Los objetores de conciencia de Corea del Sur continuarán estando castigados y estigmatizados por negarse a hacer el servicio militar en virtud de una nueva ley sobre el servicio alternativo adoptada hoy por el Parlamento del país, afirmó Amnistía Internacional.
La nueva ley establece que quienes se nieguen a prestar el servicio militar por motivos religiosos o de otra índole deberán trabajar en una cárcel u otro centro penitenciario durante tres años. Anteriormente, la ley establecía una pena de 18 meses de prisión.
En dos sentencias históricas de 2018, el Tribunal Supremo y El Tribunal Constitucional reconocieron el derecho a la objeción de conciencia en el país.
“A los objetores de conciencia surcoreanos se les había prometido un servicio alternativo de verdad. Pero en lugar de eso, se enfrentan a poco menos que un castigo alternativo”, manifestó Arnold Fang, investigador de Amnistía Internacional sobre Asia Oriental.
“Confinarlos a trabajar en una prisión —y durante casi el doble de tiempo que el servicio militar típico— no respeta su derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencia.”
Las solicitudes de un plan de servicio alternativo serán evaluadas por un comité dependiente de la Administración de Personal Militar, que forma parte del Ministerio de Defensa Nacional.
“El reconocimiento de la objeción de conciencia en Corea del Sur era un paso positivo, pero esta ley dista mucho de satisfacer las expectativas. El servicio debe estar plenamente bajo el control de una autoridad civil independiente de las autoridades militares”, declaró Arnold Fang.
En virtud de la nueva ley, el servicio alternativo de Corea del Sur, de 36 meses de duración, es el más largo del mundo.
“Esta medida simbólica no hace lo suficiente para eliminar las violaciones de derechos humanos que sufren los objetores de conciencia, y en la práctica continúa tratándolos como delincuentes.”
“Tampoco reducirá el estigma que sufren en Corea del Sur. Los objetores de conciencia seguirán siendo vistos como personas que han estado en prisión, y su capacidad para acceder al empleo al término del servicio continuará muy probablemente estando comprometida.”
“Instamos al gobierno de Corea del Sur a tratar el plan adoptado como una medida meramente provisional. A la larga se debe proporcionar a los objetores de conciencia opciones de servicio alternativo que sean claramente no punitivas, plenamente independientes de las fuerzas armadas y compatibles con sus motivos para objetar al servicio militar.”
Información complementaria
Durante los últimos 60 años, centenares de jóvenes surcoreanos han sido declarados culpables y encarcelados por objetar al servicio militar por sus creencias, aun estando dispuestos a servir a su comunidad. En la mayoría de los casos, se les imponían penas de 18 meses de cárcel, pero además cargaban con antecedentes penales y enfrentaban desventajas económicas que duraban mucho más tiempo.
De acuerdo con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, los Estados en los que el servicio militar es obligatorio están obligados a proporcionar alternativas verdaderamente civiles. Estas alternativas deben tener una duración similar al servicio militar, y cualquier extensión adicional debe basarse en criterios razonables y objetivos. El proceso de evaluación de las solicitudes de reconocimiento de la objeción de conciencia y la asignación subsiguiente de un servicio de trabajo también deben ser competencia de las autoridades civiles.
Dos expertos independientes de la ONU escribieron al gobierno surcoreano el mes pasado manifestando motivos de preocupación similares sobre el proyecto de ley sobre el servicio civil alternativo.