Pre-Juicios Injustos - Amnistía Internacional Chile

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Pre-Juicios Injustos

9, Ago. 2018

En 2017, se dio inicio a dos nuevos juicios bajo la legislación “antiterrorista” en contra de personas mapuches por hechos presuntamente conectados con sus reivindicaciones territoriales. Amnistía Internacional realizó un proceso de observación de ambos juicios, con el fin de analizar si los procesos judiciales se apegaban a las garantías de un juicio justo y constatar si las preocupaciones antes señaladas persisten. Lamentablemente, la organización ha encontrado que el Estado chileno no sólo ha incurrido nuevamente en las mismas conductas que motivaron una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2014, sino que además fue posible detectar puntos de preocupación adicionales.

La aplicación de la Ley Antiterrorista ha sido criticada por organizaciones de la sociedad civil y por el Relator Especial de las Naciones Unidas de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. Asimismo, la aplicación de esta figura penal fue condenada en 2014 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que encontró responsable al Estado de Chile por violaciones a los derechos humanos derivadas de la aplicación de esta legislación en tres procesos judiciales llevados en contra de personas mapuches. Sin embargo, más de 4 años después de dicha condena, las autoridades han seguido aplicando esta legislación en contra de personas mapuche en circunstancias similares.

Amnistía Internacional, en su informe Pre-juicios injustos: Ley Antiterrorista y el pueblo mapuche, muestra su preocupación de la decisión de los tribunales de condenar en los juicios “Luchsinger-Mackay” e “Iglesia”, a cinco personas del Pueblo Mapuche mediante sentencias que hicieron uso de conceptos estigmatizantes y otras prácticas que no garantizaron un juicio justo.

Amnistía Internacional considera que persisten violaciones a los derechos de igualdad ante la ley, de la presunción de inocencia, del debido proceso y de las garantías judiciales por las que el Estado chileno fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2014 en el caso Norín Catrimán y otros y que las autoridades han fallado en implementar adecuadamente las medidas de reparación dictadas para evitar que tales violaciones a derechos humanos se repitan nuevamente.

En la opinión de Amnistía Internacional, la ley está funcionando como un mecanismo de criminalización del Pueblo Mapuche y de sus liderazgos.

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