La condena de nueve años de cárcel y otros tantos de prohibición de viaje impuesta al activista de derechos humanos Issa al-Hamid es la última prueba de que las autoridades de Arabia Saudí están decididas a continuar atacando despiadadamente a la sociedad civil del país, ha dicho Amnistía Internacional.
El defensor de los derechos humanos Issa al-Hamid es miembro fundador de la organización independiente de derechos humanos Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos (ACPRA). La mayoría de los miembros fundadores de esta organización están cumpliendo largas condenas de cárcel por su activismo pacífico en favor de los derechos humanos y sus peticiones de reforma.
“El implacable afán de las autoridades saudíes por erradicar hasta el último vestigio de disidencia sigue adelante con la condena de Issa al-Hamid, un valiente activista cuyo único ‘delito’ ha sido promover los derechos humanos en el país”, ha dicho James Lynch, director adjunto del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Esta sentencia transmite un mensaje aterrador: que el gobierno de Arabia Saudí no dejará de atacar la libertad de expresión hasta que haya eliminado el último resquicio de actividad en la sitiada sociedad civil. La sentencia de Issa al-Hamid debe ser anulada inmediatamente y el activista debe quedar en libertad sin condiciones.”
Issa al-Hamid ha sido declarado culpable por el Tribunal Penal Especializado, un hermético tribunal antiterrorista que las autoridades utilizan cada vez más para condenar a defensores de los derechos humanos y otros disidentes pacíficos a largas penas de cárcel tras juicios flagrantemente injustos y a menudo con el pretexto de combatir el “terrorismo”.
El tribunal lo declaró culpable de una larga lista de cargos, como “incitación a perturbar el orden público”, “difamación del Consejo de Ulemas” (eruditos religiosos), “insultos a la judicatura”, “creación de una organización no autorizada”, comunicación de falsa información para socavar la “imagen del Estado” y “violación de la Ley de Delitos Informáticos”.
Los cargos tienen que ver con una serie de declaraciones y artículos publicados en Internet en los que el activista se pronuncia sobre diversos asuntos, como el derecho a manifestarse, pide al rey que ordene una investigación sobre los abusos contra los derechos humanos perpetrados por el Ministerio del Interior saudí y pone de manifiesto el acoso que este ministerio ejerce sobre las familias de los presos políticos.
Los dos hermanos de Issa al-Hamid, Abdullah al-Hamid y Abdulrahman al-Hamid, también miembros fundadores de ACPRA, han sido igualmente atacados por su trabajo en favor de los derechos humanos y actualmente cumplen condenas de 11 y nueve años de cárcel respectivamente por su activismo pacífico. Abdullah al-Hamid fue encarcelado en marzo de 2013 junto con Mohammad al-Qahtani, también miembro fundador de ACPRA, cuando las autoridades ordenaron la clausura de la organización.
Otro miembro de ACPRA, el ex juez Sulaiman al-Rashudi, de 80 años de edad, fue detenido en 2012, dos días después de pronunciar una conferencia sobre la legalidad de las protestas pacíficas en virtud de la ley islámica, y actualmente cumple una condena de 15 años de cárcel. Otros miembros fundadores de ACPRA que están encarcelados son Abdulkareem al-Khoder, Fowzan al-Harbi y Mohammed al-Bajadi, este último recientemente trasladado a un “centro de rehabilitación” para “terroristas” tras haber terminado de cumplir su condena de cuatro años de cárcel.
“Las autoridades de Arabia Saudí parecen dispuestas a silenciar a los miembros de ACPRA y a todos los demás defensores de los derechos humanos uno a uno, en una implacable campaña de persecución para eliminar cualquier rastro de disidencia”, ha dicho James Lynch.
“Esta represión sistemática de activistas pacíficos en nombre de la lucha contra el terrorismo parece encaminada precisamente a aterrorizar y castigar a toda persona que saque a la luz las graves violaciones de derechos humanos que las autoridades quieren ocultar al mundo”.
Como en el caso de Issa al-Hamid, muchos miembros de ACPRA y otros defensores de los derechos humanos han sido condenados por fundar “organizaciones no autorizadas”. El motivo es que el gobierno estuvo siete años sin aprobar una ley de asociaciones, aunque la Asamblea Consultiva había aprobado en 2008 el correspondiente proyecto del ley.
En noviembre de 2015, las autoridades de Arabia Saudí por fin aprobaron una nueva ley de asociaciones que, a pesar de estar basada en gran medida en el proyecto de ley de 2008, es más restrictiva, pues otorga al Ministerio de Asuntos Sociales amplias facultades discrecionales, como la de negar la autorización a nuevas organizaciones y disolverlas si las considera “lesivas para la unidad nacional”. Además, todas las referencias a las “organizaciones de derechos humanos” que figuraban en el proyecto de 2008 han sido eliminadas.