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“La reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Afganistán que se celebrará mañana debe centrarse en cómo revertir la opresiva prohibición impuesta por los talibanes al acceso de las mujeres y las niñas al trabajo, la educación, el deporte y los espacios públicos”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
El 24 de diciembre de 2022, los talibanes, como autoridades de facto de Afganistán, ordenaron a todas las ONG locales y extranjeras que no empleasen a mujeres. El 20 de diciembre habían ordenado a todas las universidades que no aceptasen a alumnas hasta nuevo aviso. En noviembre de 2022, se negó a las mujeres el derecho a entrar en los parques y gimnasios del país. Desde la toma del poder por los talibanes a mediados de 2022, se ha impedido que las mujeres participaran en deportes, al mismo tiempo que se cerraron los centros de enseñanza secundaria de todo el país a las niñas.
“Es imprescindible que el Consejo de Seguridad de la ONU detenga el considerable deterioro de los derechos de las mujeres y las niñas en el país. El mundo mira mientras los talibanes diezman sistemáticamente los derechos de las mujeres mediante numerosas restricciones discriminatorias implementadas en rápida sucesión en los últimos meses”, dijo Yamini Mishra, directora regional de Amnistía Internacional para Asia Meridional.
“El Consejo de Seguridad no sólo debe pedir a los talibanes que levanten urgentemente las restricciones impuestas a las mujeres y las niñas, sino también que pongan fin a la represión de cualquier persona que se atreva a protestar contra estas limitaciones en Afganistán.”
Una crisis humanitaria que se agrava
Cuando los índices de pobreza se disparan, la decisión de los talibanes de prohibir a las mujeres trabajar con ONG acerca aún más al país a una crisis humanitaria. Esta restricción ya ha contribuido al aumento del nivel de inseguridad alimentaria aguda y de malnutrición, mientras el acceso de las mujeres a derechos básicos, como los relativos a la salud y la educación, sigue mermado.
Mahmud*, que trabaja para una ONG internacional dedicada a la educación y la protección de la infancia en Afganistán, dijo a Amnistía Internacional: “Es casi imposible acceder a las mujeres de la comunidad (con la nueva decisión de los talibanes). Las mujeres identificaban a las beneficiarias y las filtraban. Las mujeres ayudaban a prestar asistencia a las mujeres.” Las mujeres eran eslabones esenciales para llegar a las mujeres de la comunidad no sólo debido a las normas de segregación por sexos dictadas por los talibanes, sino también por las sensibilidades culturales preexistentes, pues estas labores las llevaban a cabo mujeres trabajadoras para mujeres beneficiarias.
Se está borrando cada vez más a las mujeres y las niñas afganas de la vida pública y ellas serán quienes lo pagarán más caro en los próximos meses, a medida que se agrave el desastre humanitario, pues los trabajadores varones ya no podrán ofrecer servicios críticos a las mujeres.
El sector de la ayuda que encabezan las ONG, que es la fuente principal de asistencia humanitaria en el país, se tambalea al borde del colapso, pues al menos tres ONG internacionales importantes —CARE, el Consejo Noruego para los Refugiados y Save the Children— han suspendido sus operaciones en el país porque no podían ejecutar sus programas sin personal femenino. El 28 de diciembre, la ONU suspendió también algunos programas en el país y dijo que podría tener que interrumpir muchas actividades más debido a la prohibición de los talibanes del trabajo de las mujeres en el sector.
En la actualidad, la asistencia humanitaria al país, incluido el fondo de más de 1.000 millones de dólares estadounidenses creado por el Banco Mundial del Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Afganistán como ayuda presupuestaria de emergencia, se encauza a través de agencias de la ONU y asociados en la ejecución.
“Es como si los talibanes estuvieran llevando deliberadamente el país a la hambruna. Sus políticas discriminatorias están provocando niveles sobrecogedores de inseguridad alimentaria y haciendo casi imposible la entrega de asistencia internacional. Las mujeres ya estaban en el peldaño más bajo de la escalera en cuanto al acceso a servicios de ayuda críticos, pero parece que se las está borrando totalmente”, afirmó Yamini Mishra.
Acceso a la educación gravemente socavado
Cuando a las mujeres y niñas afganas ya se les niega el acceso a la enseñanza secundaria y terciaria, la prohibición de que las mujeres trabajen con ONG impide también a las estudiantes el acceso a la educación a través de sistemas educativos basados en la comunidad. Estos programas eran la única vía para que unos 3,7 millones de niños y niñas no escolarizados, alrededor del 60% de los cuales son niñas, pudieran acceder a la escolarización en la era anterior a los talibanes. El personal docente que trabaja en este sistema está integrado principalmente por mujeres que serían clasificadas por los talibanes como trabajadoras de ONG.
Ahmad*, que trabaja para una organización que proporciona educación basada en la comunidad, dijo: “Con estas restricciones, las mujeres y las niñas no trabajarán como maestras, ni asistirán como alumnas a los cursos gratuitos a los que accedían antes en algunas de las ciudades. Estos cursos puente enseñaban algunas asignaturas escolares, como el inglés.”
Otra trabajadora de una ONG, Zareen*, dijo a Amnistía Internacional que los cambios afectarán mucho a los programas de salud e higiene: “Sensibilizamos sobre la diarrea infantil y la prevención. Sensibilizamos sobre cómo mantener la higiene personal (para las mujeres). Hablamos de gestión familiar. Sensibilizamos sobre nutrición para mujeres embarazadas y la infancia en concreto.” Las restricciones afectan a los programas de sensibilización pública, que llevan a cabo trabajadoras de ONG y son vitales para concienciar sobre higiene personal, nutrición familiar y salud.
Negación de medios de subsistencia
Cuando los talibanes tomaron el poder en Afganistán, las mujeres que trabajaban para el gobierno, incluidas las que tenían cargos en la administración pública, organismos de elaboración de políticas y el poder judicial, fueron cesadas en masa.
Debido a las restricciones impuestas actualmente por los talibanes, las mujeres que trabajan para ONG como Zareen* deben quedarse ahora en casa. Zareen* contó a Amnistía Internacional: “Tengo miedo de perder mis ingresos como única sostén de la familia. La pérdida de mi salario tendrá un enorme impacto en la vida de mis hijos e hijas. Y ahora tengo problemas de salud mental y me siento enferma.”
A Massoma*, que trabajaba en una organización dedicada a la educación y la salud en varias provincias de Afganistán, le dijeron que no podrían renovarle el contrato poco después de la entrada en vigor de las restricciones de los talibanes. Dijo: “Mi contrato expiró después de que los talibanes anunciaran su decisión. A principios de enero me informaron de que no iban a renovarlo.” Ya ha dejado de cobrar su salario.
“Estas limitaciones discriminatorias a las ONG sólo agravarán la dificultades económicas ya considerables que tienen las mujeres en Afganistán. Es indignante que incluso las trabajadoras de las ONG sean privadas ahora de su derecho a trabajar, lo que repercutirá después en cadena en que la ayuda no llegue a las mujeres en las comunidades. Esto es misoginia, ni más ni menos”, afirmó Yamini Mishra.
Las nuevas normas represivas de los talibanes también prohíben el acceso de las mujeres a los programas comunitarios de medios de subsistencia que gestionan las ONG.
Ajmal*, que trabaja para una organización dedicada en parte a programas de generación de ingresos para mujeres, dijo a Amnistía: “Al menos el 50% de las personas propietarias de pequeñas empresas que se benefician de estos proyectos de generación de ingresos son mujeres. Las personas beneficiarias también son identificadas y supervisadas por trabajadoras de las ONG.”
Castigo colectivo
Desde que tomaron el control del país en agosto de 2021, los talibanes violan los derechos de las mujeres y las niñas a la educación, al trabajo y a la libre circulación; diezman el sistema de protección y apoyo para quienes huyen de la violencia de género en el ámbito familiar; detienen a mujeres y niñas por infracciones menores de normas discriminatorias; y contribuyen al aumento del número de matrimonios precoces y forzados en Afganistán.
El informe de Amnistía Internacional Death in slow motion: Women and Girls Under Taliban Rule revela también que las mujeres que protestan pacíficamente contra estas normas opresivas son amenazadas, detenidas, recluidas, torturadas y sometidas a desaparición forzada.
Amnistía Internacional pide a las autoridades talibanas de facto que permitan inmediatamente a las mujeres y niñas volver a la enseñanza secundaria y terciaria, y que permitan a las mujeres trabajar y acceder a espacios públicos de forma independiente. La comunidad internacional debe pedir asimismo a los talibanes que reviertan estas políticas restrictivas, permitan que las mujeres reanuden su trabajo como empleadas de ONG y garanticen todos los derechos civiles de las mujeres en todo el país.
“Las crueles restricciones de los talibanes a los derechos de las mujeres y las niñas constituyen un castigo colectivo para toda la población y, en particular, para las mujeres. El Consejo de Seguridad de la ONU debe adoptar una resolución que incluya una serie de pasos concretos para poner fin a la aniquilación sistémica de los derechos de las mujeres y las niñas en Afganistán. Esto será un paso para frenar el desastre humanitario al que parece abocado el país”, concluyó Yamini Mishra.
*Todos los nombres de las personas entrevistadas se han cambiado para proteger su identidad.