(Photo by Alain Pitton/NurPhoto via Getty Images)
Esta mañana, la vicepresidenta Kamala Harris intervino en una conferencia de prensa en Varsovia (Polonia), en la que habló del apoyo de Estados Unidos a la OTAN y respaldó los llamamientos a una investigación internacional sobre los crímenes de guerra derivados de la invasión rusa de Ucrania. En respuesta a sus declaraciones, Daniel Balson, director de Incidencia en Europa y Asia Central de Amnistía Internacional Estados Unidos, dijo:
“El apoyo de la vicepresidenta Harris a una investigación internacional sobre las violaciones del derecho internacional humanitario perpetradas por Rusia en Ucrania es un toque de rebato para que los líderes políticos de Estados Unidos y de otros países tomen partido por los derechos humanos.
Durante demasiado tiempo, las administraciones republicanas y demócratas de Estados Unidos han obstaculizado la labor de la justicia internacional. Mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, estamos siendo testigos de las distintas formas que la impunidad puede adoptar: ataques con misiles a hospitales de maternidad y con bombas de racimo a jardines de infancia. Los líderes políticos de Estados Unidos y de otros países deben decidir si vamos a vivir en un mundo en el que el bombardeo de barrios civiles se reciba con indiferencia o con justicia.
Esperamos que la administración convierta en hechos las palabras de la vicepresidenta y la instamos a que ratifique la firma de Estados Unidos del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y que preste un apoyo tangible a su labor.”
Información complementaria
En la actualidad, 123 naciones han ratificado el Estatuto de Roma y son miembros de la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional. Si bien Estados Unidos desempeñó un papel fundamental en el establecimiento del Estatuto de Roma por el que se creó la Corte Penal Internacional y firmó inicialmente el tratado, la administración del expresidente George W. Bush retiró efectivamente la firma.
En 2014, el Parlamento ucraniano adoptó una resolución en la que aceptaba la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para los crímenes de guerra cometidos en su territorio a partir de febrero de 2014.