En respuesta a la noticia de que las autoridades bielorrusas han detenido a Raman Pratasevich (ex redactor jefe de NEXTA, popular canal de oposición en Telegram) después de que el avión en el que volaba hiciera un aterrizaje de emergencia en Minsk, Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha declarado:
“La situación es sencilla. No caben apenas dudas de que las autoridades bielorrusas utilizaron una falsa amenaza de bomba y un caza de combate MiG para obligar a un avión que volaba de un país de la Unión Europea a otro a aterrizar, con el aparente propósito exclusivo de detener a un periodista crítico exiliado al que deseaban fervientemente silenciar”.
“Aunque suene como un extraordinario guion de Hollywood, no lo es. La realidad de este aparente acto de piratería aérea resulta escalofriante. La Unión Europea y el resto del mundo deben reaccionar sin demora y pedir la liberación inmediata de Raman Pratasevich. Deben permitirle abandonar Bielorrusia y viajar al país de su elección.”
Información complementaria
El 23 de mayo, Raman Pratasevich, de 26 años, que hasta septiembre de 2020 había sido director de los mayores canales bielorrusos de oposición en Telegram (NEXTA y NEXTA Live), fue detenido en el aeropuerto de Minsk después de que su vuelo a Lituania hiciera un aterrizaje de emergencia a causa de una teórica amenaza de bomba que rápidamente se demostró falsa. Un caza de combate MiG-29 perteneciente a las Fuerzas Aéreas bielorrusas escoltó al avión civil al aeródromo alternativo de Minsk.
El año pasado, NEXTA y sus canales hermanos fueron declarados “extremistas” y posteriormente prohibidos en Bielorrusia por los servicios de seguridad del país, como parte de la brutal represión ejercida por las autoridades contra la disidencia pacífica en el país tras los resultados, ampliamente disputados, de las elecciones presidenciales del 9 de agosto. Raman Pratasevich y su socio Stsyapan Putsila fueron añadidos arbitrariamente a la lista bielorrusa de “personas implicadas en actividad terrorista”. Los dos fueron además acusados de “incitación a disturbios masivos”, “grave alteración del orden público” e “incitación al odio social” contra funcionarios públicos y agentes encargados de hacer cumplir la ley. Estos delitos se castigan con penas de hasta 15 años de prisión.