Cuando se pone fin a la primera etapa del proceso de regularización extraordinario de personas migrantes en Chile, Amnistía Internacional- a partir de su experiencia en terreno y su trabajo en conjunto con otras organizaciones- declara lo siguiente:
– Amnistía Internacional en los últimos meses ha desarrollado una serie de actividades, talleres, charlas y acciones en diferentes lugares y territorios, con personas migrantes en Chile. Representantes de la organización también concurrieron al gimnasio Víctor Jara, con la intención de ver en terreno el funcionamiento del proceso y conversar con las personas que estaban haciendo fila para realizar el trámite de inscripción. Este trabajo nos ha permitido realizar una serie de observaciones acerca del proceso de regularización y su funcionamiento.
– Si bien, evaluamos como positiva la idea de regularizar la situación de las personas migrantes que vienen a Chile, mantenemos la crítica respecto a la extrema premura con que se dio inicio el proceso, lo cual no dio un tiempo razonable para informar de manera previa y adecuadamente a todas las comunidades migrantes. Esto significó que muchas personas que se sometieron al proceso evidenciaron a Amnistía Internacional su confusión sobre el trámite que estaban realizando y las variadas expectativas que les generaba, de las cuales no se tiene certeza de que se cumplirán.
– El tiempo destinado a la primera etapa del proceso fue muy acotado, considerando la relevancia del asunto y la cantidad de personas que podría abarcar. A raíz de esto, despierta una particular preocupación la suerte que correrán aquellas personas migrantes más vulnerables- indocumentadas que han entrado al país por un paso no habilitado- y que por temor o desconocimiento no se sometieron al proceso. Estas personas provienen básicamente de República Dominicana y Cuba. Los ciudadanos de estos dos países necesitan una visa consular para entrar a Chile, pero en muchos casos no pueden acceder a ella teniendo que ingresar de forma clandestina. Hubo quienes expresaron a Amnistía Internacional que el proceso les generaba desconfianza, y que temían que inscribirse les fuera perjudicial.
– Resulta inquietante, además, que aparentemente la información emitida por el gobierno con respecto al proceso no fue suficiente. Muchos migrantes terminaron el trámite creyendo que esto les significaba estar automáticamente regularizados, tal como lo relataron a Amnistía Internacional en diferentes instancias. La falta de información clara, transparente y accesible podría constituir una falla al debido proceso. Las comunicaciones tampoco ahondaron con profundidad sobre las eventuales consecuencias que este proceso podría significar para las personas migrantes que acudieron a registrarse.
– Otro punto que tampoco fue totalmente aclarado y que –con justa razón- es altamente preocupante, es el relativo a lo que pasará con las personas migrantes durante el año que podría tardar la respuesta al trámite de regularización. Durante este periodo-según la información de la página web de Extranjería- no se le permitirá trabajar. Ante esto, surge de manera inevitable la incertidumbre respecto a cómo esas personas van a solventar sus gastos. Por tanto, el temor a los abusos hacia migrantes se acrecienta bajo estas circunstancias.
– Otro punto que queremos mencionar es sobre una situación que vivieron activistas de Amnistía Internacional que se acercaron a observar y conversar con las personas migrantes que participaban del proceso de regularización. En esa ocasión, cuando nuestros activistas se acercaron a las largas filas, una persona encargada del lugar acudió a ellos para solicitarles que- de manera voluntaria y sin ofrecer en ese momento ningún tipo de inducción- se hicieran cargo de algunas funciones del proceso. Hechos como este hacen dudar del nivel de recursos otorgado a este tema, pues la supuesta falta de personal podría jugar en contra de un procedimiento adecuado y eficiente.
Amnistía Internacional reconoce que los Estados tienen la facultad de determinar libremente sus programas migratorios, establecer mecanismos para saber quién cruza sus fronteras y tomar medidas para minimizar la migración no autorizada; sin embargo, recuerda que al hacerlo los Estados tienen, a su vez, la obligación de respetar los tratados internacionales de derechos humanos sobre la materia.
En línea con lo anterior, Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades a que la transparencia y la clara información sobre los criterios que se considerarán para otorgar o negar una visa, primen en la segunda etapa del proceso de regularización que ahora se inicia, asegurando un debido proceso que no tenga consideraciones discriminatorias y que cuente con los recursos y personal necesario para llevarlo a cabo de manera efectiva. Todo lo anterior mediante mecanismos efectivos para que lleguen a la mayor cantidad posible de personas migrantes.
Amnistía Internacional también hace un llamado al gobierno a agilizar los permisos de trabajo a todas las personas migrantes y asegurar el respeto a sus derechos mientras estos se tramitan, pues preocupa que mientras las personas inscritas no tengan permiso de trabajo ni RUT, se les puede negar acceso a derechos y servicios esenciales y quedan más vulnerables a desigualdades y/o abusos graves.
Además, reitera en la necesidad de que el proyecto de ley sobre migración que será tramitado en el Congreso, establezca de manera expresa los derechos de las personas migrantes en línea con los estándares de derechos humanos, fortaleciendo la institucionalidad migratoria, asegurando normas de un debido proceso que incluya mecanismos de regularización efectivos, y definiendo los mecanismos de participación social y cívica de la sociedad civil y, especialmente, de las personas migrantes.