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Aunque la ley iraquí de reparación a yazidíes sobrevivientes es un avance importante, el gobierno debe escuchar el consejo de la sociedad civil para garantizar su aplicación adecuada

29, Jun. 2021 | Categoría: ,

Nicolette Waldman, investigadora del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional

Sahir vivía en un campo para personas internamente desplazadas en el norte de Irak cuando hablé con él la primera vez.

Me contó que, con sólo 15 años, había sido secuestrado de su domicilio por el grupo autodenominado Estado Islámico en Irak. Tras varios meses de instrucción militar e incontables horas de adoctrinamiento, el grupo lo obligó a luchar en Siria, donde Sahir sufrió numerosas lesiones. Fue enviado al hospital para reponerse, y de allí logró escapar de sus captores.

Sin embargo, casi tres años después de volver a Irak, sigue sin recuperar el ánimo. Como tantos de los 2.000 niños y niñas yazidíes que se calcula que han sobrevivido al cautiverio del Estado Islámico, cuya situación fue documentada por Amnistía Internacional en 2020, Sahir no había recibido ninguna ayuda desde su regreso.

“Yo sólo buscaba a alguien que se preocupara por mí y me diera algún apoyo —dijo—. Alguien que me pusiera la mano en el hombro y me dijera que todo irá bien.”

Cuando volví a hablar con él recientemente, me contó que aún sigue atrapado en el campo, esperando, luchando por sobrevivir y sin recibir ningún apoyo.

Pero un posible giro de la situación se cierne sobre las personas sobrevivientes como Sahir.

El 1 de marzo de 2021, el Parlamento iraquí aprobó la Ley de sobrevivientes yazidíes, que establece un marco de reparación para quienes sobrevivieron a los crímenes del Estado Islámico. Entre las personas beneficiarias de esta ley se incluyen las mujeres y niñas que sufrieron violencia sexual así como sobrevivientes de secuestros infantiles.

Aunque la ley va dirigida a la comunidad yazidí, también incluye en su ámbito de aplicación a sobrevivientes de las minorías cristiana, turcomana y shabak. La ley establece, entre otras ayudas, un mes de sueldo, una vivienda o un terreno, apoyo para reincorporarse a la escuela y acceso a servicios de salud y psicosociales.

Por desgracia, hay una significativa omisión en esta ley de sobrevivientes: no aborda las necesidades de los niños y niñas nacidos de la violencia sexual perpetrada por miembros del Estado Islámico ni las necesidades de sus madres. Aunque hubo mujeres yazidíes que decidieron separarse de sus hijos o hijas nacidos de la violencia sexual, hemos concluido que a otras muchas las separaron a la fuerza de ellos y están desesperadas por recuperarlos.

Las autoridades iraquíes deben abordar la terrible situación de estas mujeres y menores, incluyendo expresamente en las reparaciones a los niños y niñas nacidos de la violencia sexual y tomando todas las medidas necesarias para garantizar que estas mujeres, niños y niñas pueden vivir juntos en condiciones seguras.

Aun así, la aprobación de la Ley de sobrevivientes es un gran logro. Con las medidas de reparación exhaustivas y completas que contiene, esta ley tiene el potencial de convertirse en un modelo de referencia para futuros programas de reparación, sirviendo de ejemplo a otros gobiernos sobre cómo cumplir sus obligaciones hacia las personas sobrevivientes.

Sin embargo, para que así sea, el texto de la ley debe transformarse en realidad.

En las últimas semanas, Amnistía Internacional ha consultado con actores de la sociedad civil de Irak, como The SEED FoundationYazdaFree Yezidi Foundation y The Coalition for Just Reparations (C4JR), alianza de 31 organizaciones no gubernamentales iraquíes. La aprobación de esta ley fue posible gracias a la incansable labor de incidencia de estas organizaciones y otros actores de la sociedad civil así como sobrevivientes.

Para que la ley alcance todo su potencial, el Consejo de Ministros, encargado de redactar las normas para su aplicación, debería tener en cuenta el consejo de estos grupos. Aunque las recomendaciones son amplias y detalladas, tres de ellas son especialmente importantes.

En primer lugar, la aplicación de la ley debe centrarse en las personas sobrevivientes: quienes participen en la provisión de servicios a estas personas deberán respetar su intimidad y confidencialidad, informarlas plenamente de sus derechos, solicitar su consentimiento informado y animarlas a aportar información y opiniones sobre el proceso.

En segundo lugar, el proceso de solicitud para recibir apoyo estatal debe evitar que quienes han sobrevivido revivan el trauma. Para determinar si una persona tiene derecho a recibir asistencia y apoyo económico no se deben emplear métodos de investigación invasivos ni se les debe exigir que revelen la violencia sexual ni otros crímenes que han padecido. Los testimonios de sobrevivientes deben ser corroborados, si es posible, mediante la amplia documentación ya recopilada en Irak.

Por último, la aplicación de la ley debe ser efectiva para todas las personas sobrevivientes con derecho a ser beneficiarias, que deberían poder presentar sus solicitudes en persona, por Internet o con ayuda de terceros o de una organización. Como ha argumentado recientemente la misión iraquí de la Organización Internacional para las Migraciones, las numerosas personas sobrevivientes que residen fuera de Irak también deberían tener acceso y ser animadas a solicitar reparación en aplicación de la ley.

Según Sahir, la forma de aplicar la Ley de sobrevivientes y, por supuesto, el hecho mismo de que se aplique, será una prueba de fuego a los ojos de la comunidad yazidí.

“Para la población yazidí es difícil volver a confiar en el gobierno —explicó—. De momento no ha hecho nada por nuestro pueblo. Ahora ha salido con esta ley pero no sabemos si la va a cumplir. Es su ocasión de demostrarlo.”

Nota: El nombre se ha cambiado para proteger su identidad.

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