Amnistía Internacional da la bienvenida a la sentencia que condena a 75 ex agentes de la policía secreta del régimen militar de Augusto Pinochet, la DINA, por el delito de secuestro calificado del opositor político Jorge Grez Aburto en mayo de 1974.
Según el fallo, dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago el 7 de mayo, la víctima permaneció varios días en el centro de detención Londres 38 sin contacto con el exterior y sometido continuamente a interrogatorios bajo tortura. Al día de hoy, sigue desaparecido.
Seis ex altos mandos de la DINA, incluido su jefe, el general Manuel Contreras, fueron condenados a 13 años de presidio mientras que 35 ex agentes recibieron penas de diez años de cárcel, todos en calidad de autores de secuestro calificado. Otros 34 individuos fueron condenados a cuatro años de presidio en calidad de cómplices del secuestro calificado. Para Amnistía Internacional se trata de un fallo histórico ya que por primera vez que se castiga no sólo a la cúpula de la DINA sino a otros ex agentes con distintos roles que también tuvieron responsabilidad en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos.
La desaparición de Jorge Grez Aburto está vinculada con la causa abierta por la llamada “Operación Colombo”, un operativo organizado por la DINA en 1975 para encubrir la desaparición forzada de más de un centenar de opositores políticos del régimen militar y a la vez diseñar un plan para hacer creer a la opinión pública nacional e internacional que las muertes estaban relacionadas con enfrentamientos internos de los opositores.
Amnistía Internacional considera que el fallo es un avance importante en la lucha contra la impunidad en Chile por las graves violaciones de los derechos humanos que se cometieron en Chile durante el gobierno militar de Augusto Pinochet. En el contexto de esta sentencia, la organización hace un llamado a las autoridades chilenas a asegurar que los avances en materia de justicia continúen de forma decisiva para asegurar que todos los responsables de las graves violaciones de derechos humanos durante el régimen de Pinochet rindan cuentas ante la justicia y garantizar que jamás vuelvan a suceder violaciones de esa gravedad.