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Amnistía Internacional manifiesta su preocupación respecto al proceso extraordinario de regularización de migrantes en Chile

25, Abr. 2018 | Categoría: ,

Con relación a las medidas anunciadas por el gobierno respecto a la migración en Chile, Amnistía Internacional reconoce que los Estados tienen la facultad de determinar libremente sus programas migratorios, establecer mecanismos para saber quién cruza sus fronteras y tomar medidas para minimizar la migración no autorizada; sin embargo, recuerda que al hacerlo los Estados tienen, a su vez, la obligación de respetar los tratados internacionales de derechos humanos sobre la materia.

Considerando lo anterior, en cuanto al proceso de regularización extraordinaria que está llevando adelante el gobierno, Amnistía Internacional- si bien evalúa como positiva la idea de regularizar la situación de las personas migrantes actualmente en el país- manifiesta su preocupación sobre la extrema premura con que se dio inicio al proceso, lo cual no ha dado un tiempo razonable para informar de manera previa y adecuadamente.

Así, llama la atención el desconocimiento que se ha generado por parte de personas migrantes en diversas regiones; pues se ha visto que muchas creen que tras registrarse pasan de manera automática a regularizarse, siendo que esto es meramente un registro que no garantiza una visa. Es indispensable que las autoridades transparenten cuanto antes el proceso, para que las personas migrantes sepan claramente qué significa y qué consecuencias les traería esta regularización, incluyendo información en diferentes idiomas para asegurar su plena comprensión. Esto es parte de garantizar un debido proceso, transparente, claro y accesible para todas las personas migrantes.

Además, es particularmente preocupante el anuncio respecto al plazo de un año para dar respuesta a los migrantes sobre el resultado del trámite, periodo en que- según la información en la página web de Extranjería, – al estar a la espera de lo que se decida sobre su futuro en Chile, no se le permitirá trabajar.  Ante esto, surge de manera inevitable la incertidumbre respecto a cómo esas personas van a solventar sus gastos. Por tanto, el temor a los abusos hacia migrantes se acrecienta bajo estas circunstancias.

Otro punto de preocupación surge respecto a las otras modificaciones administrativas al sistema de visas vigente, particularmente la creación de normas específicas para algunas nacionalidades, como ha sido el caso para venezolanos o haitianos. Esta determinación no tiene una justificación clara y resulta discriminatoria.

La llamada “visa de responsabilidad democrática”, si bien parece algo positivo para facilitar la venida de personas venezolanas que huyen de un país en crisis, resulta en la práctica un trámite muy difícil, dado que sólo se puede realizar en el Consulado de Chile en Caracas, sitio que ya está recibiendo grandes cantidades de personas y que incluso -al exponerse de esa manera- podrían correr riesgo de persecución. Además, de acuerdo a los estándares internacionales, un Estado tiene prohibición de devolver a una persona a un territorio en el que su vida o libertad corran peligro (llamado “principio de no devolución”). El proceso propuesto, que exige una visa tramitada en el extranjero para ingresar a Chile, tratándose de países desde los cuales podrían provenir personas solicitantes de refugio, podría resultar contradictorio con esta prohibición.

Con relación a las personas haitianas, es preocupante la exigencia de una visa consular, pues podría fomentar el ingreso a Chile por pasos irregulares e incluso podría aumentar los índices de tráfico humano, vulneración que han sufrido personas dominicanas desde 2013 a propósito de una medida similar.

Para Amnistía Internacional, las medidas administrativas propuestas, en combinación con las indicaciones presentadas al proyecto de ley de migraciones, podrían acarrear una serie de efectos negativos de los cuales el gobierno no se ha hecho cargo expresamente. Además de la falta de información y claridad para las personas migrantes respecto de las medidas administrativas, está la incertidumbre respecto de las normas que en definitiva se establezcan a nivel legal, en las cuales se podría limitar en el futuro la posibilidad de regularizar la situación migratoria estando en Chile. Esto, de aprobarse generaría más riesgos de paso irregular, personas desprotegidas en sus derechos, tráfico de migrantes y otro tipo de abusos.

Por último, Amnistía Internacional reitera que el proyecto de ley sobre migración que tendrá que ser tramitado en el Congreso, debe establecer de manera expresa los derechos de las personas migrantes en línea con los estándares de derechos humanos, debe fortalecer la institucionalidad migratoria, asegurar normas de un debido proceso y definir los mecanismos de participación social y cívica de la sociedad civil y, especialmente, de las personas migrantes.

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