De Leen Hashem
Los ministros, ministras y representantes de más de 70 países y organizaciones humanitarias se han dado cita ayer en Bruselas para asistir a la conferencia “Apoyar el futuro de Siria y su región”. El objetivo principal de esta conferencia era recabar fondos y ayuda adicionales para la población siria tanto dentro de Siria como en países adyacentes, y hablar sobre la reconstrucción del país “una vez esté consolidada una transición política verdaderamente integradora”.
Aunque resulta esperanzador que la comunidad internacional se reúna para apoyar a la población siria que, huyendo de la violencia, se ha refugiado en países vecinos de acogida, no hay que olvidar que ésta continúa enfrentándose a graves obstáculos, entre ellos restricciones al acceso a servicios de salud, empleo y medidas de protección. Para garantizar los derechos de la población refugiada siria, es preciso un reparto real de responsabilidades entre la comunidad internacional, que garantice financiación para la protección de la población refugiada e incremente en buena medida las plazas de reasentamiento y otras vías de admisión.
Además del debate de la comunidad internacional sobre la “asistencia posterior al acuerdo” y la reconstrucción de Siria, ésta tiene también otras responsabilidades con la población siria, como la de garantizar justicia y reparaciones a las víctimas de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Actualmente, seis años después del comienzo de la crisis siria, las partes en conflicto continúan cometiendo violaciones y abusos graves de derechos humanos, incluidos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Hasta la fecha, no ha habido justicia para las víctimas. Las fuerzas del gobierno sirio, con el apoyo de Rusia, han atacado y bombardeado a civiles causando miles de muertos y heridos; han impuesto asedios prolongados a zonas civiles; han sometido a decenas de miles de personas a desaparición forzada y a ejecuciones extrajudiciales; y han infligido torturas y otros malos tratos de forma sistemática a personas detenidas, causando incontables muertes bajo custodia. Asimismo, los grupos armados han bombardeado y asediado, de manera indiscriminada, zonas predominantemente civiles y han perpetrado secuestros, torturas y ejecuciones sumarias.
Estos crímenes no pueden quedar impunes. Las víctimas y sus familias tienen derecho a la verdad, a reparaciones y a la justicia.
Los Estados y entidades presentes en la Conferencia de Bruselas —y sobre todo los que la presiden, es decir, la Unión Europea, Alemania, Noruega, Kuwait, Qatar y Reino Unido— deben promover la justicia para la población siria, tomando para tal fin las siguientes medidas, entre otras:
- Garantizar que, en las conversaciones de paz, en las posibles resoluciones políticas y en la asistencia posterior al acuerdo se tenga en cuenta la necesidad de justicia, rendición de cuentas y reparación para las víctimas de crímenes de guerra.
- Garantizar que los distintos tribunales nacionales puedan ejercer la jurisdicción universal y la ejerzan efectivamente para investigar los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos en Siria.
- Apoyar el Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente establecido por la Asamblea General de la ONU el 21 de diciembre de 2016 para investigar los crímenes de guerra —de conformidad con el derecho internacional— cometidos en Siria, y colaborar con él.
- Apoyar y reivindicar públicamente justicia y reparaciones para las víctimas y sus familias, tanto dentro como fuera de Siria.
Si la comunidad internacional no se compromete seriamente con la justicia y la rendición de cuentas en Siria, seguirán impunes los crímenes de derecho internacional perpetrados, y será difícil alcanzar una paz duradera basada en la justicia.