Amnistía Indonesia y Amnistía Australia celebran la decisión de las autoridades indonesias de poner en libertad a 30.000 personas presas para reducir el riesgo de infección con COVID-19. El hacinamiento y la insalubridad de las instalaciones constituyen una amenaza para la salud de las más de 250.000 personas privadas de libertad que componen la población penitenciaria de Indonesia.
Aunque se trata de una medida positiva, debe ampliarse a todos los presos y presas de conciencia. Cientos de personas están entre rejas únicamente por haber ejercido sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Ahora se enfrentan a un peligro si precedentes e inaceptable para su salud.
“Debe dejarse en libertad de manera inmediata e incondicional a todos los presos y presas de conciencia: activistas políticos, defensores y defensoras de los derechos humanos y demás personas encarceladas únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos”, ha afirmado Usman Hamid, director de Amnistía Internacional Indonesia.
“Esto incluye la liberación de 57 presos y presas de conciencia de Papúa. La libertad de expresión y reunión que ejercieron son derechos protegidos en nuestra Constitución y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Presentar cargos contra una persona por expresarse pacíficamente es una flagrante violación de estos derechos constitucionales.
“Las autoridades indonesias deben ser capaces de distinguir a las personas que defienden pacíficamente el derecho a la libre determinación de quienes usan la fuerza o emplean expresiones que incitan a la discriminación, la hostilidad o la violencia. Su expresión forma parte del derecho a la libertad de pensamiento en la comunidad.”
En este tiempo de pandemia, las autoridades deben revisar también todos los casos de presos y presas detenidos en espera de juicio, como paso previo a su liberación. Según el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, existe un principio de puesta en libertad en espera de juicio, en consonancia con el principio de presunción de inocencia y el derecho a la libertad. Esto supone la liberación de MG, presunto menor de edad de Papúa, acusado del homicidio de trabajadores de la construcción y actualmente sometido a juicio en Yakarta.
“Su detención debe ser suspendida. Los jueces deben determinar su destino declarando de inmediato el resultado de una prueba forense legítima para determinar su edad. No se le debe negar el derecho a la salud”, ha afirmado Hamid.
Las autoridades indonesias deben plantearse también la posibilidad de dejar en libertad anticipadamente o con condiciones a las personas presas que corran mucho riesgo, como las de edad avanzada y las que sufren problemas médicos graves.
“Como señala la Organización Mundial de la Salud (OMS), son comunidades vulnerables a la COVID-19. En nombre de la humanidad, deben ser puestas en libertad.”
Las personas detenidas o presas, entre ellas 10.000 sometidas a reclusión arbitraria, están expuestas a contraer la COVID-19, porque soportan condiciones antihigiénicas en centros de todo el país.
“En las prisiones y centros de detención de Indonesia, las condiciones de falta de acceso a agua limpia y el grave hacinamiento se agravarán debido a la pandemia.”
Por consiguiente, las autoridades indonesias deben cooperar con los hospitales para prevenir la propagación de la COVID-19 en las prisiones y centros de detención del país.
“Indonesia tiene un largo historial de negación de atención médica y medicamentos a personas presas y detenidas, algo que necesitan urgentemente. Toda persona privada de libertad debe tener acceso a servicios de prevención y tratamiento mientras la pandemia de COVID-19 siga poniendo vidas en peligro”, ha afirmado Hamid.
Las autoridades deben garantizar que todos los presos y presas tengan acceso a atención médica y cuidados de salud de igual calidad que aquéllos de los que se beneficia la sociedad en general, incluidos los servicios de detección, prevención y tratamiento de la COVID-19. Tanto el personal penitenciario como los trabajadores y trabajadoras del sector de la salud deben tener acceso a información adecuada, material, formación y ayuda para protegerse.