Aura Freeman
Estábamos en la famosa plaza Patan Durbar de Katmandú cuando el suelo comenzó a temblar bajo nuestros pies. Cerca, dos templos se derrumbaron. A nuestro alrededor, los sonidos de los edificios viniéndose abajo iban acompañados de los gritos de las personas que quedaban atrapadas. El polvo se arremolinaba en el aire y los pájaros alzaban el vuelo asustados. Poco después, volvimos a vivir ese terrible momento cuando una violenta réplica lo sacudió todo.
Entre las constantes réplicas, la gente comenzaba a cavar frenéticamente en los escombros intentando rescatar a los supervivientes. Demostrando una inquebrantable hospitalidad, algunas personas nos prestaron atención para asegurarse de que estábamos sanos y salvos. Un desconocido me ofreció una botella de agua; otros lamentaban que nuestra visita turística hubiera acabado de ese modo. Evidentemente, ellos habían perdido mucho más.
Según cifras del gobierno de Nepal, casi 9.000 personas perdieron la vida y más de 600.000 casas quedaron totalmente destruidas. Un año después, miles de estas personas siguen sin hogar. Amnistía Internacional visitó recientemente los distritos de Rasuwa, Nuwakot y Dolakha, y constató que la mayor parte de las personas cuyas casas habían quedado reducidas a escombros continuaban buscando cobijo en frágiles cobertizos de chapas de zinc y lona. En los lugares donde los pueblos habían quedado arrasados, sus antiguos moradores seguían languideciendo en campamentos situados a los lados de las carreteras.
La lenta reconstrucción por parte del gobierno de Nepal tras el desastre constituye en realidad una negación del derecho a una vivienda adecuada para quienes siguen sin hogar un año después del terremoto. No hay escasez de fondos: las aportaciones prometidas por los asociados para el desarrollo para planes de reconstrucción superan los 4.000 millones de dólares. No obstante, la Autoridad Nacional para la Reconstrucción del gobierno se enredó en disputas políticas durante 10 meses y no comenzó a reconstruir casas hasta hace bien poco. Con la inminente temporada del monzón, la reconstrucción, que está prevista que se inicie seriamente en el aniversario del terremoto, podría quedar nuevamente paralizada y seguir sin haber concluido cuando se cumpla el siguiente aniversario.
El gobierno tampoco ha informado a la población afectada sobre las ayudas a las que tiene derecho. Varias personas entrevistadas nos han contado que tienen derecho a percibir 200.000 rupias nepalís (aproximadamente 1.900 dólares estadounidenses), pero no saben dónde dirigirse para retirar esos fondos. A los habitantes del pueblo de Singati, en el distrito de Dolakha, que fue asolado por un segundo terremoto el 12 de mayo de 2015, se les dijo que abrieran una cuenta en un banco provisional para poder recibir las ayudas. Una a una, las personas que hacían cola rellenaron lentamente complejos formularios y firmaron con sus huellas dactilares un acuerdo con el que obtenían un recibo en inglés con la instrucción de llamar a un número de teléfono para recoger sus chequeras y tarjetas. Una joven, que había caminado durante un día con su bebé desde su pueblo para llegar al banco, se dirigió a nosotros tras conseguir el recibo y dijo en nepalí: “Yo no sé leer inglés.”
En los tres distritos visitados, las personas afectadas entrevistadas por Amnistía Internacional coincidían en que 200.000 rupias es una suma muy insuficiente para construir una casa resistente a los terremotos. Además, el dinero llegará en tres tandas que corresponden a las etapas de construcción de una vivienda, y cada una de ellas está sujeta a la aprobación del ingeniero asignado. Aunque las familias administren cuidadosamente los fondos —incluido el dinero de préstamos a bajo interés facilitados por el gobierno—, los dediquen exclusivamente a pagar la casa y no caigan en la comprensible tentación de complementar sus escasos ingresos, difícilmente podrán reconstruir completamente su vivienda.
Tampoco se ha prestado la debida atención a los derechos particulares de los grupos marginados, entre ellos los pueblos indígenas y las comunidades de castas bajas, que fueron de los más afectados por el terremoto. En el diezmado extremo septentrional del distrito de Rasuwa se encuentran las tierras ancestrales del pueblo indígena Tamang. Al igual que otras comunidades afectadas, jamás se los consultó sobre el proceso de reconstrucción, y no tienen voz en la Autoridad Nacional para la Reconstrucción. Una mujer Tamang contó a Amnistía Internacional que el gobierno les había dicho que se trasladaran a un lugar “en la selva, donde no hay escuelas para nuestros hijos.” En éste y otros casos, ellos mismos han construido refugios improvisados en tierras privadas y asumen el coste de su alquiler.
El gobierno de Nepal reconoce que la temporada del monzón no es adecuada para construir. ¿Cómo se supone, entonces, que las personas desplazadas van a soportar las fuertes lluvias bajo lonas raídas o en casas de barro? Se les debe proporcionar acceso a saneamiento adecuado y viviendas temporales que las protejan de los elementos hasta que sea posible reconstruir totalmente casas resistentes a los terremotos. El proceso debe tener en cuenta los derechos de grupos indígenas, personas con discapacidad, mujeres, niños, personas mayores, y aquellas a las que se debe brindar una mayor protección física. También necesitan recibir información —en idiomas que puedan entender— sobre las opciones para recibir ayuda. Con mayor transparencia, la ayuda estará menos expuesta a que se cometan abusos y haya corrupción, y lo países donantes deben contribuir a garantizarla.
Hasta el momento, el pueblo de Nepal ha soportado sus pérdidas con su proverbial indulgencia. No es algo que se deba aprovechar ni seguir poniendo a prueba.
Aura Freeman es responsable de campañas de Amnistía Internacional sobre Bangladesh, Nepal y Maldivas.