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DE ANGOLA A ZIMBABUE: LOS DERECHOS HUMANOS ESTÁN EN PELIGRO

15, Dic. 2016 | Categoría: ,

africamediaDeprose Muchena, director regional para África Austral de Amnistía Internacional

Detenciones arbitrarias, castigo de las opiniones disidentes, represión de los medios de comunicación independientes, criminalización de la expresión pacífica, intimidación y acoso a personas que ejercen el activismo político, el periodismo y la defensa de los derechos humanos.

Esta es la aterradora realidad del deterioro de la situación de los derechos humanos en todo el África Austral. De principio a fin, 2016 ha sido escenario de crecientes ataques contra la población civil y los derechos humanos en toda la región: una inquietante tendencia que ha tenido un impacto realmente disuasorio tanto para los activistas como para la ciudadanía en general.

Mientras las noticias internacionales están dominadas por las imágenes de los horrores de Alepo y Mosul, en ocasiones resulta fácil olvidar que, fuera de los focos –a veces en nuestra misma puerta–, se cometen abusos y violaciones de derechos humanos casi a diario.

De Botsuana a Lesoto, pasando por Suazilandia, Sudáfrica, Malawi, Zambia y Zimbabue, aunque en el último año ha habido algunos progresos en materia de derechos humanos, en la imagen general lo negativo supera a lo positivo.

Un retroceso especialmente significativo ha sido el que ha tenido lugar en Botsuana, que reanudó la pena de muerte después de ocho años sin aplicarla, y el 25 de mayo ejecutó a un hombre de 65 años tras condenarlo por asesinato. Este paso atrás aísla a Botsuana de la tendencia regional en la que numerosos países se están apartando de la pena de muerte y convirtiéndose en abolicionistas en la práctica. La pena de muerte vulnera dos derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida y el derecho a no sufrir tortura. Es cruel, inhumana y degradante.

A unos 800 kilómetros de Botsuana, en el reino de Lesoto, el director del Lesotho Times, Lloyd Mutungamiri, pagó un alto precio por la impunidad histórica respecto a las violaciones de derechos humanos: el 9 de julio de 2016 sobrevivió a un fuerte tiroteo por parte de individuos no identificados. Lloyd llevaba dos años siendo víctima de una intensa campaña de intimidación y acoso policial por su periodismo valeroso e independiente, que a menudo parecía criticar a las autoridades públicas. En ningún momento se investigó ni se hizo rendir cuentas a nadie por las amenazas que había recibido en el pasado, y desde el tiroteo tampoco se ha emprendido ninguna acción.

En Angola, 17 jóvenes activistas que tuvieron el valor de cuestionar la corrupción y la mala gobernanza se consumieron en prisión durante la mayor parte de 2016 tras haber sido detenidos y condenados por asistir a una reunión para debatir sobre cuestiones de política y gobernanza en el país. Su detención desató una condena internacional y una campaña para que los 17 fueran liberados; finalmente quedaron en libertad en junio.

En Sudáfrica, país normalmente muy bien considerado por su Constitución centrada en los derechos humanos y por su función de liderazgo en todo el continente, las protestas de los estudiantes universitarios pusieron a prueba el compromiso de la policía para con las normas de derechos humanos relativas al uso de la fuerza durante el desempeño de sus funciones.

Los agentes de seguridad hicieron uso de fuerza excesiva contra estudiantes que se manifestaban por las altas tasas de matrícula y por la “colonización” de la educación. En respuesta a los estudiantes que protestaban bajo el lema #FeesMustFall (Que se reduzcan las tasas), las universidades desplegaron guardias de seguridad privada de mano dura que ayudaron a la policía sudafricana a sofocar algunas de las protestas en distintos campus de todo el país.

El entorno del organismo de radiodifusión pública, la South African Broadcasting Corporation, se ha vuelto igualmente tóxico. Ocho periodistas fueron suspendidos en junio por cuestionar la injerencia editorial y política de los ejecutivos del organismo de radiodifusión. Siete de ellos han vuelto a sus puestos, pero su futuro es incierto.

En Suazilandia, el monarca continuó con su lucha por mantener en su forma actual dos leyes excesivamente represivas, pese a una resolución judicial que decía que eran inconstitucionales. Las autoridades han utilizado repetidamente tanto la Ley de Sedición y Actividades Subversivas de 1938 como la Ley de Supresión del Terrorismo de 2008 para silenciar la disidencia y criminalizar todas las formas de activismo político, con lo que en la práctica han amordazado las críticas y el derecho a la libertad de expresión.

En Zambia, el periodo previo a las elecciones presidenciales de agosto fue escenario de graves violaciones de derechos humanos. Los casos denunciados de violencia por motivos políticos se multiplicaron. Se utilizó la Ley de Orden Público, legislación de la era colonial británica, para limitar las reuniones políticas de la oposición y restringir el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación.

El gobierno de Zambia, continuando con su evidente represión, cerró también el 21 de junio el periódico The Post, alegando que debía 6,1 millones de dólares estadounidenses en concepto de impuestos atrasados. Los propietarios del periódico lo negaron, y denunciaron una aplicación selectiva de la ley por parte de las autoridades para atacar a las organizaciones informativas que tenían una actitud crítica.

En Zimbabue, el derecho a la libertad de asociación, reunión pacífica y expresión fue objeto de ataques continuados cuando la ciudadanía se echó a la calle para protestar por la corrupción y el declive económico.

El pastor Evan Mawarire, rostro del movimiento  #ThisFlag (Esta bandera), fue acusado en julio de incitación a cometer actos de violencia pública en virtud de la Ley de Medidas Penales por liderar las protestas nacionales. Huyó del país ante el temor por su seguridad.

La lista continúa, y afirma el deterioro de los derechos humanos en toda la región del África Austral. Es preciso detener este alarmante retroceso. Hay mucho en juego, y los Estados no pueden ocultarse tras la excusa de la “soberanía” para violar los derechos humanos con una impunidad casi total. Los dirigentes políticos de la región utilizan a menudo la soberanía para justificar, cuando sus homólogos extranjeros tienen una reacción adversa, su castigo a quienes defienden los derechos humanos.

Para empezar, los gobiernos de la región tienen la oportunidad de construir sociedades que respeten los derechos y abordar las causas fundamentales de los problemas que generan descontento en la población, como por ejemplo la triple carga del desempleo, la pobreza y la desigualdad.

A nivel subregional, la Comunidad para el Desarrollo del África Austral, órgano rector, debe intensificar sus esfuerzos para vigilar la situación de los derechos humanos en los Estados miembros, de acuerdo con el tratado de Windhoek de 1992, que expone principios de derechos humanos e igualdad como principio organizador de la integración regional.

El África Austral debe revertir urgentemente su declive en materia de derechos humanos y renovar su compromiso con las obligaciones internacionales de derechos humanos que ha asumido. Confiamos en que 2017 revele una imagen diferente.

 

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