Como táctica para acosar a activistas, las autoridades egipcias están utilizando cada vez más medidas arbitrarias y excesivas para conceder la libertad condicional. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy. En algunos casos se han impuesto condiciones extremas, con las que los activistas excarcelados se han visto obligados a pasar hasta 12 horas al día en una comisaría de policía.
La libertad condicional bajo vigilancia policial en Egipto exige que los presos y detenidos liberados pasen un determinado número de horas al día o a la semana en una comisaría. Este tipo de libertad se usa como alternativa a la detención en espera de juicio, o puede imponerse como pena complementaria a una condena de prisión.
Amnistía Internacional ha documentado al menos 13 casos en los que se han impuesto a activistas medidas excesivas o arbitrarias de libertad condicional. En algunos casos, esas medidas preparaban el camino para detener a los activistas por segunda vez.
“Las autoridades egipcias están castigando a los activistas imponiéndoles condiciones de libertad condicional excesivas y, en algunos casos, ridículas que conculcan sus derechos fundamentales, y en algunos casos constituyen privación de libertad. Muchas de estas personas han sido acusadas o condenadas por su activismo pacífico, y no deberían haber sido encarceladas, para empezar”, ha manifestado Najia Bounaim, directora adjunta de Campañas de la Oficina Regional de Amnistía Internacional en Túnez capital.
“Los abusos en la concesión de la libertad condicional se han convertido en la última herramienta a disposición de las autoridades para sofocar la disidencia. Es imperativo que las autoridades egipcias levanten todas las medidas arbitrarias relativas a la libertad condicional y ordenen la liberación inmediata e incondicional de los activistas que hayan sido detenidos o encarcelados exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión o de reunión pacífica.”
Los periodos de libertad condicional los ordenan los jueces al dictar la condena, pero normalmente dejan a discreción de la policía, sin supervisión de ningún tipo, la determinación de las horas que cada individuo debe pasar bajo vigilancia condicional como parte de la pena.
En lugar de requerir que los ex presos y ex detenidos se presenten en comisaría, firmen y se marchen, la policía egipcia termina deteniendo a activistas condenados a libertad condicional durante periodos de hasta 12 horas al día en las comisarías. Durante ese tiempo, no les permiten salir de la comisaría, recibir visitas o comunicarse con ninguna persona aparte de los policías.
Los activistas Ahmed Maher y Mohamed Adel, excarcelados después de permanecer tres años en prisión por una protesta no autorizada, se ven obligados a pasar 12 horas al día en comisarías de policía como parte de la condena impuesta por un tribunal egipcio en diciembre de 2013. A causa de estas medidas, no pueden trabajar, viajar, estudiar o expresar libremente sus opiniones.
En al menos cuatro casos documentados por Amnistía Internacional, los activistas bajo libertad condicional fueron detenidos por segunda vez, a pesar de que no habían violado las condiciones de su libertad.
Según la ley egipcia (Ley número 99 de 1945), las personas en libertad condicional bajo vigilancia policial deben pasar las horas de libertad condicional que les sean asignadas en su domicilio, de manera que se encuentren en él si hay una visita repentina de los policías responsables de vigilar su libertad. Sin embargo, la Ley de Libertad Condicional otorga a la policía una amplia autoridad para obligar a las personas a pasar ese tiempo en comisaría si la policía considera que resulta difícil vigilar a la persona en cuestión en su domicilio. La ley castiga además a quienes violan las normas de la libertad condicional con un año de prisión, sin especificar qué constituye exactamente una violación de dichas normas de la libertad condicional. Las normas internacionales disponen que las autoridades deben explicar, verbalmente o por escrito, las condiciones que rigen las medidas no privativas de libertad a las personas que son objeto de ellas, lo cual incluye explicarles sus obligaciones y sus derechos.
Los amplios poderes y la discrecionalidad sin trabas otorgados a la policía han convertido en la práctica, en algunos casos, la libertad condicional en detención, con lo que han socavado el propósito de la libertad condicional como medida no privativa de libertad.
Las medidas de libertad condicional también facilitan las violaciones de derechos humanos –como la detención arbitraria, los malos tratos y las restricciones arbitrarias del derecho a la libertad de circulación y la libertad de expresión– cometidas contra activistas que han sido blanco de ataques como parte de la represión gubernamental de la disidencia. También interfieren en el disfrute de otros derechos humanos, como el derecho al trabajo, a la educación y a un nivel de vida adecuado.
“Las medidas excesivas y punitivas de concesión de la libertad condicional son poco más que otra forma de detención disfrazada. Han imposibilitado a algunos activistas el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, reunión y circulación, incluso después de haber terminado de cumplir su condena. Es simplemente otro medio del sistema de justicia penal de Egipto para silenciar e intimidar a quienes critican al gobierno”, ha manifestado Najia Bounaim.
Según la ley egipcia, las medidas de libertad condicional pueden aplicarse en relación con una amplia diversidad de delitos, y la legislación incluye disposiciones que penalizan el derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de expresión. Por ejemplo, los acusados declarados culpables en virtud del artículo 375 bis del Código Penal, que tipifica unos delitos vagamente definidos, como “aterrorizar a la población” o “dañar la seguridad pública”, deben cumplir entre uno y cinco años de prisión, y el mismo tiempo de libertad condicional tras la excarcelación.
Los fiscales a veces ordenan la libertad condicional para dejar libres a personas antes de su juicio. En este caso, laorden de libertad condicional determina el número de horas y días que el detenido liberado debe pasar bajo vigilancia policial. La autoridad responsable de la detención tiene derecho a dar por terminada la libertad condicional y volver a detener al acusado si se violan las condiciones y normas de la libertad condicional. No obstante, la ley no especifica en qué consisten esas violaciones de las normas. La policía ha explotado esta vaguedad para justificar el volver a detener a activistas por no presentarse ante el agente responsable de vigilar su libertad condicional durante las horas establecidas. La ambigüedad de las condiciones obliga además a los activistas en libertad condicional a mantenerse en guardia en todo momento, y los desanima de participar en la vida pública y en actividades políticas.
Casos:
Ex presos
Ahmed Maher, destacado activista político y líder del movimiento juvenil 6 de Abril, es uno de los que se encuentra en libertad condicional bajo vigilancia policial. El 22 de diciembre de 2013, un tribunal lo condenó, junto con los activistas políticos Mohamed Adel y Ahmed Douma, a tres años de cárcel, tres años de libertad condicional bajo vigilancia policial después de la excarcelación y una multa de 50.000 libras egipcias (7.185 dólares estadounidenses) cada uno, por participar en una protesta no autorizada. Tras haber cumplido tres años entre rejas, Maher se presentó en la comisaría de policía de Al Tagamu’ al Khamis el 5 de enero de 2017 para comenzar su periodo de libertad condicional. La policía le ordenó que permaneciera 12 horas cada noche en la comisaría, de seis de la tarde a seis de la mañana, lo que significa que pasará bajo custodia policial un año y medio adicional a los tres años que ya ha pasado en prisión.
El abogado de Maher dijo a Amnistía Internacional que éste siente que aún está en prisión, que ponerlo bajo libertad vigilada sirve para restringir su circulación e impedirle participar en actividades políticas o expresar sus opiniones tras su excarcelación. No puede cuidar de su madre, que está enferma y requiere tratamiento médico. No puede encontrar un empleo ni ejercer su profesión como ingeniero civil a causa de las 12 horas que pasa cada noche en la comisaría.
El abogado de Maher contó a Amnistía Internacional que la sentencia en contra de su cliente no especificaba los términos de la libertad condicional, y dijo que, en su opinión, la comisaría de policía recibió instrucciones de la Agencia de Seguridad Nacional de mantenerlo recluido para vigilancia durante 12 horas diarias.
El abogado dijo también que, durante los primeros cuatro días de su libertad condicional, a Maher lo obligaron a permanecer sentado en un pasillo a oscuras delante de una celda en la comisaría de Al Tagamu’ al Khamis, sin cama, sin manta y sin iluminación. Posteriormente lo trasladaron a una habitación pequeña y fría, de 1,5 x 2 metros, bajo una escalera. Durante las 12 horas que pasa cada noche en la comisaría le prohíben utilizar dispositivos electrónicos, incluido su teléfono móvil, y no le permiten recibir visitas de su familia. Algunos policías también le niegan el uso de las instalaciones higiénicas. Él pidió ver al director de la comisaría para presentar una queja, pero su petición fue denegada.
Mohamed Adel, uno de los líderes del movimiento juvenil 6 de Abril que fue condenado en la misma causa que Ahmed Maher a tres años de prisión y tres años de libertad condicional, también se ha visto seriamente afectado por las condiciones abusivas de la libertad condicional bajo vigilancia policial. Fue puesto en libertad bajo custodia el 22 de enero de 2017 tras pasar tres años en la cárcel, y empezó su periodo de libertad condicional. Pasa 12 horas al día, de seis de la tarde a seis de la mañana, en la comisaría de policía de Aga, en la gobernación de Dakahlia. En la comisaría le prohibieron utilizar su teléfono móvil, ver la televisión o utilizar cualquier otro dispositivo durante sus horas de vigilancia. Su petición de que le levantaran las medidas de vigilancia durante un día para viajar a El Cairo fue denegada.
Mohamed Adel contó a Amnistía Internacional que había tenido que posponer su boda a causa de la duración de sus medidas de vigilancia, algo que no esperaba porque pensaba que, una vez cumplida su pena de prisión, quedaría libre. Adel estudia en la Universidad de El Cairo, pero no puede asistir a sus clases tres veces a la semana porque sus medidas de libertad condicional bajo vigilancia policial deben implementarse en otra gobernación. Según ha manifestado, no puede expresar su opinión ni participar en actividades políticas pacíficas, pues teme que se pueda considerar que esas actividades violan las condiciones de su libertad condicional y puedan dar lugar a un nuevo procesamiento.
Libertad condicional que prepara el camino para una nueva detención
Amnistía Internacional habló con el activista Abd el Azim Ahmed Fahmy, conocido como Zizo Abdo, a quien la policía detuvo en mayo de 2016 por cargos de incitar a la población a participar en una protesta no autorizada. Tras pasar cinco meses en detención preventiva, Zizo Abdo fue puesto en libertad condicional bajo vigilancia policial durante dos horas, tres veces a la semana, en la comisaría de policía de Bolak el Dakrour, en El Cairo. El 14 de febrero de 2017, un tribunal ordenó que se pusiera fin a su libertad condicional y ordenó que se le detuviera de nuevo durante 45 días por no presentarse en comisaría durante las horas establecidas el 8 de febrero. El abogado de Zizo dijo a Amnistía Internacional que éste no se había presentado en comisaría aquel día porque había sido detenido por la policía mientras estaba en un café unas horas antes y lo habían mantenido incomunicado durante cinco horas. El 26 de febrero, el Tribunal de lo Penal de El Cairo examinó la apelación de Abdo contra su nueva detención y ordenó su libertad condicional bajo vigilancia policial.
Abdo contó a Amnistía Internacional que, mientras estaba bajo libertad vigilada, se sentía atrapado entre la libertad y el encarcelamiento, no podía trabajar ni viajar, ni siquiera dentro de Egipto, ni expresar su opinión sobre cuestiones públicas. Evitaba participar en actividades políticas por miedo a ser detenido de nuevo si sus actos se interpretaban como violaciones de las condiciones de su libertad.
Khaled el Ansary, Said Fathallah y Ahmed Kamal fueron detenidos por segunda vez el 22 de octubre de 2016, y actualmente permanecen en detención preventiva acusados de pertenecer a un grupo prohibido llamado “Juventud 25 de Enero”. Los tres pasaron siete meses en prisión preventiva tras haber sido detenidos el 30 de diciembre de 2015.
El tribunal primero ordenó su libertad condicional el 1 de agosto de 2016, con periodos de vigilancia policial de cuatro horas (de 8 de la tarde a 12 de la noche) en tres comisarías diferentes, tres veces a la semana. El 7 de septiembre de 2016, el tribunal redujo las medidas de vigilancia a dos horas una vez a la semana. El 20 de octubre, el Tribunal de lo Penal de El Cairo levantó las medidas de vigilancia para los tres hombres. Sin embargo, dos días después, la Fiscalía de la Seguridad del Estado apeló contra la decisión del tribunal. Una sala diferente de ese mismo tribunal examinó la apelación y decidió detener a los tres hombres durante 45 días, pese a que no habían violado ninguna de las condiciones de la libertad vigilada y habían cumplido estrictamente sus horas de presentación en las comisarías de policía.
Desde entonces, la detención de los tres hombres se ha ido renovando cada 45 días: la última renovación fue el 25 de febrero de 2017.
Dos de los hombres (Khaled el Ansary y Eyad el Masry) se han puesto en huelga de hambre en protesta por el trato recibido. La madre de Khaled el Ansary dijo a Amnistía Internacional que las medidas de libertad condicional bajo vigilancia policial habían afectado negativamente a los estudios universitarios de su hijo, y al trabajo, la vida y la economía de su familia.