Israel y los Territorios Palestinos Ocupados: El Tribunal Supremo aprueba la demolición punitiva de la casa de un menor detenido

©AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images

An excavator commissioned by Palestinian Jerusalem resident Ahmed Obaid demolishes Obaid’s home in the mostly-Arab east Jerusalem neighbourhood of Issawiya on June 22, 2021. – The Obaid family opted to comply with an Israeli court order that ruled for the building’s demolishing as it was built without a municipal construction permit, and to avoid higher costs if the demolition was carried out by Israeli government equipment.  (Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

El Tribunal Supremo de Israel ha aprobado hoy la demolición punitiva del domicilio familiar de un niño palestino de 13 años que lleva seis meses en detención en espera de juicio por cargos injustos. En febrero de 2023, Mohammed Zalabani apuñaló a un policía de fronteras israelí en un autobús en un puesto de control en el campo de refugiados de Shu’afat, situado en la Jerusalén Oriental ocupada. Aunque lo redujeron, momentos después un guardia de seguridad privado israelí mató accidentalmente al policía al disparar con su arma.  

A pesar de que la autopsia determinó que había sido el disparo lo que había causado la muerte del policía de fronteras, Mohammed Zalabani fue acusado de asesinato y se encuentra en espera de juicio en un centro de menores. Tras el ataque, el ejército israelí ordenó la demolición punitiva del apartamento del tercer piso donde viven en Shu’afat los progenitores y los tres hermanos de Mohammed Zalabani, uno de los cuales es un bebé. La organización de derechos humanos israelí HaMoked presentó un recurso contra la orden, que fue rechazado por el Tribunal Supremo.   
“Las demoliciones punitivas de Israel son una forma de castigo colectivo, y constituyen una infracción grave del IV Convenio de Ginebra y un crimen de guerra. El fallo de hoy demuestra que el absoluto desprecio de Israel hacia el derecho internacional afecta a todas las instituciones. También es un recordatorio del papel que desempeña el Tribunal Supremo en la imposición del apartheid contra la población palestina”, ha declarado Khulood Badawi, responsable de campañas sobre Israel y los Territorios Palestinos Ocupados de Amnistía Internacional. 
“Los hermanos y progenitores de Mohammed Zalabani, que no tuvieron nada que ver en el ataque, se enfrentan ahora a la pérdida de su vivienda y al desplazamiento debido a un acto de venganza totalmente ajeno a la justicia y el Estado de derecho, y su hijo Mohammed, que no es más que un niño y está detenido, a que se le imponga una larga condena por un crimen que no cometió.”
El fiscal del caso ha reconocido que Mohammed Zalabani actuó totalmente solo y que su familia no sabía que fuera a perpetrar el ataque.   
Las demoliciones punitivas en los Territorios Palestinos Ocupados suelen ir acompañadas de violentas batidas del ejército que pueden causar graves daños en las casas vecinas y siembran el terror en comunidades palestinas enteras, siendo una de las medidas que las autoridades israelíes utilizan para oprimir y dominar a la población palestina.
Información complementaria
Las autoridades israelíes utilizan de modo habitual demoliciones punitivas contra los familiares de personas palestinas que han perpetrado ataques o presuntos ataques contra las fuerzas o la población civil israelí. El Tribunal Supremo aprueba la mayoría de las órdenes de demolición punitiva con el argumento de que disuaden de posibles ataques en el futuro. En 2005, las demoliciones punitivas se suspendieron por recomendación de una comisión militar, que halló que no tenían ningún efecto disuasorio frente a los ataques palestinos a israelíes. Sin embargo, esta política se reanudó en 2014, y desde entonces son cientos las personas palestinas que han perdido sus hogares. 
Las demoliciones punitivas son una forma de castigo colectivo y constituyen una infracción grave del IV Convenio de Ginebra y un crimen de guerra en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU han pedido a Israel que abandone esta práctica. Según la legislación israelí, la edad mínima de responsabilidad penal es de 12 años, pero el Comité de los Derechos del Niño insta a los Estados a que eleve esta edad a los 14 años como mínimo.