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África Austral: La COVID-19 como emergencia de derechos humanos

1, Abr. 2020 | Categoría: ,

En los hogares, las calles, los lugares públicos, las emisoras de radio, los periódicos y los canales de televisión internacionales de noticias: todo el mundo habla de la Covid-19.

Gobiernos de todo el mundo han respondido a la amenaza de la Covid-19 imponiendo una serie de medidas destinadas a contener la propagación de la enfermedad, entre ellas restricciones de la libertad de circulación u ordenar un distanciamiento social en lugares públicos tales como centros comerciales, trenes e iglesias.

En África oriental y austral, algunos gobiernos, como Ruanda, Sudáfrica, Uganda y Kenia, han impuesto cuarentenas nacionales que incluyen el cierre de colegios, restricción de la circulación de personas y limitación a las horas de apertura, o incluso cierres totales, de bares y restaurantes. Se ha limitado el número de personas que pueden reunirse en iglesias, funerales y otros espacios públicos. En algunos lugares, como Sudáfrica, las fuerzas de seguridad patrullarán las calles para hacer cumplir estas medidas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha confirmado la presencia de la Covid-19 en más de 195 países y territorios de todo el mundo. No perdona ni a ricos ni a pobres. La cifra de muertes y el número de personas que da positivo en la prueba del virus crecen cada día.

La situación se ha declarado desastre nacional en países como Sudáfrica y Zimbabue, una vez que quedó claro que tendría consecuencias devastadoras para las personas pobres y marginadas, especialmente en las zonas de alta densidad de población con infraestructura insuficiente de agua, saneamiento y atención médica.

Hasta el momento, Sudáfrica ha registrado la cifra más alta de casos confirmados, con más de 1.000. Se ha informado de dos muertes, pero hay indicios iniciales de que algunos pacientes se están recuperando.

En Zimbabue, la Covid-19 se ha cobrado su primera víctima, un destacado locutor joven, Zororo Makamba, que sucumbió a la enfermedad esta semana tras permanecer aparentemente aislado en el Hospital Wilkins en Harare —el centro de salud designado por el gobierno para la Covid-19— sin recibir tratamiento. La información indica que el centro de salud carece de material de cuidados intensivos, incluidos respiradores y equipo de protección personal para los profesionales de la salud.

En el contexto de la propagación de una epidemia, los Estados tienen la obligación de garantizar la existencia de atención preventiva, bienes, servicios e información, disponibles y accesibles para todas las personas.

También en Zimbabue, se recibieron noticias de un paciente que permaneció en aislamiento durante días en el Hospital Thorngrove de Bulawayo la semana pasada, sin que le hicieran la prueba al parecer a causa de la falta de los kits de diagnóstico necesarios.

En Angola, unos 280 pasajeros de clase turista que desembarcaron de un vuelo procedente de Portugal el 22 de marzo fueron conducidos a un lugar de cuarentena forzada a unos 50 kilómetros del aeropuerto de Luanda. Los informes indican que otros 20 pasajeros que viajaban en primera clase fueron llevados a un hotel local para ser puestos en cuarentena. Según la información recibida, a los pasajeros no les comunicaron dónde los llevaban; además, se separó a los hombres de las mujeres.

En Madagascar, que a 26 de marzo tenía 23 casos confirmados de Covid-19, miles de personas estaban recluidas en condiciones penitenciarias deplorables, muchas de ellas sin haber sido juzgadas aún. Se avecina un desastre si la Covid-19 se abre paso en los centros penitenciarios.

Por ejemplo, en 2018 Amnistía documentó cómo el uso excesivo de la detención preventiva había provocado un grave hacinamiento en las prisiones, donde se recluía a muchas personas por delitos leves como robar una gallina, y ese hacinamiento significa que va a ser imposible tomar medidas de prevención tales como lavarse las manos y mantener el distanciamiento social.

Las autoridades de Madagascar deberían considerar la posibilidad de liberar a detenidos en prisión preventiva para atenuar el impacto probablemente desastroso de la Covid-19, especialmente los detenidos ancianos o que ya sufren enfermedades, que no constituyen un riesgo para la sociedad. Podría considerarse la liberación de algunos de estos reclusos.

La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ya ha expresado su preocupación por la propagación de la pandemia en el continente, incluida la limitada capacidad para realizar pruebas en la mayoría de los Estados. También ha subrayado su preocupación por el hecho de que la enfermedad tendrá consecuencias angustiosas para personas en situación de riesgo, incluidas, entre otras, las personas ancianas, las que carecen de hogar y las que viven en alojamientos inadecuados tales como asentamientos informales, así como las personas refugiadas y las personas con el sistema inmunológico debilitado a causa de problemas de salud subyacentes.

Aunque algunos países han adoptado medidas de seguridad para combatir la propagación del virus, incluido el distanciamiento social mediante el confinamiento de la gente en sus casas, en el contexto de la propagación de una epidemia, los Estados tienen la obligación de garantizar la existencia de atención preventiva, bienes, servicios e información, disponibles y accesibles para todas las personas. Esto incluye la difusión de información accesible, exacta y basada en datos sobre cómo puede protegerse la gente, así como asegurarse de que los productos necesarios para garantizar la prevención están disponibles y son asequibles para todas las personas.

Los países que no pueden satisfacer esa demanda deben pedir ayuda a la comunidad internacional. En estos momentos, la cooperación y la solidaridad internacionales son cruciales. Todos los países que puedan responder deben hacerlo lo más rápidamente posible. La respuesta en sí debe respetar los derechos y tener en cuenta las necesidades tanto inmediatas como a largo plazo, teniendo en cuenta las necesidades particulares de grupos específicos y marginados. DM/MC

Deprose Muchena es director de la Oficina Regional para el África Oriental y Austral de Amnistía Internacional.

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