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Debe cuestionarse el uso de la normativa de excepción por el gobierno de Hong Kong

23, Oct. 2019 | Categoría: ,

Jan Wetzel es asesor jurídico principal de la Oficina Regional para el Asia Oriental de Amnistía Internacional

 

Cuando, a principios de mes, la jefa del ejecutivo Carrie Lam anunció la prohibición general de cubrirse el rostro en las protestas, las calles de Hong Kong se llenaron rápidamente de personas con las caras pintadas, máscaras de personajes de dibujos animados e incluso bolsas de papel en la cabeza.El gobierno había vuelto a fracasar en su intento de pacificar la situación; antes bien, había alimentado la ira de quienes protestaban.

La prohibición de cubrirse el rostro se impuso mediante un procedimiento acelerado en aplicación de la Ordenanza sobre los Reglamentos de Emergencia (ERO), una ley de la época colonial con consecuencias alarmantes y de gran alcance. De hecho, la invocación de los poderes de excepción podría tener incluso consecuencias más duraderas para la seguridad y el orden público en Hong Kong que la violencia y el gas lacrimógeno en las calles.

Las escenas de caos que se retransmitieron en todo el mundo ocultan el hecho de que la mayoría de las personas que participan en las protestas de Hong Kong sigue siendo pacífica.El carácter cada vez más destructivo de algunas protestas se debe en gran medida a la frustración de una minoría violenta con los errores políticos y los abusos de poder de la policía, prácticamente sin control.Es evidente que el planteamiento de las autoridades de endurecer las restricciones no funciona, pero el uso de la ERO indica que se está reforzando.

La Ordenanza sobre los Reglamentos de Emergencia, aplicada por última vez hace más de 50 años, es básicamente un cheque en blanco para que el gobierno limite los derechos humanos sin ninguna condición ni salvaguardia. Podría dar a las autoridades poder para cerrar aplicaciones de mensajería y sitios web populares entre quienes protestan, e incluso para decretar un apagón total de Internet si afirman que es necesario. Podría permitir periodos prolongados de detención, algo especialmente alarmante dados los abusos e incluso las torturas de personas detenidas que se han documentado.

La Ordenanza amplía las facultades para registrar edificios y confiscar bienes, y podría permitir el aplazamiento de las próximas elecciones locales.Figuras políticas favorables a Pekín han hecho públicamente propuestas similares, lo que ilustra a la perfección el deslizamiento hacia la represión al estilo de Pekín que hizo salir a la calle a los manifestantes en Hong Kong inicialmente.

Es más, los usos actuales y propuestos de la Ordenanza no resisten el escrutinio judicial. Los poderes que confiere se reservan tradicionalmente al Estado en “situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación”. El derecho internacional permite “suspensiones”—la reducción temporal y drástica del grado de protección de algunos derechos humanos— en situaciones excepcionales limitadas. Sin embargo, incluso en estas situaciones, la protección frente a la tortura y otros malos tratos es absoluta, al igual que la prohibición de la detención arbitraria. También deben permanecer intactos los requisitos fundamentales de la imparcialidad procesal. En una situación de estas características, el sistema judicial de Hong Kong debe valorar de forma justa e imparcial la legitimidad y legalidad de las medidas excepcionales y proporcionar una reparación por las infracciones.

Lo que resulta confuso es que Lam haya declarado que Hong Kong no está en ningún tipo de situación excepcional que permita estas medidas extremas. Quizá para impulsar la confianza del sector empresarial, Lam ha subrayado que Hong Kong no está en “estado de emergencia” en estos momentos. Con la invocación de una ley de emergencia sin que exista una situación “de emergencia” parece que el gobierno quiere nadar y guardar la ropa.

La Ordenanza sobre los Reglamentos de Emergencia es una ley plagada de irregularidades. Si se toma al pie de la letra, confiere la facultad de aprobar reglamentos de emergencia exclusivamente al poder ejecutivo, prevalece sobre todas las demás leyes y no se exige una revisión periódica. En resumen, la Ordenanza da teóricamente al gobierno de Hong Kong manos libres para restringir los derechos humanos, pero no ofrece ninguna salvaguardia frente a los abusos.

El intento de un grupo de legisladores prodemocracia de impedir el uso de la Ordenanza fracasó en las vistas preliminares, pero está prevista una revisión judicial rápida el 31 de octubre. En ella se analizará si esta ordenanza centenaria es compatible con la Ley Fundamental —la miniconstitución—  de Hong Kong, mucho más reciente, y con otras leyes nacionales. También se deberá estudiar si es conforme con el derecho internacional de los derechos humanos.

El gobierno de Hong Kong es consciente de los puntos débiles de la ERO. En un informe presentado ante la ONU, reconoció que la facultad que confiere la ley de emergencia “parece ser muy amplia”, pero confirmó que está supeditada al artículo 39 de la Ley Fundamental, con arreglo al cual se aplica en Hong Kong el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Es muy posible que el gobierno esté utilizando la prohibición de cubrirse el rostro como una forma de comprobar qué elementos de la Ordenanza sobreviven al escrutinio judicial y para orientar el uso en el futuro de las amplias facultades que confiere su redacción. Así es como se utilizaron los enjuiciamientos derivados de la Revolución de los Paraguas: crearon una jurisprudencia que podría utilizarse en última instancia para enjuiciar a sus dirigentes.

En lugar de escuchar a quienes protestan, reducir las tensiones y tratar de comprender y abordar las causas fundamentales del malestar, el gobierno abusa de la ley para aplastar las protestas y disuadir a la ciudadanía de participar en la vida pública. Hay que cuestionar este planteamiento, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, para prevenir que una situación de “emergencia” se convierta en la nueva normalidad de Hong Kong.

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