Bangladesh debe imponer de inmediato la suspensión de las ejecuciones como primer paso hacia la abolición de la pena de muerte y garantizar que los procesos judiciales no se malogran debido a injerencias políticas; así lo ha afirmado Amnistía Internacional tras la confirmación de dos nuevas condenas de muerte a los dos días de su pronunciamiento.
El Tribunal Supremo de Bangladesh ha confirmado hoy la condena de muerte impuesta a Mohammad Kamaruzzaman, alto dirigente del partido de oposición Jamaat-e-Islami. Kamaruzzaman fue condenado a muerte inicialmente en mayo de 2013, por cargos de implicación en homicidios, por el Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladesh, que examina los acontecimientos de la guerra de independencia del país en 1971.
“El impulso incesante para dictar sentencias de muerte en Bangladesh es profundamente preocupante. Después de una interrupción de nueve meses a partir del anuncio de la última condena de muerte, otros tres hombres han sido condenados a morir ahorcados en el plazo de menos de una semana”, ha dicho Abbas Faiz, investigador de Amnistía Internacional sobre Bangladesh.
“Lejos de procurar justicia a los millones de víctimas de la guerra de independencia y a sus familiares, estas ejecuciones sólo servirán para perpetuar el ciclo de violencia.”
El domingo, 2 de noviembre, el Tribunal de Crímenes Internacionales condenó a muerte a otro dirigente de Jamaat, Mir Quasem Ali. La semana anterior, el 29 de octubre, el máximo dirigente de Jamaat, Motiur Rahman Nizami, había sido igualmente condenado a muerte.
La totalidad de las 12 sentencias dictadas por el Tribunal de Crímenes Internacionales desde su establecimiento en 2009 se ha impuesto a miembros de partidos de oposición, sobre todo individuos relacionados con Jamaat-e-Islami. Nueve de ellas fueron sentencias de muerte.
Tras la resolución del Tribunal Supremo sobre la apelación de Kamaruzzaman, el primer ministro bangladeshí, Sheij Hasina, afirmó que las sentencias de muerte serían ejecutadas, y el Fiscal General dijo en entrevistas a los medios de comunicación que no habría ninguna otra vía de recurso judicial.
La Constitución garantiza el derecho de los acusados a solicitar una revisión de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo como última vía de recurso. Pero la afirmación del Fiscal General en contra de la posibilidad de que haya más revisiones parece mermar este derecho.
“El resultado de las actuaciones del Tribunal de Crímenes Internacionales se ha politizado tremendamente. El gobierno no debe ceder a las presiones políticas de sus simpatizantes, sino conmutar de inmediato todas las condenas de muerte en el país y declarar la suspensión de las ejecuciones con vistas a la abolición absoluta”, ha dicho Abbas Faiz.
En la actualidad, 140 países han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. Bangladesh fue uno de los nueve países en todo el mundo que llevó a cabo ejecuciones todos los años entre 2009 y 2013.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución.
