En una carta abierta publicada hoy, Amnistía Internacional pidió al gobierno del presidente Evo Morales suspender el decreto que autorizó “quemas controladas” para ampliar la frontera agrícola en julio de este año,
hasta que exista certeza de que éste no ha contribuido a los incendios forestales que están provocando una crisis ambiental y de derechos humanos en la Chiquitanía, región cercana a la Amazonía y la frontera con Brasil.
El 30 de agosto, tras anunciar la detención de personas sospechosas de causar incendios, el presidente Evo Morales declaró que estos habían sido provocados intencionalmente “por razones políticas”, mientras el ministro de la presidencia afirmó que “el incendio es casi hijo natural de la agricultura” que está agravado por altas temperaturas y vientos fuertes, relacionados con el “calentamiento global”.
“Brasil no es el único país sufriendo de los terribles incendios forestales en la Amazonía; Bolivia también enfrenta esta amenaza al ecosistema, la biodiversidad y las comunidades del bosque Chiquitano. En lugar de hacer declaraciones públicas contradictorias e infundadas, las autoridades bolivianas deben investigar de una forma científica e independiente el origen de esta grave crisis”, dijo María José Veramendi Villa, investigadora para Sudamérica de Amnistía Internacional.
Brasil no es el único país sufriendo de los terribles incendios forestales en la Amazonía; Bolivia también enfrenta esta amenaza al ecosistema, la biodiversidad y las comunidades del bosque Chiquitano
María José Veramendi Villa, investigadora para Sudamérica de Amnistía Internacional
A través del Decreto Supremo 3973 del 10 de julio de 2019, el presidente Morales autorizó “quemas controladas” para actividades agropecuarias en los departamentos de Santa Cruz y Beni, mismos que han sido afectados por los incendios forestales desde agosto de este año.
En la carta abierta, Amnistía Internacional afirma que se deben investigar las causas de los incendios y en caso de que corresponda identificar y sancionar a las personas responsables. Asimismo, el gobierno debe brindar asistencia urgente a las personas y comunidades afectadas, consultándolas y respetando sus derechos humanos.
La organización también expresa su solidaridad con las personas y comunidades afectadas, recordando que la protección del medio ambiente y la biodiversidad es necesaria para disfrutar plenamente derechos humanos como la vida, la salud, la alimentación, el agua y la cultura.
Para más información:
- Solicitud de información sobre el decreto 3973 de 10 de julio de 2019 y preocupación por incendios forestales en la Chiquitanía (Carta, 9 de septiembre de 2019)
- Brasil: Las autoridades deben investigar y procesar a los responsables de la destrucción de la Amazonía (Noticias, 2 de septiembre de 2019)