Afganistán: Nueva investigación sobre tortura y ejecución de hazaras por los talibanes en ataque selectivo

Combatientes talibanes mataron a seis personas hazaras en un ataque deliberado contra este grupo minoritario étnico en la provincia afgana de Ghor, ha afirmado hoy Amnistía Internacional tras una nueva investigación.

El 26 de junio de 2022, los talibanes llevaron a cabo la detención y ejecución ilegítima de cuatro hombres durante una operación nocturna en busca de un exagente de seguridad. El cuerpo de al menos una de las personas ejecutadas mostraba señales de tortura. Una mujer y una niña de 12 años también perdieron la vida durante la operación.

El ataque forma parte de una constante más amplia de homicidios selectivos ilegítimos de personas a las que los talibanes consideran adversarios, en este caso por ser miembros de la comunidad hazara y por su relación con el anterior gobierno afgano.

“Los talibanes deben poner fin de inmediato a esta constante cruel de homicidios selectivos y, como autoridades de facto, garantizar la protección de toda la población afgana”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional documentó ejecuciones extrajudiciales semejantes de personas hazaras en la provincia de Ghazni en julio de 2021, y en la provincia de Daykundi en agosto de 2021. A pesar de sus promesas públicas de que no actuarían contra funcionarios del gobierno anterior, los talibanes aún no han investigado ni enjuiciado a nadie por los homicidios.

Amnistía Internacional realizó ocho entrevistas a distancia —algunas de ellas con personas que fueron testigos del ataque de junio de 2022—, analizó 38 fotografías y 3 vídeos tomados después del ataque, consultó con un patólogo forense para estudiar las imágenes de los cuerpos, y examinó imágenes satelitales de la zona para confirmar la ubicación de uno de los homicidios. Varias de las fotografías analizadas fueron publicadas publicadas en Internet por medios talibanes, como la Oficina de Medios de Comunicación del Gobernador de la Provincia de Ghor, que las borró poco después de su difusión.

La noche del 26 de junio de 2022, fuerzas talibanes irrumpieron en el domicilio de Mohamad Muradi, hazara y agente de seguridad con el anterior gobierno, que también había dirigido una fuerza de la milicia local Programa Levantamiento Popular contra los talibanes en 2020 y 2021.

Muradi había regresado en fechas recientes a su casa de Chahar Asyab, en el distrito de Lal wa Sarjangal, provincia de Ghor, tras un intento fallido de huir a Irán, y de ocultarse después en otras ciudades del país. Como muchas personas que habían estado involucradas en la oposición a los talibanes, Muradi no había aceptado el ofrecimiento de una “carta de amnistía” personalizada —expedida en muchos casos a exagentes de seguridad y exfuncionario públicos, en la que se ofrecía permiso para regresar al lugar de origen a cambio de la promesa de deponer las armas— por miedo a ataques de represalia de los talibanes.

Algunos testigos dijeron a Amnistía Internacional que, la noche del ataque, fuerzas talibanes dispararon rifles y granadas propulsadas por cohetes contra la vivienda de Muradi y mataron a Taj Gul Muradi, su hija de 22 años, que había estudiado medicina y prestaba asistencia sanitaria en la comunidad. En el ataque resultaron heridos Muradi, su hija de 12 años y otro hijo. La niña sufrió graves lesiones en el estómago y murió al día siguiente.

Muradi resultó herido en la pierna izquierda y se entregó a las fuerzas talibanes previa intervención de ancianos locales. Sin embargo, los talibanes lo sacaron por la fuerza de la casa y lo mataron a tiros. El análisis de fotografías del cuerpo de Muradi muestra daños en la parte delantera de la camisa que indican una probable herida en el pecho y una herida de salida en la frente.

Amnistía Internacional examinó fotografías y vídeos que muestran desperfectos en la casa de Muradi que son compatibles con los testimonios de los testigos. Las imágenes también fueron geolocalizadas mediante el análisis de características visibles —como la vegetación, el piso de calles cercanas y la disposición de los edificios— y de imágenes de satélite.

Otros tres hombres que estaban temporalmente en la casa de Muradi fueron detenidos y ejecutados extrajudicialmente. Dos de ellos, como Muradi, habían sido miembros de la fuerza Programa de Levantamiento Popular, aunque ninguno había participado en combates con la milicia desde hacía algún tiempo.

Ghulam Haider Mohammadi, sobrino de Muradi, estaba visitando a familiares. Las fotografías del cuerpo de Mohammadi indican que fue ejecutado al menos con un disparo en la cabeza, mientras estaba de rodillas y con las manos atadas a la espalda. Personas residentes en la zona encontraron su cuerpo a unos 50 metros de la casa de Muradi, abandonado entre unas rocas en una zona arbolada.

Los testigos dijeron a Amnistía Internacional que a las otras dos víctimas —Asif Rezayee y Arif Sangaree— las introdujeron en un vehículo, se las llevaron y las mataron en un lugar distinto. Los cuerpos de estos dos hombres fueron descubiertos más tarde en una parte despoblada de Takeghal, a más de 30 minutos en automóvil del lugar donde se practicaron las detenciones.

Asif Rezayee vivía en Kabul pero había regresado a su localidad natal unos días antes para visitar a sus familiares. Rezayee fue ejecutado por disparos mientras tenía las manos esposadas a la espalda. Fotografías y un vídeo de su cuerpo muestran cuatro heridas de arma de fuego distintas, en la cabeza, el pecho, el muso derecho y la mano izquierda. A partir de la naturaleza de las heridas, la aparente trayectoria de las balas y las manchas de pólvora, las heridas en la pierna y la mano se hicieron a corta distancia antes de la ejecución. Infligir de forma intencionada dolor a un persona detenida y amarrada constituye tortura, que es un crimen de derecho internacional.

Las fotografías indican que Arif Sangaree también fue ejecutado mientras estaba amarrado y detenido, al menos con un disparo desde corta distancia en la cabeza. Una de las fotografías publicadas por los talibanes en Facebook, donde se atribuyen la exitosa operación, muestra a Sangaree con una considerable herida facial rodeada por sangre arterial roja y fresca, lo que indica que los talibanes tomaron la fotografía inmediatamente después de su muerte. En cambio, fotografías proporcionadas por personas que descubrieron el cuerpo muestran a Sangaree con la herida idéntica, pero con la sangre oscura seca, lo que indica que había pasado tiempo.

Las fuentes informativas de los talibanes que publicaron la imagen del cuerpo de Arif Sangeree calificaban la operación nocturna de “operación selectiva” que culminó en un combate entre “rebeldes” y “muyahidines”, es decir talibanes. El texto afirmaba que siete rebeldes habían resultado muertos, detenidos o heridos, y que un miembro de los talibanes había muerto y otros dos habían resultado heridos.

Para justificar las muertes, la declaración agregaba que la operación había tenido lugar después de que combatientes relacionados con Mawlavi Mahadi, líder hazara de un grupo desertor talibán, hubieran atacado a los talibanes en el distrito de Balkhab, provincia de Sar-e-Pul, para después huir y establecerse en la localidad de Chahar Asyab. Estas afirmaciones de los talibanes son inexactas. Aunque este combate ha sido documentado por el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán en su informe del 6 de septiembre de 2022, que incluye casos de ejecuciones de combatientes por los talibanes fuera de combate, Muradi y sus familiares no eran miembros del grupo de Mahadi ni participaron en estos ataques. Por el contrario, Amnistía Internacional cree que la justificación de los talibanes es un pretexto para actuar contra minorías étnicas y militares relacionados con el gobierno anterior.

Los talibanes se hicieron con el poder en Afganistán tras la caída del gobierno a mediados de agosto de 2021. Amnistía Internacional ha pedido la protección de miles de personas afganas que corren un grave riesgo de represalias de los talibanes. Se han registrado numerosos casos de allanamientos y ejecuciones extrajudiciales contra personas a las que los talibanes consideran adversarios: las vinculadas con el gobierno anterior, en particular hazaras/chiíes, o las que combatían con el Frente de Resistencia Nacional.