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BANGLADESH DEVUELVE A PERSONAS REFUGIADAS ROHINGYAS PESE A LOS CASTIGOS COLECTIVOS EN MYANMAR

25, Nov. 2016 | Categoría: ,

jovenrohingyarezandoSe detiene y devuelve a personas refugiadas y solicitantes de asilo rohingyas

Falta de agua, comida y atención médica

Ambos gobiernos impiden a miles de personas el acceso a la ayuda humanitaria

Terribles detalles de ataques militares a pueblos en Myanmar

En violación flagrante del derecho internacional, mientras las autoridades de Myanmar someten a castigos colectivos a la minoría musulmana rohingya, se está devolviendo allí a miles de personas refugiadas que han llegado a Bangladesh y necesitan desesperadamente asistencia humanitaria, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

“Los rohingyas están sometidos a la presión de las medias insensibles que aplican tanto las autoridades de Myanmar como las de Bangladesh. Huyen de los castigos colectivos en Myanmar, y las autoridades bangladeshíes las devuelven allí. Están atrapados entre estas dos crueles alternativas, sin que se atienda su necesidad desesperada de comida, agua y atención médica.»

Los rohingyas huyen de la política de castigos colectivos que se aplica en Myanmar en el norte del estado de Rakhine, donde las fuerzas de seguridad están llevando a cabo ataques indiscriminados como represalia por uno lanzado el 9 de octubre contras tres puestos fronterizos, en el que murieron nueve miembros de la policía de fronteras.

Hablando con miembros de la comunidad rohingya llegados a Bangladesh y en entrevistas con otros que seguían en Myanmar, Amnistía Internacional ha escuchado relatos de ataques de fuerzas de seguridad de Myanmar dirigidas por militares contra pueblos, donde ametrallaban a la gente desde helicópteros, quemaban centenares de viviendas, practicaban detenciones arbitrarias y violaban a mujeres y niñas.

Al otro lado del río Naf, que separa Myanmar de Bangladesh, los refugiados y solicitantes de asilo rohingyas llegados aquí se ven obligados a esconderse y sufren una falta grave de alimentos y atención médica, a juzgar por lo observado por Amnistía Internacional en el distrito de Cox’s Bazar.

Devoluciones

Las autoridades bangladeshíes han tomado medidas estrictas contra la afluencia de refugiados y solicitantes de asilo rohingyas desde Myanmar. En la última semana, la guardia de fronteras de Bangladesh ha detenido y devuelto a centenares.

Esta decisión viola el principio de no devolución (non-refoulement ), prohibición absoluta, en virtud del derecho internacional, de devolver a ninguna persona a un país o lugar donde esté expuesta a sufrir graves violaciones de derechos humanos.

Las autoridades bangladeshíes han sellado y fortificado, además, la frontera con Myanmar, desplegando allí fuerzas de la guardia de fronteras y de la guardia costera. Desde 1992, el gobierno de Bangladesh aplica la política de negar a los rohingyas la condición de refugiado.

El 22 de noviembre, Amnistía Internacional vio a grupos de rohingyas cruzar la frontera cerca de Whaikyang, pueblo blangladeshí ribereño del Naf. Parecían agotados y macilentos, con signos en los rostros de un penoso viaje.

Dijeron a Amnistía Internacional que habían llegado a Bangladesh la noche anterior, esperando hasta el amanecer en una isla próxima para que los guardias bangladeshíes no los descubrieran.

Se cree que recientemente han entrado en Bangladesh varios millares de refugiados y solicitantes de asilo rohingyas. Está esparcidos por pueblos, campos de refugiados y asentamientos informales, por lo que es imposible determinar su número exacto. Al menos 2.000 personas han cruzado el río Naf desde el 21 de noviembre, y se esperan más llegadas en los días siguientes.

Algunas dijeron a Amnistía Internacional que habían pagado a contrabandistas para que las cruzaran. Otras confesaron haber sobornado a guardias de fronteras u otros funcionarios bangladeshíes para que las ayudaran a cruzar la frontera sin ser interceptadas.

“El gobierno de Bangladesh no debe agravar el sufrimiento de los rohingyas. Debe reconocerlos y protegerlos como refugiados que huyen de persecución, no sancionarlos por ser lo que son”, ha añadido Champa Patel.

Condiciones inhumanas y degradantes

La mayoría de los rohingyas que han conseguido llegar a Bangladesh han intentado buscar refugio en campos improvisados por todo el distrito de Cox’s Baza, donde se asentaron refugiados y solicitantes de asilo llegados en oleadas anteriores.

El agua y la comida escasean. Los trabajadores de ayuda humanitaria de la zona han dicho a Amnistía Internacional que, incluso antes de estas últimas llegadas, los habitantes de los campos sufrían ya malnutrición grave.

Las últimas llegadas han supuesto una enorme presión para los refugiados y solicitantes de asilo rohingyas que había ya en Bangladesh, que les han abierto sus hogares, pese a vivir ya muy apretados en ellos.

Un hombre que vive en el campo de refugiados improvisado de Kutupalong dijo a Amnistía Internacional:

“Soy el único sostén de mi familia. Somos siete, pero la semana pasada llegaron familiares de Myanmar y ahora vivimos 15 en la misma choza. Esta mañana no teníamos nada para comer. Tengo sólo dos longyis [vestimenta tradicional]: le ha dado uno a mi primo y llevo la única ropa que tengo.”

Una mujer de 40 años, que decía que había huido a Bangladesh tras matar el ejército de Myanmar a su esposo y a uno de sus hijos, no pudo encontrar refugio en el campo para sus dos hijos de corta edad y para ella.

“Dormimos a la intemperie, en el barro”, dijo. “Mi hijo tiene dos años y no para de llorar; pasa mucho frío por las mañanas. Aún así, comparado con Myanmar, Bangladesh me parece el paraíso.”

Muchas de las personas que llegan están sumidas en la pobreza extrema y necesitan atención médica. Fuentes fidedignas confirmaron a Amnistía Internacional que varias personas han cruzado la frontera con heridas de bala sin curar. Pero los rohingyas decían que no solicitaban atención en los pocos centros médicos de la zona por temor a que los detuvieran y los expulsaran del país.

Aunque muchos bangladeshíes han recibido bien a los recién llegados y les han ofrecido ayuda, los rohingyas son presa de los ladrones locales.

“Cuando cruzamos la frontera, algunas personas de la zona nos atacaron y nos robaron. Nos quitaron todo lo que teníamos”, dijo una niña de 16 años que había pagado a contrabandistas para que la llevaran a Bangladesh el 21 de noviembre. 

“Depender de la generosidad de bangladeshíes que viven ya en la pobreza y de personas que llevan mucho tiempo siendo refugiados es insostenible. Los millares de personas que han cruzado la frontera necesitan desesperadamente ayuda. Las autoridades bangladeshíes deben permitir de inmediato a los grupos de asistencia humanitaria el acceso sin restricciones a quienes huyen de la creciente persecución en Myanmar”, ha afirmado Champa Patel.

Castigos colectivos en el estado de Rakhine

Desde el ataque del 9 de octubre contra puestos de la policía de fronteras, Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han recibido información sobre constantes violaciones de derechos humanos perpetradas por el ejército de Myanmar en el norte del estado de Rakhine en el curso de operaciones de seguridad. La ONU calcula que se han visto desplazadas de sus hogares 30.000 personas.

“La respuesta del ejército a los ataques contra las fuerzas de seguridad de hace seis semanas va más allá de lo necesario y proporcional. En vez de investigar y detener a sospechosos concretos, el ejército ha llevado a cabo operaciones que constituyen castigos colectivos.

“Al ir dirigidas contra personas que, claramente, no participaron en tales ataques, familias enteras y pueblos enteros, estas operaciones parecen dirigidas contra los rohingya en su conjunto, debido a su etnia y su religión.”

El gobierno de Myanmar ha negado todas las denuncias de violaciones de derechos humanos perpetradas por su ejército, pero al mismo tiempo ha bloqueado el acceso a la ayuda humanitaria y prohibido en la práctica la entrada en la zona de observadores de los derechos humanos y periodistas independientes.

Las versiones del gobierno de Myanmar carecen de credibilidad. Si no tiene nada que ocultar, debe permitir el acceso de observadores independientes, incluidos observadores de derechos humanos, trabajadores de ayuda humanitaria y periodistas”, ha señalado Champa Patel.

Los miembros de la comunidad rohingya entrevistados, tanto en Bangladesh como en Myanmar, describían con terribles detalles las acciones del ejército de Myanmar, incluidas detenciones arbitrarias, homicidios ilegítimos e incendios de viviendas.

“Estos y otros relatos de violaciones de derechos humanos deben ser investigados de inmediato y de manera verdaderamente independiente, imparcial y efectiva. La única solución real, tanto a corto como a largo plazo, radica en el respeto de los derechos humanos de los rohingyas en Myanmar. A largo plazo, se debe poner fin a la discriminación arraigada y sistemática contra los rohingyas.”

Testimonios

Un rohingya describió así, a Amnistía Internacional, como las fuerzas de seguridad habían legado a su pueblo, en Myanmar, disparando al aire y sembrando el pánico:

“Luego dispararon a la gente que huía. Rodearon el pueblo y fueron de casa en casa. Insultaban a la gente. Amenazaban con violar a las mujeres diciendo: ‘Vamos a violar a vuestras mujeres kalar ’.”

“Kalar” o “extranjero” es un calificativo racial utilizado despectivamente contra la comunidad rohingya.

Una mujer que habló con Amnistía Internacional desde Myanmar contó que las fuerzas de seguridad habían detenido arbitrariamente a sus dos hijos:

“De madrugada, los militares rodearon la casa, mientras unos entraban y nos obligaban a mis hijos y a mí a salir. Ataron a mis dos hijos. Los ataron las manos a la espalda y los golpearon brutalmente. Los militares les dieron patadas en el pecho. Lo vi con mis propios ojos. Yo lloraba y gritaba. Mientra lloraba, [los militares] me apuntaron con un arma. Mis hijos les rogaban que nos los golpearan. Estuvieron golpeándolos alrededor de media hora antes de llevárselos.”

No los ha visto ni ha sabido nada de ellos desde entonces.

Un hombre de 38 años que habló con Amnistía Internacional en Bangladesh tras su llegada allí 22 de noviembre dijo:

“El ejército secuestró a mi hermana y a mi hermano. Vi con mis propios ojos cómo los militares prendían fuego a nuestro pueblo y cómo los soldados violaban a las mujeres y las niñas.” 

Una mujer de 44 años dijo que había visto al ejército detener y esposar a jóvenes del pueblo, matarlos a tiros y arrojarlos a fosas comunes. Añadió que el ejército utilizaba lanzacohetes de mano, lo que coincide con la información de otros testigos sobre el uso de tales armas y acciones.

Un hombre de 58 años explicó a Amnistía Internacional en Bangladesh que había cruzado la frontera huyendo, tras disparar los helicópteros artillados contra su pueblo y los de alrededor. Dijo:

“Vimos helicópteros disparar contra el pueblo. Corrimos a la selva para salvar la vida.”

Información complementaria: La población rohingya de Bangladesh

Están llegando a Bangladesh oleadas de refugiados y solicitantes de asilo rohingyas de Myanmar al menos desde la década de 1970. Hay unos 33.000 refugiados rohingyas registrados viviendo en dos campos de Cox’s Bazar: Kutupalong y Nayapara.

Desde 1992, el gobierno bangladeshí se niega a reconocer la condición de refugiado a los rohingyas que llegan de Myanmar. Se calcula que hay entre 300.000 y 500.000 rohingyas indocumentados viviendo en Bangladesh, esparcidos por los dos campos improvisados próximos a Kutupalong y Leda y por localidades de todo el sureste del país.

Sin salvaguardias jurídicas, los rohingyas indocumentados están sumamente expuestos a sufrir explotación y abusos. Las limitadas oportunidades laborales obligan a muchos a dedicarse al tráfico de drogas y a la trata de seres humanos para ganarse la vida. Los casos de violación y otros actos de violencia sexual contra rohingyas indocumentadas son frecuentes, pues se las considera “presa fácil”, ya que no pueden denunciarlo en la policía porque temen ser detenidas.

El gobierno bangladeshí ha elaborado recientemente un censo de la población rohingya indocumentada, pero aún no lo ha hecho público. Afirma que el censo facilitará el acceso a los servicios y el reconocimiento de la situación legal básica a los rohingyas indocumentados.

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