21 DE MAYO: ¿DÓNDE QUEDAN LOS DERECHOS HUMANOS?

Ana Piquer_AmnistiaInternacionalChile

Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Chile

Estábamos expectantes ante el discurso del 21 de mayo. En las últimas semanas, la reacción de Carabineros frente a diversas protestas se había estado volviendo cada vez más preocupante: mujeres manifestándose frente a la Moneda detenidas sin razón y maltratadas, un Presidente de un Centro de Alumnos desnudado y humillado durante su detención, dos funcionarias del INDH debidamente identificadas detenidas y maltratadas, protestas disueltas usando indiscriminadamente el carro lanzaaguas y gases lacrimógenos. Estos no son hechos aislados. De acuerdo a cifras recopiladas por Amnistía Internacional, las denuncias por uso excesivo de la fuerza de Carabineros se habrían incrementado en un 300% en los últimos 10 años. De las causas que llegan a justicia militar, aproximadamente un 90% es sobreseída y menos de un 1% termina en condena – casi nunca con pena de cárcel. Esta impunidad contribuye a que los hechos sigan produciéndose.

Es un problema que requiere de una mirada de responsabilidad del Estado ante violaciones a los derechos humanos. Habríamos esperado un reconocimiento de esta realidad. Habríamos esperado dentro del marco de un compromiso con los derechos humanos, medidas para un mejoramiento del actuar de Carabineros en el contexto de manifestaciones en línea con los estándares internacionales y un anuncio de reforma a la justicia militar para que los casos de violencia policial no se vean en tribunales que operan como juez y parte. Todas materias que, por lo demás, eran parte del programa de gobierno de la Presidenta (véase p.165 del programa).

Pero nada. Las referencias expresas a los derechos humanos se limitaron a dos cosas: la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos (pese a que llevamos meses sin que se nombre a un/a Subsecretario/a), y los proyectos de ley para tipificar el delito de tortura (en tramitación desde septiembre de 2014, hoy en segundo trámite constitucional con lento avance) y establecer la imprescriptibilidad e inamnistiabilidad de los crímenes de derecho internacional (que se encuentra desde diciembre de 2014 en primer trámite constitucional). Asuntos importantes, sin duda, que se han dilatado innecesariamente. Pero nada más.

Paralelamente, en las calles de Valparaíso personas encapuchadas quemaron un edificio patrimonial causando la muerte de Eduardo Lara, guardia municipal. Un hecho gravísimo y condenable. Y se ha insinuado o mencionado que Carabineros no actuó para detener el hecho por temor a ser acusados de usar la fuerza de manera excesiva, o a ser condenados públicamente como lo fueron tras el ataque a Rodrigo Avilés justo un año antes. La misma Presidenta Bachelet señaló que Carabineros se podría haber “inhibido” por esta razón.

Mientras que en el discurso oficial no se reconoce el problema, en el discurso mediático se confunde.

Sí, la protesta pacífica es un derecho, es el ejercicio del derecho a reunión pacífica en lugar público y de la libertad de expresión. El Estado tiene el deber de resguardar la posibilidad de las personas de ejercer este derecho de manera segura. Y el uso de la fuerza del Estado de manera indiscriminada contra quienes ejercen estos derechos es condenable.

No, los actos de violencia no forman parte de este derecho a la protesta. Sea por la razón que sea que se cometan, el Estado tiene el deber de resguardar la seguridad y el orden público. Y sí, Carabineros podría hacer uso de la fuerza de manera proporcionada en caso de ser necesario. Esas personas deben ser detenidas, ser tratadas adecuadamente mientras estén recluidas, los hechos investigados para ser llevadas ante tribunales dentro del marco de un debido proceso, y sancionadas de acuerdo a la ley.

Y no, no hay una contradicción entre ambas afirmaciones. Los derechos humanos en la protesta social, y la seguridad u orden públicos no son conceptos entre los cuales hay que elegir. Son conceptos que es imprescindible que se resguarden en conjunto y con la misma fuerza.

Cuando los derechos humanos se reducen al mínimo en los discursos oficiales, y luego se confunden en los discursos mediáticos, lo que se está consiguiendo es perpetuar la sensación de que o los derechos no son tan importantes, o son una barrera incómoda para actuar contra la delincuencia o mantener el orden público.

Pero si el trato será el mismo para el que se manifiesta pacíficamente y quien comete hechos de violencia, no hay seguridad para nadie. Si no tenemos nuestros derechos humanos debidamente resguardados, no habrá seguridad para nadie.