de Saqqez (provincia de Kurdistán), donde está enterrada la joven, para que su sepulcro quede menos accesible al público. Esa tumba se ha convertido en un lugar en el que las familias de las víctimas de homicidio ilegítimo durante las protestas se reúnen para encontrar consuelo colectivo y solidaridad, y señalar su determinación a pedir justicia.

La acción internacional es necesaria para abordar la impunidad

Las familias de las víctimas han sufrido represalias por condenar públicamente o denunciar formalmente el homicidio ilegítimo de sus seres queridos a manos de las fuerzas de seguridad, cuestionar los discursos oficiales sobre esas muertes, pedir que se asuman responsabilidades, celebrar reuniones de familiares de las personas difuntas, y escribir mensajes en las redes sociales que se consideran críticos con las autoridades.

“Ante la impunidad sistemática existente en Irán, Amnistía Internacional pide a todos los Estados que ejerzan el principio de jurisdicción universal y emitan órdenes de detención contra los funcionarios y funcionarias iraníes —incluidos aquellos con responsabilidad de mando— contra los que existan sospechas razonables de responsabilidad penal en crímenes de derecho internacional cometidos durante el levantamiento y después de éste”, ha añadido Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.