Al eliminar a Amnistía, India está traicionando sus ideales fundacionales

Rajat Khosla

 

Nuestro trabajo no es una siniestra conspiración para enturbiar la reputación de India. Se inspira en la propia tradición de igualitarismo del país.

Indian women shout slogans as they participate in a nationwide “I Will Go Out” march to raise questions about safe access for women and marginalised communities in public spaces across in India, in New Delhi on January 21, 2017.
India has been shamed in the past by headline-grabbing levels of sexual assault against women, notably in December 2012 when a student was gang-raped on a bus in New Delhi and later died of her injuries. / AFP / CHANDAN KHANNA (Photo credit should read CHANDAN KHANNA/AFP/Getty Images)

A partir de hoy, Amnistía Internacional ya no podrá trabajar dentro de India. Tras años de amenazas oficiales, intimidación y acoso, las cuentas de Amnistía India han sido congeladas sin que mediara notificación oficial. La investigación y campaña sobre derechos humanos que estaban llevando a cabo nuestros colegas se ha detenido bruscamente. A nuestros compañeros y compañeras les han arrebatado su medio de vida. Y los millones de personas a las que ayudaba su trabajo ya no tendrán una voz enérgica que amplifique sus propias peticiones de justicia.

Esta decisión no ha venido motivada por ninguna cuestión legal, como alegan ahora las autoridades indias. No se trata de las fuentes de financiación de Amnistía India, que son totalmente legítimas y no han infringido ninguna ley. Se trata de un castigo por defender los valores básicos de la humanidad en la democracia más grande del mundo.

Las cuentas bancarias se congelaron tras la publicación de dos grandes informes sobre derechos humanos: uno sobre los disturbios producidos en Delhi este año, en los que Amnistía India documentó complicidad de la policía en la violencia contra personas musulmanas, y otro sobre las detenciones arbitrarias y las restricciones a Internet que perduran en Cachemira un año después de que se le privara de su condición especial. Los dos informes llegaban a conclusiones confirmadas también por otros observadores independientes.

Sin embargo, para las autoridades indias los hechos ya no importan. En lugar de estudiar los informes y actuar sobre sus recomendaciones, las autoridades finalmente han perdido la paciencia con una organización de derechos humanos que insiste en decir la verdad de forma reiterada y con firmeza. En los últimos años, Amnistía India ha documentado y ha hecho campaña contra los abusos contra los derechos humanos que sufren las mujeres online, contra los abusos sexuales que han sufrido niños y niñas en la escuela, contra la discriminación por motivos de casta, contra la negativa a brindar protección al personal sanitario durante la pandemia de COVID-19, y contra el homicidio de musulmanes en las calles a causa de su fe, o contra el hecho de que la población musulmana se ha visto empujada al borde de la apatridia en virtud de una ley que expertos de las Naciones Unidas (ONU) han denunciado por considerarla “de naturaleza fundamentalmente discriminatoria”.

Estos esfuerzos no forman parte de una siniestra conspiración para enturbiar la reputación de India, como ahora alegan cómicamente algunas autoridades del gobierno. Es un trabajo inspirado por las propias tradiciones de India. India fue uno de los Estados miembros originales de la ONU que votaron a favor de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hansa Mehta, defensora india de los derechos humanos, formó parte del selecto grupo que redactó ese documento histórico. Tal como han declarado repetidamente los tribunales indios, esos mismos valores están consagrados en la propia Constitución india, que Mehta también ayudó a redactar, y están garantizados por los numerosos tratados de derechos humanos a los que India se ha sumado voluntariamente. Amnistía India, que defiende sin reservas estos valores, es una organización totalmente independiente, que trabaja en favor de la población india y está respaldada por una membresía india.

Además, Amnistía exige, con imparcialidad, a los gobiernos de todo el mundo que respeten esas mismas normas. En China, por ejemplo, hemos encabezado una campaña global para destacar la persecución de uigures y otros grupos musulmanes en Sinkiang. Nuestra investigación ha revelado los abusos de un sistema de justicia penal que no es digno de ese nombre, y que está asolado por el uso de la tortura, los juicios manifiestamente injustos y los  miles de ejecuciones llevadas a cabo cada año. También hemos documentado y denunciado la creciente represión por parte de Pekín contra las libertades en Hong Kong.

En Pakistán, hace mucho que hacemos campaña contra las desapariciones forzadas, en las que se arranca a gente de sus seres queridos sin que se vuelvan a tener noticias suyas durante semanas, meses e incluso años. Hemos denunciado la manera en que se silencia a periodistas paquistaníes por medios como la censura y las agresiones físicas. Hemos defendido a los defensores y defensoras de derechos humanos que sufren acoso, intimidación o una suerte aún peor. Y hemos apoyado a las minorías religiosas que son amenazadas por multitudes y apenas reciben protección del Estado, ya sean personas acusadas en virtud de las leyes contra la blasfemia, mujeres hindúes secuestradas y obligadas a convertirse, o fieles hindúes a quienes se ha negado un templo en la capital, Islamabad.

India en tiempos se enorgullecía de ser diferente del resto de la región, con una larga tradición de tolerancia y pluralismo. No era una tradición inspirada en occidente, sino surgida como desafío a él. Se hizo patente en la lucha por la libertad mantenida contra Gran Bretaña, cuando se encarcelaba por sus creencias pacíficas, en virtud de leyes draconianas, a activistas como Mehta y se aplastaban las protestas con violenta impunidad. Y era una tradición que dio lugar a una estentórea libertad de prensa y a innumerables movimientos sociales, incluidos sindicatos, grupos de defensa de los derechos de las mujeres o activistas de los derechos de los dalit y los pueblos indígenas, todos los cuales hacían rendir cuentas enérgicamente al gobierno indio.

Ahora estas tradiciones corren peligro. Bajo el actual gobierno, se ha empujado fuera de sus empleos a quienes ejercían un periodismo crítico mientras las ondas se ven dominadas por impetuosas voces progubernamentales. Las minorías han sido perseguidas en las calles por multitudes y han sido demonizadas por el gobierno. Se ha detenido y recluido a estudiantes, intelectuales, profesionales del derecho y activistas en virtud de leyes “antiterroristas” por sus actividades totalmente pacíficas.

La semana pasada, el primer ministro Modi dijo a la ONU que India ambiciona un puesto permanente en el Consejo de Seguridad. Al exponer sus argumentos, habló de que los “ideales fundacionales” de la ONU eran los mismos que los de India. Lo que no dijo fue cómo se encuentran ahora aquellos ideales expresados por Mehta y otras personas, o cómo han sido traicionados. La India actual no figura entre los principales defensores de los derechos humanos del mundo, como podría haber hecho, sino que se ha buscado un lugar junto a Estados que temen la presencia de organizaciones de derechos humanos independientes y críticas, ansioso de asegurarse de que no queda nadie que dé testimonio y alce la voz.

  • Rajat Khosla es director general de investigación, trabajo de incidencia y política de Amnistía Internacional