Los líderes mundiales deben abordar el infame historial de derechos humanos del Reino ahora que Arabia Saudí asume la presidencia del foro económico global G-20. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy. Está previsto que Arabia Saudí asuma la presidencia del G-20 el 1 de diciembre, y que la próxima cumbre del G-20 se celebre en Riad.
Amnistía Internacional insta a los miembros del G-20 a presionar a las autoridades saudíes para que se comprometan a poner fin a los patrones de atroces violaciones de derechos humanos. Los Estados miembros del G-20 que siguen beneficiándose del comercio de armas con Arabia Saudí, incluidos Estados Unidos, Reino Unido y Francia, deben considerar en qué medida son cómplices de las violaciones de derechos humanos cometidas por la coalición liderada por Arabia Saudí en el conflicto de Yemen, y deben poner fin a esas transferencias de armas hasta que se hayan remediado esas violaciones de derechos humanos.
“Arabia Saudí asume la presidencia del G-20 en medio de una nueva oleada de detenciones arbitrarias de personas que critican al gobierno pacíficamente, mientras muchos defensores y defensoras de los derechos humanos se siguen consumiendo entre rejas, y poco más de un año después del atroz homicidio de Jamal Khashoggi Los líderes mundiales presentes en el G-20 deben presionar al príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, para que garantice el disfrute de todos los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica”, ha manifestado Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Los líderes del G-20 no deben seguir ignorando el horrendo historial de derechos humanos del Reino en aras de los lucrativos vínculos empresariales. Como presidente del G-20, Arabia Saudí es responsable de garantizar que las cuestiones que ha incluido en la agenda del G-20 se abordan de maneras que alcancen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos un crecimiento económico justo, la lucha contra el cambio climático, la energía, la seguridad del agua y los alimentos, y el empoderamiento de las mujeres. ¿Cómo puede un país con un historial tan atroz de derechos humanos en su propio territorio garantizar el respeto por los derechos humanos en un proceso internacional tan importante?”
Arabia Saudí tiene un historial terrible en materia de derechos humanos. Las autoridades han llevado a cabo sistemáticamente detenciones arbitrarias de activistas pacíficos, periodistas, intelectuales y defensoras de los derechos humanos, así como ejecuciones tras juicios injustos y tortura y otros malos tratos infligidos de forma habitual bajo custodia.
Las principales defensoras de los derechos humanos del país siguen sometidas a juicio desde marzo de 2019 por su activismo pacífico en favor de los derechos humanos y por su trabajo para promover los derechos de las mujeres en el país. Las autoridades también siguen deteniendo sin cargos a decenas de personas por ejercer pacíficamente su libertad de expresión o por apoyar reformas. Un año después de la ejecución extrajudicial de Jamal Khashoggi, nadie ha rendido cuentas. En abril de 2019, las autoridades llevaron a cabo una ejecución colectiva de 37 hombres, la mayoría ejecutados tras juicios flagrantemente injustos. Al menos 15 de los ejecutados dijeron al tribunal que sus “confesiones” habían sido extraídas mediante tortura, pero el tribunal no investigó sus denuncias y los condenó a muerte.