Por Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile
27 de febrero 2020/ SANTIAGO
FOTO: AILEN DÍAZ/AGENCIAUNO
Antes del año 2016, los hechos de violencia policial eran vistos por la Justicia Militar. Esto, claramente, propiciaba impunidad, lo que fue advertido por varias organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional. La composición de los tribunales Militares – que estaban integrados por algunos funcionarios no letrados y miembros de la
misma institución a la que pertenecía el imputado – sumado al carácter secreto de la mayoría de las actuaciones del proceso, hacía que carabineros actuara como juez y parte, sin la imparcialidad e independencia de la que todo tribunal de justicia debe gozar.
La Justicia Militar generaba un trato “preferente” a carabineros imputados por violaciones de derechos humanos, lo que se plasmó en el informe de Amnistía Internacional del año 2016, llamado “No sabía que existían dos justicias. Jurisdicción militar y violencia policial en Chile”. Allí el análisis de las causas en un tribunal militar de Santiago – que cubría la zona central del país, donde se habían producido mayor cantidad de manifestaciones sociales – mostró que del total de casos ingresados en los años 2005, 2008, 2011 y 2014 por ‘violencias innecesarias’ (delito por el que se persigue el uso excesivo de la fuerza policial), solo un 0,3% terminó como causa fallada (esto es, 14 de 4.551), mientras que la gran mayoría (96,5%) terminó en sobreseimiento definitivo o temporal.
El título de dicho informe “No sabía que existían dos justicias” es una cita textual que nos mencionó Gerson Gutiérrez. Él era el hermano de Manuel Gutiérrez, un joven de 16 años, que junto con el propio Gerson y un amigo, miraban unas protestas cuando recibió un disparo en el tórax por parte de un carabinero. Manuel falleció en el centro asistencial. Gerson estaba sorprendido de que la causa por el asesinato de su hermano se llevara en “otra justicia”, y nos dijo “no sabía que existían dos justicias hasta que nos pasó esto”.
En 2016 la legislación cambió, y las causas por violencia policial pasaron a verse en la justicia ordinaria. Esta fue la única recomendación del informe de Amnistía Internacional que se implementó. Sin embargo, la modificación no fue suficiente para eliminar una verdadera tradición de impunidad ante casos de violaciones de derechos humanos cometidos por carabineros. No se han garantizado los recursos y la especialización adecuada para que fiscalía, policías y otras instituciones involucradas en la administración de justicia cumplan a cabalidad con su rol. De hecho, la condena en el caso de Camilo Catrillanca marcará un hito: será la primera vez en que miembros de la policía uniformada cumplirán pena efectiva de cárcel por matar a una persona.
El “estallido social” – especialmente el periodo de protestas masivas que se dio entre octubre de 2019 y marzo de 2020, solo interrumpido en parte debido a la pandemia – hizo evidente estas disparidades. Las cifras no siempre son consistentes, pero en líneas gruesas, y si consideramos solamente la información entregada por Fiscalía en diferentes ocasiones, las causas por delitos cometidos en el marco del estallido social (desórdenes, saqueos, incendios, porte y lanzamiento de molotovs y similares) llegaron a ser algo más de 40.000. De estas, a mayo de 2021 ya habría 4.771 sentencias condenatorias, es decir, entre el 11 y el 12%. Por otra parte, en lo que la Fiscalía llama causas de “violencia institucional” (cometidas por agentes del Estado), se llegó a identificar algo menos de 9.000 casos, que se redujeron por diversas razones a casi 4.700 (acumulaciones, casos repetidos, casos en que la víctima fue inubicable, según explicó la Fiscalía). A la fecha, solo tenemos información de 3 condenas en estas causas (ninguna a cárcel efectiva), lo que corresponde al 0,06%.
Estas cifras obligan a preguntarse: ¿sigue habiendo dos justicias? De ella, surgen -al menos- cuatro interrogantes más, que permiten ir desmenuzando dónde estarían las diferencias entre la que procesa los delitos cometidos por civiles y la encargada de hacer lo propio con los uniformados. En esta columna, abordaremos dos preguntas iniciales, quedando para un segundo texto otras dos interrogantes claves.
PRIMERA PREGUNTA: ¿POR QUÉ NO HAY REGISTROS?
El primer gran dilema acerca de los llamados “presos de la revuelta” es que no ha sido posible saber cuántos son. Diferentes medios de prensa y organizaciones sociales han realizado catastros, pero tanto la Defensoría Penal Pública como la Fiscalía han reconocido que no tienen ninguna forma de proporcionar un registro preciso.
Distintas cifras entregadas, por ejemplo, por el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, el gobierno y algunas organizaciones o agrupaciones que trabajan con personas que están o han estado presas, incorporan distintos criterios. Puede diferir el tipo de delitos que se incluyen, en qué período fueron cometidos, cuál es la fecha de corte para contar la cantidad de personas en prisión, etc. El problema es que, al analizar algunos casos de los que hemos tenido información, detectamos que sí ha habido personas presas, a veces por más de un año, de forma injustificada.
Por ejemplo, un joven en Punta Arenas estuvo 370 días en prisión preventiva acusado de romper un vidrio, siendo finalmente condenado a 300 días, por lo que el tribunal dio por cumplida la pena. Es decir, estuvo preso por más tiempo que lo que correspondía a su condena (esto, sin considerar que, dado el carácter de su castigo, podría haber accedido a un cumplimiento sustitutivo). Por otra parte, ha habido personas que, tras un año en prisión preventiva, se llega a un sobreseimiento definitivo (como, por ejemplo, el caso de un joven acusado de incendiar una iglesia) o a una absolución por falta de pruebas, como fueron los casos de personas acusadas por fabricación, porte y uso de bombas incendiarias, porte de bomba molotov en La Victoria o por homicidio frustrado de un carabinero en Antofagasta.
En otras palabras, existen indicios claros de que algunas personas han permanecido en prisión injustificadamente, tras haber sido imputadas con escasas pruebas en delitos presuntamente cometidos mientras participaban en manifestaciones. Esto es, en sí mismo, una violación a sus derechos humanos. Sin embargo, no ha habido ninguna institución estatal que aborde la problemática, genere un buen catastro de casos y revise la profundidad del problema.
Por contraparte, este conflicto no se produce tratándose de causas por violencia policial. La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional ha hecho esfuerzos por mantener un registro de causas por “violencia institucional” (es decir, aquella cometida por agentes del Estado), y ha entregado esta información de manera clara siempre que se ha requerido. Si bien aquí también hay una “cifra negra” – principalmente debido a personas que prefirieron no denunciar o seguir adelante procedimientos – sí ha existido un rol institucional en catastrar casos, incluso buscando activamente aquellos a partir de diferentes fuentes de denuncias.
SEGUNDA PREGUNTA: ¿CUÁNDO SE ASIGNA PRIORIDAD Y RECURSOS A LAS INVESTIGACIONES?
Si bien ha habido quejas de que las investigaciones han sido lentas en todas las causas, se ha dado más celeridad en aquellas por delitos relacionados con el “estallido social”, que en las causas por violaciones de derechos humanos cometidas por Carabineros. La cifra de causas y condenas señaladas anteriormente así lo respaldan.
Abogados defensores involucrados en causas relacionadas con el “estallido social” nos han relatado diversas irregularidades, por ejemplo, que existen personas formalizadas inmediatamente después de detenidas con el solo mérito del parte policial, e incluso mantenidas en prisión preventiva con esa única “prueba” (que no siempre se sostiene con el resto de la evidencia). Como ya se señaló, hay ocasiones en que finalmente los casos de este tipo derivan en absoluciones por falta de pruebas.
En cambio, tratándose de causas por violaciones de derechos humanos durante el mismo período, hemos tomado nota de muchos casos en que, pese a que los carabineros involucrados estaban identificados desde el primer día, tuvo que transcurrir casi un año para que fueran formalizados o todavía no se formaliza. Nuevamente, el criterio es dispar y no hay una justificación clara para ello.
Ejemplo de lo anterior es el caso de Fabiola Campillai (RIT 13.783-2019 JG de San Bernardo), en el que se demoraron casi un año en formalizar, pese a que los carabineros que participaron en el operativo estaban identificados desde el primer momento. También está el caso de Alejandro Torres, camarógrafo que sufrió herida ocular (RIT 12.081-2019 JG de Concepción). El carabinero que lo hirió está confeso, pero todavía no está formalizado.
Esta diferencia en la celeridad de la investigación se torna más evidente en aquellos casos en que se tramita simultáneamente una causa en contra de una persona que, a su vez, denunció a Carabineros por malos tratos durante su detención. En todas las situaciones que hemos conocido de esta naturaleza (al menos diez casos), la causa en la cual la persona es imputada avanza con celeridad o ya se ha cerrado. Por otra parte, la investigación por la violencia policial que la persona dice haber sufrido todavía no tiene ningún avance. Un ejemplo es el caso de Cristóbal Flen Mendoza (RUC 1910057727-8), incluido en el informe de Amnistía Internacional “Ojos sobre Chile”.
Cristóbal fue detenido y posteriormente formalizado por maltrato de obra a Carabineros y desórdenes en “espectáculo público”. Durante esa detención, él y otras personas fueron golpeadas en varios momentos y en distintos recintos policiales. Cristóbal relató que le golpearon la cabeza con la puerta del vehículo en el que le trasladaron a la Comisaría y que, además, fue desnudado y obligado a hacer sentadillas. Por estos antecedentes, existe una causa abierta contra Carabineros por tortura y apremios ilegítimos que todavía no es formalizada.
En cambio, en la causa en que Cristóbal es imputado junto a otras ocho personas, ya hubo audiencia de juicio oral simplificado el 30 de julio, y la Fiscalía pide 400 días de cárcel. La defensa, que está trabajando una teoría alternativa, pidió una pericia específica, frente a lo cual el Ministerio Público solicitó el reagendamiento de la audiencia, por lo que se reprogramó para el mes de octubre. Mientras tanto, en la causa que nació a raíz de las denuncias de Cristóbal, se anotan varias diligencias pendientes, una de las cuales es un requerimiento de información a la 23a Comisaría de Carabineros de Talagante, que todavía no entrega antecedentes acerca de qué funcionarios participaron en el procedimiento, la dotación en los recintos policiales en que Cristóbal estuvo detenido, las grabaciones de las cámaras que pudieron haber registrado las vulneraciones ni información asociada a sumarios administrativos gatillados por la denuncia.
Publicada en CIPER Chile, revísala aquí: https://www.ciperchile.cl/2021/08/18/dos-justicias-en-chile-las-diferencias-entre-investigaciones-contra-carabineros-y-civiles-tras-el-estallido-social/