Un nuevo informe que publica hoy Amnistía Internacional arroja luz sobre las tácticas represivas que ha empleado el gobierno de Bahréin el último año para aplastar a la sociedad civil y reprimir violentamente las protestas, que ya han causado la muerte de seis personas, una de ellas menor de edad.
“No one can protect you”: Bahrain’s year of crushing dissent documenta que, entre junio de 2016 y junio de 2017, las autoridades detuvieron, torturaron, amenazaron o sometieron a la prohibición de viajar al menos a 169 personas que criticaban al gobierno, así como a familiares suyos.
“Mediante toda una serie de herramientas de represión, como el acoso, la detención arbitraria y la tortura, el gobierno de Bahréin ha logrado aplastar a una sociedad civil antes floreciente y reducirla a un puñado de voces solitarias que aún se atreven a hablar”, ha afirmado Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“La mayoría de quienes formulan críticas pacíficamente, sean defensores y defensoras de los derechos humanos o activistas políticos, sabe ya que el riesgo de expresar su opinión es demasiado alto en Bahréin.”
Represión de la libertad de expresión
Desde mediados de 2016, las autoridades bahreiníes llevan a cabo una campaña sistemática para eliminar la libertad de expresión en el país. Los principales objetivos de esta represión de gran alcance son los defensores y defensoras de los derechos humanos, las personas que ejercen el periodismo, los activistas políticos, los clérigos chiíes y quienes protestan pacíficamente. Los y las activistas que viven fuera del país también han sufrido acoso e intimidación.
Las autoridades emplean de forma creciente disposiciones del Código Penal bahreiní que criminalizan la libertad de expresión para enjuiciar a decenas de personas sólo por expresar su opinión.
El destacado defensor de los derechos humanos y presidente del Centro de Derechos Humanos de Bahréin Nabeel Rajab es uno de los defensores de los derechos humanos que más ha sufrido esta represión en Bahréin. Sigue encarcelado como preso de conciencia tras haber sido condenado a dos años de prisión por unas entrevistas que concedió a los medios de comunicación, y podría ser condenado a 15 años más de cárcel sólo por tuitear.
Justo antes de que fuera detenido de nuevo en junio de 2016, dijo a Amnistía Internacional:
“El año pasado me encarcelaron cinco veces… La mayor parte del tiempo me prohíben viajar, me acosan, me encarcelan, me torturan y atacan mi casa con balas de goma y gas lacrimógeno… Mis hijos [son] acosados por el gobierno, [al igual que] mi esposa, mi familia, mi madre, a quien perdí cuando estaba en prisión y a la que no pude ver antes de que muriera.”
Tortura
Entre junio de 2016 y junio de 2017, Amnistía Internacional recibió información sobre los casos de nueve personas que criticaban al gobierno y que habían sido torturadas bajo custodia, ocho de ellas solamente en mayo de 2017.
Una de ellas era la defensora de los derechos humanos Ebtisam al Saegh. Ebtisam contó a Amnistía Internacional que el 26 de mayo le vendaron los ojos, la agredieron sexualmente, la golpearon y la obligaron a permanecer de de pie la mayor parte del interrogatorio de siete horas al que la sometió la Agencia de Seguridad Nacional. “Me arrebataron mi humanidad”, dijo.
“Hemos recibido denuncias espantosas de tortura en Bahréin. Deben investigarse de forma inmediata y efectiva, y los responsables deben responder ante la justicia”, ha manifestado Philip Luther.
Amnistía Internacional pide a las autoridades bahreiníes que permitan el acceso del relator especial de la ONU sobre la tortura, así como de las organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, para observar el deterioro de la situación de los derechos humanos.
Desmantelamiento de la oposición política
Durante ese periodo de un año, el gobierno de Bahréin también emprendió una campaña sin cuartel para desmantelar la oposición política del país, y disolvió Al Wefaq, el principal grupo de oposición, y Waad, partido político laico de oposición, basándose en acusaciones infundadas. Las autoridades continuaron encarcelando o acosando a líderes políticos y miembros de grupos de oposición, y en mayo de 2017, intensificaron sus intentos de silenciar a los activistas políticos deteniéndolos para interrogarlos; algunos de ellos denunciaron que durante estos interrogatorios los amenazaron, los torturaron o los sometieron a malos tratos.
Represión de la libertad de reunión
El acto de represión de la libertad de reunión más destacado se cometió en la población de Duraz, lugar de origen del destacado líder espiritual chií Sheikh Isa Qassem. Después de que el gobierno le retirase arbitrariamente la nacionalidad en junio de 2016, estallaron grandes protestas en todo el país y durante 11 meses se hizo una sentada diaria delante de su casa.
En respuesta, las autoridades bahreiníes aplicaron la legislación que prohíbe las reuniones pacíficas y entre junio y noviembre de 2016, más de 70 manifestantes, clérigos chiíes y activistas fueron acusados de participar en una “reunión ilegal”.
Desde principios de 2017, las fuerzas de seguridad bahreiníes, incluida la Agencia de Seguridad Nacional, vienen usando de forma creciente la violencia para responder a protestas en gran medida pacíficas. Amnistía Internacional ha documentado que agentes de seguridad han golpeado a manifestantes, lanzado gas lacrimógeno y usado escopetas y fusiles semiautomáticos directamente contra manifestantes, y llevado vehículos blindados y de transporte de personal a las protestas.
Mustapha Hamdan, de 18 años, murió tras recibir un disparo en la parte posterior de la cabeza cuando huía de unos agentes enmascarados en enero de 2017. Cinco personas más, entre ellas un joven de 17 años, murieron en mayo en enfrentamientos en Duraz, en los que resultaron heridas centenares de personas y fueron detenidas 286. También resultaron heridos 31 agentes de seguridad.
Una respuesta internacional muy insuficiente
Pese al empeoramiento de la situación y a las flagrantes violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en Bahréin, la mayoría de los gobiernos guarda silencio o hace críticas públicas moderadas. Entre ellos figuran los de Reino Unido y Estados Unidos, dos países que tienen una influencia especialmente grande en Bahréin.
Reino Unido ha seguido elogiando el “progreso en su programa de reformas”, al mismo tiempo que amortigua sus comentarios ocasionales sobre la situación de los derechos humanos.
Estados Unidos criticó públicamente a Bahréin durante el gobierno de Obama, y en septiembre de 2016 anunció que las ventas de aviones de combate a este país dependerían del “progreso en materia de derechos humanos”. Sin embargo, desde la elección del presidente Donald Trump, se ha producido un cambio notable. En marzo de 2017, el presidente Trump levantó las condiciones para la venta de aviones de combate y, dos meses después, dijo al rey Hamad de Bahréin que “no habrá tensión con este gobierno”. Al parecer, Bahréin ha interpretado esta declaración como una luz verde para aplicar su represión, y apenas dos días después aplastó violentamente las protestas de Duraz.
“El hecho de que Reino Unido, Estados Unidos y otros países que tienen influencia en Bahréin no hayan denunciado en el último año el catastrófico deterioro de los derechos humanos en este país ha envalentonado en la práctica al gobierno para intensificar su esfuerzo por silenciar las pocas voces disidentes que quedan”, ha declarado Philip Luther.
“Si las autoridades prosiguen esta represión sin control, la perspectiva para los derechos humanos en Bahréin es sombría Deben empezar frenando inmediatamente a sus fuerzas de seguridad, excarcelando a los presos y presas de conciencia, y permitiendo que vuelvan a actuar las organizaciones prohibidas de la sociedad civil. Además, deben asegurarse de que se hace justicia a las personas que han sido sometidas a tortura y a otras violaciones graves de derechos humanos.”