El caótico sistema penitenciario de Brasil se enfrenta a una crisis con más de 120 muertes de reclusos registradas desde el 1 de enero de 2017; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional tras la confirmación de otros 26 homicidios en la prisión de Alcaçuz, en el estado de Rio Grande do Norte.
Más de 120 reclusos de cárceles estatales han sido asesinados en motines en los últimos 16 días en los estados de Amazonas, Roraima y, ahora, Rio Grande do Norte, en el norte y el noreste del país.
“Es terrible que en tan poco tiempo se haya dado muerte a tantas personas que estaban bajo custodia gubernamental. La crisis que se inició con los homicidios cometidos en la prisión el estado de Amazonas el 1 de enero está empeorando y se está extendiendo por todo el país”, ha manifestado Renata Neder, asesora en derechos humanos de Amnistía Internacional Brasil.
“Las autoridades están jugando a un peligroso juego al subestimar la magnitud de la emergencia en el sistema penitenciario y, por tanto, no impiden que se cometan más crímenes espeluznantes.”
La inmensa mayoría de los 26 reclusos asesinados en los disturbios recientes de la prisión de Alcaçuz, en Rio Grande do Norte, fueron decapitados. Asimismo se han recibido informes de que algunas víctimas fueron descuartizadas y otras quemadas. Varias partes de las instalaciones penitenciarias fueron destruidas durante el motín, que duró más de 14 horas.
En el Estado de Rio Grande do Norte hay más de 8.000 personas en la cárcel, a pesar de que su sistema penitenciario sólo tiene capacidad para 3.500. Ya en marzo de 2015, el gobierno declaró el “estado de calamidad” en su sistema penitenciario debido al número de motines desatados.
Los problemas de hacinamiento y precariedad de las instalaciones de las cárceles brasileñas han sido ampliamente denunciados ante el Consejo Nacional de Justicia por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y el relator especial de la ONU sobre la Tortura en un informe publicado en 2016.
Amnistía Internacional pide a las autoridades que garanticen una investigación inmediata, exhaustiva e independiente de los homicidios, a cargo de las autoridades civiles. Todos los presuntos responsables penales deben comparecer ante la justicia en juicios justos.