En respuesta al plan del gobierno chino de promulgar legislación de seguridad nacional aplicable a Hong Kong, el director regional adjunto de Amnistía Internacional para el Este y el Sureste de Asia, Joshua Rosenzweig, ha afirmado:
“China hace habitualmente uso indebido de su marco de seguridad nacional para atacar a activistas de los derechos humanos y sofocar todas las formas de disidencia. Este peligroso proyecto de legislación transmite claramente el mensaje de que está determinada a hacer lo mismo en Hong Kong y a hacerlo lo más pronto posible.
“El gobierno de Hong Kong ha incorporado progresivamente la imprecisa y amplia definición de “seguridad nacional” de las autoridades continentales para restringir la libertad de asociación y expresión y el derecho de reunión pacífica. Este intento de introducir a la fuerza represivas leyes de seguridad representa una amenaza casi existencial para el Estado de derecho en Hong Kong y es un ominoso momento para los derechos humanos en la ciudad.
“La legislación promulgada anteriormente en China en materia de seguridad nacional ha supuesto casi siempre una grave reducción del derecho a un juicio justo, en algunos casos eludiendo esencialmente los procedimientos penales por completo. Ser acusado de un delito contra la seguridad nacional puede comportar detención en régimen de aislamiento e incomunicación, sino acceso a abogados ni a familiares.
“Pekín afirma que esta legislación tiene por objeto llevar ‘estabilidad’ a Hong Kong, pero las protestas del último año muestran que las leyes represivas no reducen los disturbios, sino que los fomentan. No se deben arrebatar a la población de Hong Kong sus derechos y libertades en nombre de problemas de seguridad exagerados.”
Información complementaria
Se espera que la Asamblea Nacional Popular china apruebe una decisión relativa al “establecimiento y fortalecimiento” de medidas de seguridad nacional durante su periodo plenario de sesiones anual, que comenzó el pasado jueves.
La decisión autoriza al Comité Permanente de la Asamblea a aprobar legislación contra “el separatismo, la subversión del poder del Estado, el terrorismo y la injerencia extranjera”. Permite, además, a los organismos del gobierno central responsables de la seguridad nacional desempeñar sus funciones en Hong Kong.
En la decisión se pide al gobierno de Hong Kong que establezca y refuerce mecanismos e instituciones de seguridad nacional, incluidos organismos encargados de hacer cumplir la ley. Se exige a la jefa ejecutiva de Hong Kong que informe periódicamente al gobierno central del cumplimento de su deber de “proteger la seguridad nacional, impartir educación sobre la seguridad nacional y prohibir legalmente las conductas que pongan en peligro la seguridad nacional”.
La propuesta de decisión exige al gobierno de Hong Kong terminar rápidamente de promulgar legislación de seguridad nacional, como dispone el artículo 23 de su miniconstitución, la Ley Fundamental. En 2003 se dio marcha atrás en un intento de promulgar legislación conforme al artículo 23, tras salir a la calle medio millón de personas para protestar por ello.
La legislación propuesta en la decisión se incluirá en el anexo III de la Ley Fundamental tras su aprobación por parte del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular, lo que supone que podrá promulgarse sin el escrutinio de la Asamblea Legislativa de Hong Kong, es decir, al margen del poder legislativo local.
En 2015, China aprobó una ley de seguridad nacional que otorgó a las autoridades amplios poderes para reprimir y suprimir derechos humanos en esferas como la política, la cultura, la economía e Internet.
En el informe de 2019 Beijing’s Red Line in Hong Kong, Amnistía Internacional expuso cómo las autoridades chinas habían utilizado su amplia definición de “seguridad nacional” para atacar a periodistas, activistas y detractores en la ciudad.