Las organizaciones de la sociedad civil firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por el reciente aumento de las restricciones impuestas a la sociedad civil y por la denigración pública de defensores y defensoras de los derechos humanos en Egipto. Pedimos a las autoridades egipcias que cumplan sus obligaciones internacionales y garanticen que la sociedad civil y los defensores y defensoras de los derechos humanos puedan trabajar en un entorno seguro y propicio, sin temer represalias.
El 24 de mayo de 2017, el presidente Abdel Fatah al Sisi promulgó una ley muy restrictiva que da al gobierno poderes extraordinarios sobre las ONG y reprime las actividades de la sociedad civil. El Parlamento había aprobado el proyecto de ley en noviembre de 2016, pero su avance se frenó ante las protestas de organizaciones de la sociedad civil locales e internacionales para impedir que el presidente lo convirtiera en ley. La Ley 70 de 2017 limita gravemente el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil y restringe de manera injustificada los derechos a las libertades de expresión y asociación. Establece cuantiosas multas y penas de cárcel para los grupos de la sociedad civil que publiquen estudios o informes sin la aprobación previa del gobierno o que realicen actividades sin objetivos sociales o de desarrollo. Estas nuevas restricciones hacen prácticamente imposible el trabajo de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
La ley da a los organismos gubernamentales una autoridad sin precedentes para interferir con las actividades cotidianas de las organizaciones de la sociedad civil, incluida la cooperación con cualquier entidad fuera de Egipto. La ley incluye disposiciones excesivamente amplias y difusas que podrían derivar en su aplicación arbitraria y en la persecución de actividades legítimas, lo cual resulta preocupante. El artículo 13 de la ley prohíbe en líneas generales a las organizaciones de la sociedad civil realizar actividades que puedan considerarse nocivas para la seguridad nacional, el orden público, la moral pública o la salud pública. La ley viola asimismo el derecho a la libertad de asociación y criminaliza las actividades que se consideran “de naturaleza política” y los esfuerzos en favor de una reforma legislativa, con lo cual obstaculiza la importante labor de los grupos independientes de la sociedad civil en Egipto.
Además, el gobierno ha restringido injustificadamente el derecho a la libertad de expresión en Internet y la capacidad de la población para comunicarse libremente y para buscar y obtener información. El 25 de mayo, el gobierno bloqueó el acceso a 21 sitios web y los acusó de difundir “el terrorismo y el extremismo” y de “publicar mentiras”. Ese bloqueo se llevó a cabo sin ningún procedimiento jurídico y sin supervisión judicial. Entre los sitios web afectados está Mada Masr, uno de los pocos medios de comunicación independientes que hacen periodismo de investigación.
El 25 de mayo de 2017, más de 10 medios de comunicación publicaron artículos e informes en el marco de una campaña de desprestigio contra los defensores y defensoras de los derechos humanos que habían viajado unos días antes a Roma para participar en un encuentro con representantes de la sociedad civil de otros países. Los artículos tildaban de “traidores” a esos defensores y defensoras de los derechos humanos e instaban al servicio de inteligencia egipcio a que los juzgara por la vía penal a su regreso. Esa campaña de desprestigio tenía por objetivo desacreditar y deslegitimar el trabajo de activistas pacíficos dañando su reputación.
Persisten la intimidación y el acoso de las autoridades a los defensores y defensoras de los derechos humanos. El 24 de mayo, el activista defensor de los derechos humanos Mohamed Zaree, director del Programa para Egipto del Instituto Cairota de Estudios de Derechos Humanos, fue puesto en libertad bajo fianza de 30.000 libras egipcias (1.650 dólares estadounidenses) después de que un juez lo interrogara durante varias horas. Fue acusado de recibir financiación extranjera para el Instituto Cairota de Estudios de Derechos Humanos, al igual que otras organizaciones de la sociedad civil, y de utilizar esos fondos para promover actividades que las autoridades consideran nocivas para la seguridad nacional. También se lo acusó de dañar la reputación de Egipto mediante la elaboración de informes sobre derechos humanos para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En los últimos años, las autoridades egipcias han prohibido viajar al extranjero a 24 defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros del personal de ONG y han congelado los activos de 7 organizaciones de derechos humanos y de 10 defensores y defensoras de los derechos humanos. Estas medidas punitivas las ha aplicado un panel judicial de investigación al que se ha asignado indagar en las actividades de las organizaciones de derechos humanos.
Otra cosa que queda clara en los acontecimientos recientes en Egipto es que el Estado egipcio parece decidido a cerrar, en particular, el espacio cívico de feministas y defensoras de los derechos humanos. La supresión del activismo de feministas y defensoras de los derechos humanos egipcias como Azza Soliman y Mozn Hassan, cuya labor se centra en aspectos cruciales de la violencia contra las mujeres, el cierre del centro Al Nadeem y la prohibición de viajar emitida contra la defensora de los derechos humanos Aida Seif al Dawla, entre otras medidas, son herramientas típicas que los gobiernos represivos suelen utilizar contra las defensoras de los derechos humanos.
Instamos a las autoridades egipcias a derogar la Ley 70 de 2017, cerrar la investigación penal en curso por el trabajo de los grupos de defensa de los derechos humanos y garantizar un entorno seguro y propicio en el que las organizaciones de la sociedad civil y los defensores y defensoras de los derechos humanos puedan hacer su labor sin temer represalias.
Firmantes
Instituto Al Andalus de Estudios para la Tolerancia y contra la Violencia Amnistía Internacional
Article 19
Asociación por la Libertad de Pensamiento y de Expresión CIVICUS
EuroMed Rights
Front Line Defenders
Coalición Internacional por la Salud de las Mujeres Nazra para Estudios Feministas
Coalición de Defensoras de los Derechos Humanos para Oriente Medio y el Norte de África Musulmanes por los Valores Progresistas, Nederland
Tahrir Institute for Middle East Policy Transparencia Internacional
Coalición Internacional de Defensoras de Derechos Humanos