Amnistía Internacional reúne más de 57 mil firmas para exigir a la empresa JBS que no compre ganado ilegal de la Amazonía

Con los índices de deforestación que baten sucesivos récords y el mundo que vuelca su mirada cada vez más en la Amazonía brasileña, este miércoles 28 de abril, Amnistía Internacional promueve acciones de presión en Brasil y otros países para exigir que la empresa JBS deje de comprar ganado bovino que haya pastado ilegalmente en zonas protegidas de la selva amazónica.

Entre las avenidas y calles de São Paulo, un camión estilizado con réplicas de ganado bovino circulará con mensajes como “Comprar ganado ilegal es financiar las violaciones de los derechos humanos en la Amazonía” y se dirigirá hacia la sede de la empresa en la Av. Marginal Direita do Tietê, nº 500. Por vía electrónica, se entregarán a la dirección de la empresa 57 471 firmas de personas de 84 países que piden “Dile a JBS que no compre ganado ilegal de la Amazonía”. El 28 de abril se celebrará la Junta General de Accionistas de la empresa y Amnistía Internacional ha elegido este día para llamar la atención de los inversionistas de JBS sobre las violaciones de los derechos humanos a las que la actividad de la empresa puede contribuir, si no hay una debida supervisión.

El martes 27 de abril, a las 17h Amnistía Internacional va a reunirse en forma virtual con Marcio Nappo, Director de Sustentabilidad y Alexandre Kavati, del área de monitoreo de proveedores de la JBS para reforzar la entrega de firmas a la petición de Amnistía y por otro lado, para solicitarles respuesta sobre qué acciones están realizando para la protección y garantía de los derechos humanos en las cadenas directas e indirectas de abastecimento de la empresa.

“La conservación de la Amazonía pasa también por la protección de las poblaciones que habitan en la región. Exigimos el fin de las violaciones de los derechos humanos de los brasileños y brasileñas que allí viven. Como sociedad civil organizada, Amnistía Internacional se une a las más de 57 000 personas de todo el mundo para exigir a JBS medidas efectivas que garanticen una información transparente sobre su cadena de suministro y que su actividad no ponga en peligro a ningún pueblo indígena ni a los residentes de estas zonas protegidas”, afirma Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil.

La petición, lanzada en julio de 2020 y dirigida al director ejecutivo de JBS, exige que la empresa implante un sistema de control eficaz, inclusive sus proveedores indirectos, hasta fines de 2020; que JBS corrija, ella misma o en cooperación con sus proveedores, los abusos y las violaciones de los derechos humanos que sufren los pueblos indígenas y los residentes de las áreas protegidas; y que también compense, en cooperación con sus proveedores, a las comunidades indígenas y de las reservas por los daños ambientales causados por la ganadería comercial ilegal en sus zonas protegidas. Las medidas, sin embargo, no han sido adoptadas.

“JBS debe comprometerse públicamente, junto con sus proveedores, a compensar a los pueblos indígenas y a los habitantes de las zonas protegidas en las que ha habido ganadería ilegal. La ganadería ilegal favorece otras prácticas que también se asocian a violaciones de los derechos humanos, como la posesión de tierras con documentos falsificados, la invasión de tierras y la deforestación. Los ojos del mundo están puestos en la Amazonía y Amnistía Internacional también llama la atención sobre las personas que viven bajo constantes amenazas en estos territorios”, señala Jurema.

El informe

Amnistía Internacional lanzó la petición junto con el informe Da Floresta à Fazenda (De la selva a la hacienda), que denunciaba la presencia de ganado criado ilegalmente en zonas protegidas de la selva amazónica brasileña en la cadena de suministro del mayor productor de carne de vacuno del mundo.

El informe reveló que en 2019 la empresa compró ganado criado en haciendas ilegales en el estado amazónico de Rondônia. Ubicadas en zonas protegidas, estas haciendas operan ilegalmente en la tierra indígena Uru-Eu-Wau-Wau y en las Reservas Extractivas del Río Jacy-Paraná y del Río Ouro Preto.

“Presentamos en este documento una asociación entre la destrucción de los bosques, la ganadería y las violaciones de los derechos humanos que debe parar urgentemente”, señala Jurema.

Horas después de la publicación del documento, el Ministerio Público Federal de Rondônia anunció que iniciaría una investigación sobre las conclusiones de Amnistía Internacional acerca de la empresa JBS. Pocos días después, un antiguo auditor que supervisaba la cadena de suministro de JBS acusó a la empresa de afirmar falsamente que sus operaciones en la Amazonía brasileña están libres de deforestación. El 28 de julio, la principal casa de inversiones europea, Nordea Asset Management retiró a JBS de su cartera por sus vínculos con la deforestación en la Amazonía.

Al no supervisar eficazmente la entrada de ganado vacuno en su cadena de suministro indirecta, JBS falló en adoptar un proceso adecuado de diligencia debida, tal como se establece en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Según los Principios Rectores de la ONU, JBS contribuye a los abusos contra los derechos humanos de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales que viven en las reservas extractivas al participar en los incentivos económicos para la cría ilegal de ganado en zonas protegidas, afirmó entonces Amnistía Internacional.

El 23 de septiembre de 2020, JBS anunció que hasta 2025 introduciría un nuevo sistema para supervisar a sus proveedores de ganado, incluidos los proveedores indirectos. Amnistía Internacional considera muy lejano este plazo. En otro anuncio realizado el 23 de marzo de 2021, JBS estableció un “compromiso de lograr emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) hasta 2040”, incluyendo la promesa de “lograr la deforestación cero en su cadena de suministro global para 2035”.

“Desde 2009 JBS es consciente de los riesgos de que el ganado pastoreado ilegalmente en zonas protegidas pueda entrar en su cadena de suministro, y ya se comprometió a supervisar a sus proveedores indirectos en 2011, lo que no ha ocurrido, como muestra Anmistía Internacional en su informe. Amnistía  Internacional reafirma que JBS debería haber aplicado las medidas de diligencia debida y de prevención para fines de 2020. Los compromisos asumidos por la empresa tienen que ser efectivos en la práctica y deben ser sentidos por quienes viven en la Amazonía”, señala Jurema, directora de Anistia Internacional Brasil.

Todo está conectado

La Amazonía brasileña ha cobrado protagonismo en todo el mundo en los últimos años, pero no por la riqueza de su biodiversidad, sino por una preocupante combinación de deforestación, incendios y actividad ganadera. Todo está conectado, como lo viene advirtiendo Amnistía Internacional desde 2019.

El informe “De la selva a la hacienda” es el tercer trabajo de un diagnóstico que Amnistía a Internacional viene desarrollando en la Amazonía brasileña desde principios de 2019. Y continúa las investigaciones anteriores realizadas por Amnistía Internacional en zonas protegidas de la Amazonía, alertando sobre el riesgo inminente de conflictos y deforestación, documentando la violencia contra los pueblos indígenas y exponiendo la ganadería como el principal factor que impulsa la nueva ola de deforestación en la selva.

Los incendios en la mayor selva tropical del mundo, que en 2019 movilizaron a políticos y artistas extranjeros para exigir la protección de la Amazonía, fueron solo el principio de una ecuación que genera daños ambientales y sociales. La mayoría de estos incendios forman parte de un proceso más amplio por el que la selva amazónica se convierte ilegalmente en zonas de pastoreo para el ganado, señala el informe “Cercar e trazer o boi: pecuária bovina ilegal na Amazônia” (Cercar y traer el buey: la ganadería ilegal en la Amazonía).

Además de los incendios, la deforestación, que viene acumulando continuos récords en los últimos años, abre el camino a las violaciones de los derechos humanos, como la posesión de tierras con documentos ilegales y las invasiones llevadas a cabo con métodos violentos y amenazas de muerte.

“Amnistía Internacional subraya que todo está relacionado: los incendios, la deforestación y la ganadería en la Amazonía. Todas estas acciones generan graves violaciones de los derechos humanos a las que hay que poner fin urgentemente. Es obligación de los gobiernos estatales y el federal invertir en la inspección y fomentar la protección de los bosques. Y las empresas que operan en la región, como JBS, también deberían unirse para llevar a cabo sus actividades de forma económica, social y ambientalmente segura”, acota Jurema.