LO ÚLTIMO - Amnistía Internacional Chile

Amnistía Internacional Chile

Somos un movimiento que te invita a contribuir activamente en la defensa de los derechos humanos para hacer cambios en la vida de las personas.

EGIPTO: EJECUCIÓN INMINENTE DE CUATRO HOMBRES TRAS JUICIO MILITAR MANIFIESTAMENTE INJUSTO

27, Jun. 2017 | Categoría: ,

El presidente egipcio debe detener de inmediato la aplicación de las condenas a muerte impuestas a siete hombres que el Tribunal Militar Superior confirmó el 19 de junio tras un juicio militar manifiestamente injusto, ha afirmado hoy Amnistía Internacional. Debe ordenar un nuevo juicio ante un tribunal civil y sin recurrir a la pena de muerte.

Las sentencias contra los siete hombres son firmes. Cuatro de ellos están detenidos y, por tanto, podrían ser ejecutados en cualquier momento, una vez que el presidente o el ministro de Defensa ratifiquen las sentencias. Los otros tres hombres nunca fueron detenidos y se encuentran actualmente fuera de Egipto. Sus abogados defensores han dicho a Amnistía Internacional que el fiscal militar les impidió interponer el último recurso de apelación con el que contaban.

Las sentencias condenatorias en primera instancia y en los juicios de apelación se basaron en confesiones hechas por los cuatro hombres detenidos y mientras eran sometidos a desaparición forzada en periodos de entre 4 y 93 días, durante los cuales dicen que sufrieron tortura y otros malos tratos por parte de la Agencia de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior. Las sentencias condenatorias también se apoyaron en las investigaciones que llevó a cabo la Agencia de Seguridad Nacional y que adolecían de graves deficiencias.

Desde abril de este año, el Tribunal Militar Superior y el Tribunal de Casación de Egipto confirman cada vez más condenas a muerte, que a menudo se basan en confesiones obtenidas mediante tortura y durante periodos de desaparición forzada.

Amnistía Internacional cree que los cuatro hombres corren especial peligro de ejecución inminente porque al menos otros seis fueron ejecutados en mayo de 2015, en relación con el caso conocido como “Arab Sharkas”, dos meses después de que el Tribunal Militar Superior confirmara sus condenas a muerte en marzo de 2015, tras un juicio radicalmente injusto.

Inicialmente, un tribunal militar de Alejandría condenó a muerte a los siete hombres el 2 de abril de 2016, tras declararlos culpables de planear y llevar a cabo una explosión en el estadio Kafr Al Sheikh, en la ciudad del mismo nombre, de matar a tres estudiantes de una escuela militar y de pertenecer al grupo prohibido Hermandad Musulmana.

El 19 de junio de 2017, el Tribunal Militar Superior confirmó las condenas a muerte impuestas a Lotfy Khalil, Sameh Abdalla, Ahmed Al Sehemy y Ahmed Salama, todos ellos presentes en el juicio. El Tribunal también confirmó las condenas a muerte impuestas a Ahmed Mansour, Fakih Agamy y Sameh Abu Sheir, que fueron juzgados in abstentia.

En virtud de los artículos 111 a 114 del Código de Justicia Militar, los acusados pueden apelar la sentencia ante la Oficina de Apelaciones Militares, en un plazo de 15 días, si pueden alegar violaciones graves del debido proceso o errores de procedimiento. Sin embargo, los abogados dijeron a Amnistía Internacional que la Fiscalía Militar se negó a entregarles una copia oficial de las sentencias dictadas por el tribunal militar de primera instancia o por el Tribunal Militar Superior para que pudieran interponer dicho recurso de apelación, pese a ser este un requisito según la legislación egipcia. Los abogados también dijeron que habían presentado un escrito ante el Consejo de Estado en el que piden al presidente que no ratifique las condenas, así como una solicitud directamente al presidente para que indulte o reduzca la pena a los acusados.

Según los familiares y los abogados entrevistados por Amnistía Internacional, los cuatro hombres detenidos permanecieron recluidos en régimen de incomunicación, en condiciones de desaparición forzada, durante periodos de entre 4 y 93 días. Además, según los abogados, la Agencia de Seguridad Nacional falsificó las fechas de detención en las investigaciones oficiales para ocultar el tiempo que habían pasado en condiciones de desaparición forzada y sin ningún tipo de supervisión judicial. Según la legislación egipcia, esta es una violación grave por la que debería haberse desestimado el caso.

La Agencia de Seguridad Nacional recluyó a los hombres en régimen de incomunicación en centros de detención bajo su dirección, en la ciudad de Kafr Al Sheikh, así como en sus dependencias en El Cairo. Sus familias enviaron telegramas a la Fiscalía Militar y a la Fiscalía Pública y preguntaron por su paradero a agentes de la Agencia de Seguridad Nacional y de diferentes comisarías de policía en Kafr Al Sheikh, pero todos negaron que estuvieran bajo su custodia.

Tres de los cuatro hombres detenidos dijeron a sus familiares que, durante el período de su desaparición forzada, la Agencia de Seguridad Nacional los había mantenido con los ojos vendados, les había propinado golpes y aplicado descargas eléctricas, especialmente en la cabeza y los genitales, y los había mantenido colgados en posturas en tensión durante varias horas. También dijeron que la Agencia de Seguridad Nacional los había torturado para que confesaran.

A pesar de que los acusados y sus abogados solicitaron reiteradamente que los trasladaran a la Autoridad Médica Forense para que les realizaran un examen médico, la fiscalía y el tribunal militares se negaron a ordenar su traslado y abrir una investigación sobre las denuncias de tortura. Así pues, el Tribunal se basó en las confesiones que —según los hombres— se habían obtenido bajo tortura y durante su periodo de desaparición forzada a fin de condenarlos a muerte.

Los juicios militares de civiles en Egipto son intrínsecamente injustos porque todo el personal de los tribunales militares, desde los jueces a los fiscales, son miembros en activo de las fuerzas armadas que responden ante el ministro de Defensa y carecen de formación necesaria en materia de justicia procesal y en lo relativo al Estado de derecho.

Amnistía Internacional ha advertido del aumento en el número de condenas a muerte firmes impuestas por los tribunales desde el comienzo del año, y que allana el terreno para más ejecuciones. En virtud del derecho y las normas internacionales de derechos humanos, los países que mantienen la pena de muerte tienen la obligación de garantizar que los juicios por delitos punibles con la muerte cumplen con las normas sobre juicios justos más rigurosas internacionalmente reconocidas.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. No debe privarse a nadie del derecho a la vida, con independencia de la gravedad del delito por el que una persona haya sido condenada. Las condenas a muerte impuestas a los cuatro hombres deben anularse inmediatamente y se les debe juzgar de nuevo ante un tribunal civil, en un juicio que cumpla las normas internacionales y nacionales sobre juicios justos y sin recurrir a la pena de muerte. Amnistía Internacional también pide a las autoridades egipcias que declaren de inmediato la suspensión oficial de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena de muerte para todos los delitos.

 

Noticias Relacionadas
logo
Somos un movimiento que te invita a contribuir activamente en la defensa de los derechos humanos para hacer cambios en la vida de las personas.
Súmate