China: La visita de la ONU no llega a abordar los crímenes contra la humanidad de Xinjiang

Al acabar la visita de seis días a China de Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha manifestado:

“Es hora de que la OACNUDH reconozca públicamente la magnitud y gravedad de las violaciones de derechos humanos que está cometiendo el gobierno chino. La alta comisionada debe publicar el tan esperado informe sobre Xinjiang y presentar los resultados de la visita en la próxima reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se celebrará en junio.”

“No publicar un informe en el que se aborden adecuadamente los crímenes contra la humanidad cometidos en la región sería como traicionar a las víctimas y a sus familias. Esta permanente falta de celeridad pone en entredicho la credibilidad de la OACNUDH.”

“La visita de la alta comisionada se ha caracterizado por brindar oportunidades para que se fotografíen con ella altos cargos del gobierno, así como por la manipulación de sus declaraciones por los medios de comunicación oficiales chinos, y la impresión es que Bachelet ha caído directamente en un muy predecible ejercicio de propaganda del gobierno chino.”

“La alta comisionada más bien debería haber condenado las graves violaciones de derechos humanos que se están perpetrando y pedir rendición de cuentas, verdad y justicia.”

“Bachelet reconoció haber recibido llamamientos de uigures en el extranjero sobre familiares desaparecidos a los que se cree detenidos, y afirmó que se los había transmitido a las autoridades chinas. Su oficina debe hacer el seguimiento de estos casos e insistir en que las autoridades garanticen los derechos de estas personas detenidas y faciliten los medios para que mantengan un contacto regular con sus familiares, incluidos los que viven en el extranjero.”

“Debido a las diversas restricciones impuestas, incluidas las de la COVID-19, Bachelet tiene razón al reconocer que ésta no ha sido una visita de ‘investigación’. Pero debe presionar para que sirva de trampolín para actuaciones e investigaciones más significativas de expertos independientes de derechos humanos en un futuro próximo.”

“Si bien Bachelet afirmó que se creará un grupo de trabajo ONU-China sobre derechos humanos, incluidos aspectos tales como derechos humanos y empresas, derechos humanos y antiterrorismo, y derechos de las minorías, no se ha dado a conocer ningún calendario ni objetivos concretos. Además, este grupo no puede sustituir la creación urgente de un mecanismo internacional independiente para investigar los crímenes de derecho internacional y otras graves violaciones de derechos humanos en Xinjiang a fin de garantizar la rendición de cuentas, entre otras cosas identificando a los presuntos autores de estas violaciones de derechos humanos.”

“La alta comisionada debe pedir al gobierno chino que desmantele de inmediato todos los campos de internamiento que aún quedan, ponga en libertad a las personas detenidas arbitrariamente en ellos y en las cárceles y termine con los ataques sistemáticos de personas uigures, kazajas y otras minorías musulmanas de Xinjiang.”

Información complementaria

Con la alta comisionada Michelle Bachelet al frente, un equipo de la ONU pasó seis días en China, dos de ellos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, donde Amnistía Internacional ha documentado la detención arbitraria, tortura y persecución sistemáticas de personas uigures, kazajas y otras minorías étnicas de predominio musulmán.

El sábado 28 de mayo, la alta comisionada celebró una conferencia de prensa virtual en Guangzhou, donde habló sobre su visita a China. Bachelet se reunió con autoridades del gobierno, con la comunidad empresarial y con miembros de la sociedad civil. Por lo que respecta a Xinjiang, afirmó que las medidas antiterroristas no deben dar lugar a violaciones de los derechos humanos, y señaló la necesidad de supervisión independiente. También habló de los derechos lingüísticos, religiosos, culturales y educativos en Tíbet y de otros asuntos de derechos humanos.

Durante la visita de Bachelet a China, en los medios de comunicación oficiales se dijo que había declarado que “admiraba los esfuerzos de China […] por proteger los derechos humanos”. La OACNUDH emitió posteriormente una aclaración de las palabras de Bachelet, que no alabó el historial de derechos humanos de China.

Desde septiembre de 2018, cuando la alta comisionada solicitó por primera vez acceso a Xinjiang en vista de las “denuncias sumamente inquietantes sobre detenciones arbitrarias en gran escala de uigures y miembros de otras comunidades musulmanas”, numerosas organizaciones han publicado información más detallada y bien contrastada sobre la situación. En junio de 2021, Amnistía Internacional  presentó un exhaustivo informe donde se documentaba cómo la represión de China contra las minorías étnicas de predominio musulmán en Xinjiang equivalía a graves violaciones de los derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad.

Basado en decenas de testimonios, el informe describe una “distopía infernal” que incluye graves abusos contra las personas detenidas, vigilancia estatal sistemática de millones de personas e intentos de erradicar tradiciones religiosas, usos culturales e idiomas locales de los grupos étnicos musulmanes de la región.

Amnistía Internacional lanzó una campaña internacional, inicialmente centrada en más de 70 personas, en la que pedía la libertad de todas las personas detenidas arbitrariamente en campos y prisiones y el cierre de los campos de internamiento. Este mismo mes, Amnistía ha recogido detalles de otras 40 personas detenidas o en paradero desconocido, pues la noticia de la visita de Bachelet ha hecho que aparezcan más familias que buscan justicia para familiares de Xinjiang que han desaparecido y que se cree que están detenidos.

La OACNUDH ya ha elaborado su propio informe sobre violaciones de los derechos humanos en Xinjiang, al que, según afirmó Bachelet, se le estaban “dando los últimos toques” el año pasado. Sin embargo, el informe aún no se ha hecho público, a pesar de las  reiteradas peticiones de casi 200 ONG, entre ellas Amnistía Internacional.