Argelia: La represión socava el proceso de reforma constitucional

“La implacable campaña de detenciones arbitrarias masivas y represión de activistas y manifestantes por parte de las autoridades argelinas puede socavar la credibilidad del proceso de reforma constitucional de Argelia”, ha declarado hoy Amnistía Internacional. Un comité designado por el presidente ha redactado un anteproyecto de reforma constitucional que se remitirá al presidente de la República para su aprobación definitiva.

En un memorándum enviado a las autoridades, Amnistía Internacional expresó su preocupación por varias disposiciones del anteproyecto de reforma constitucional, como las relativas al derecho a la libertad de expresión y de reunión y al derecho a la vida, aunque acogió con satisfacción que se reforzara el texto en materia de derechos de las mujeres y derechos económicos y sociales.

La represión contradice la promesa que hizo el presidente Tebboune cuando llegó al poder el año pasado de “consolidar la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos” mediante reformas constitucionales esenciales.

“Si las autoridades argelinas quieren que este proceso de nueva redacción de la Constitución se tome en serio como parte de su compromiso expreso con los derechos humanos, deben dejar de arrestar a activistas de la oposición y liberar a todas las personas que ya hayan sido detenidas o condenadas únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión”, ha manifestado Heba Morayef, directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Mientras se consumen entre rejas activistas políticos y de la sociedad civil pacíficos, así como periodistas, el anteproyecto de Constitución sigue siendo un recordatorio de que las promesas formuladas hace tiempo por las autoridades de escuchar al movimiento de protesta Hirak están muy lejos de ser realidad”.

Reforma constitucional:

Desde que en diciembre de 2019 el presidente Tebboune anunciara tras las elecciones una reforma constitucional, ha habido una absoluta falta de transparencia sobre el proceso y el calendario. En lugar de publicar el anteproyecto en Internet para que esté a disposición de la población, las autoridades anunciaron que se había enviado una copia a personas y grupos seleccionados para que realizaran comentarios.

Argelia es parte en varios tratados de derechos humanos, entre los que figuran la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Algunas de las enmiendas propuestas no se ajustan a las normas internacionales sobre otros derechos humanos, como el derecho a la vida, ya que mantienen abierta la posibilidad de recurrir a la pena de muerte. Los cambios propuestos reforzarían las facultades del Consejo Judicial Supremo, que es un órgano supervisor autónomo, aunque el gobierno seguiría manteniendo un control significativo sobre el sistema judicial, por ejemplo al mantener al presidente de la República como presidente del Consejo y otorgándole la facultad de designar directamente cargos judiciales importantes.

Las enmiendas propuestas en el anteproyecto también establecen que la libertad de prensa no debe someterse a limitaciones ni censura previas, pero luego la supedita al respeto de “los valores religiosos, morales y culturales fundamentales de la nación”, y a su regulación mediante la ley, lo que deja abierta la posibilidad de que las autoridades repriman a periodistas y otras personas por criticar al gobierno. Aunque también está contemplada la libertad de expresión, su supeditación a la legislación nacional permitirá mantener leyes represivas, como las enmiendas de abril de 2020 del Código Penal que sancionan con penas de prisión de hasta tres años la difusión de “noticias falsas”.

Aunque las enmiendas del anteproyecto propuestas consagran el derecho de reunión pacífica, también en este caso la regulación de “condiciones y procedimientos” corresponde a la Ley de Reuniones, que establece duras sanciones penales para las “concentraciones no armadas”, disposición que a menudo se emplea para detener y enjuiciar a la disidencia pacífica.

Información general:

El viernes 19 de junio se reanudaron las protestas de Hirak y los agentes de policía arrestaron al menos a 500 manifestantes en 23 ciudades, según la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos. Muchas de estas personas quedaron en libertad sin cargos, pero al menos 70 de ellas fueron procesadas en aplicación de disposiciones del Código Penal entre las que figuraban “incitar a concentración no armada” y “poner en peligro la vida de terceros” durante una pandemia, que pueden acarrear penas de cinco años de cárcel. Varios tribunales argelinos dictaron detención en espera de juicio para al menos 12 de las 70 personas.

El 21 de junio, un tribunal de Cheraga condenó a Amira Bouraoui —médica, activista y lideresa del movimiento de protesta Barakat, que en 2014 se opuso a que el presidente Buteflika se presentara a un cuarto mandato— a un año de prisión por publicar en Internet comentarios críticos con el presidente Tebboune.

A fecha de 21 de junio, al menos 69 activistas, entre ellos figuras políticas y de la sociedad civil de Hirak, como Karim Tabbou y Samir Belarbi, permanecen detenidas únicamente por expresar sus opiniones en Internet o participar en manifestaciones pacíficas.