Tamaryn Nelson, asesora de Salud de Amnistía Internacional
Hace un año, la COVID-19 obligó a los líderes y lideresas de las 20 mayores economías del mundo a celebrar online su cumbre anual del G20. Presidida por Arabia Saudí, la reunión, virtual y reducida, fue un símbolo de las alteraciones causadas por la peor pandemia en un siglo. Dominaron los dos días de la cumbre los debates sobre cómo afrontar la pandemia y garantizar que las vacunas contra la COVID-19, que se preveía iban a llegar de forma inminente al mercado, estuvieran disponibles en todo el mundo.
Al término de sus deliberaciones, los líderes y lideresas del G20 emitieron un comunicado final en el que anunciaban que habían movilizado recursos para apoyar la investigación, el desarrollo, la fabricación y la distribución de pruebas diagnósticas, terapias y vacunas contra la COVID-19 seguras y efectivas. “No escatimaremos esfuerzos para garantizar el acceso asequible y equitativo para todas las personas”, proseguía el comunicado.
Los líderes y lideresas del G20 se comprometieron también a proteger vidas. Sin embargo, no ofrecieron un plan concreto para hacer todo esto. Sus promesas se parecían a los “pensamientos y oraciones” de las declaraciones que hacen los dirigentes tras un tiroteo masivo cuando lo que hace falta en realidad son nuevas políticas sobre la violencia con armas de fuego.
Apenas unas semanas después, vimos un rayo de esperanza cuando se administró en Reino Unido la primera vacuna contra la COVID-19. Transcurrido un año, vemos, una vez más, los preparativos para otra cumbre del G20, esta vez presencial, en Roma, bajo la presidencia de Italia. Pero cuando los líderes y lideresas del G20 se reúnan finalmente, ¿qué tendrán para demostrar que cumplieron las promesas de hace un año?… Trágicamente, no mucho.
Mientras la tasa media de vacunación en los países del G20 es de alrededor del 52%, sólo se ha podido vacunar al 10% de la población de los países de ingresos bajos y medianos bajos. Quizá sea aún más preocupante el hecho de que, a pesar del despliegue de vacunas, las muertes a causa de la COVID-19 hayan aumentado, pasando de 1,3 millones hace un año a casi 5 millones hoy. Suficientes personas para llenar el Coliseo, el monumento más emblemático de Roma, cien veces.
La injusticia manifiesta del despliegue de la vacuna no ha hecho sino contribuir a la agonía y el sufrimiento de los países especialmente afectados, cuyos sistemas sanitarios están al borde del colapso por las sucesivas olas del virus mientras sus gobiernos no pueden obtener dosis suficientes para la población.
Nepal, por ejemplo, alcanzó el punto de inflexión en junio, cuando el país se quedó sin vacunas, lo que ha hecho que 1,4 millones de personas de alto riesgo tengan que esperar meses para recibir la segunda dosis. En aquel momento, los hospitales rechazaban a la gente que necesitaba atención desesperadamente cuando sólo el 2,4% de la población nepalí estaba inmunizada del todo. Hoy, cinco meses después, Nepal ha recibido dosis excedentes de Bután, Japón y Reino Unido… pero, aunque ha podido inmunizar con la pauta completa al 25% de su población, eso no es suficiente.
Entonces, ¿qué hay detrás de este catastrófico fracaso? Sencillamente, un grado de codicia y egoísmo que excede toda lógica. En 2020, muchos países del G20 hicieron pedidos y compraron la inmensa mayoría de las vacunas contra la COVID-19 antes de que éstas hubieran sido aprobadas siquiera. Numerosos países acumularon dosis suficientes para poder vacunar varias veces a toda su población. En 2021, siguen acaparando excedentes de dosis, prefiriendo guardarlas antes que compartirlas con quienes más las necesitan. Se calcula que los países ricos tienen en estos momentos 500 millones de dosis almacenadas, cantidad que, según personas expertas, podría salvar más de un millón de vidas.
Igual de impresionantes son los informes según los cuales la Unión Europea y los países del G7 tendrán, en total, mil millones de vacunas más de las que necesitan al terminar 2021, el 10% de las cuales caducará al final de este año, fecha para la que quedan menos de 75 días. A menos que se redistribuyan inmediatamente, lo más probable es que sean irrecuperables porque la mayoría de los países necesitan al menos dos meses para preparar un plan de vacunación adecuado. Y casi un tercio de estas vacunas están en Estados Unidos, que ya ha desechado hasta 15 millones de dosis él solo desde marzo de este año, según informaciones publicadas en los medios de comunicación.
El 22 de septiembre, Amnistía Internacional inició una campaña global para exigir que se cumpla antes de final de año el objetivo de la Organización Mundial de la Salud de garantizar que se ha vacunado al 40% de la población de los países de ingresos bajos y medianos bajos. La campaña Cuenta atrás de 100 días: ¡2.000 millones de vacunas contra la COVID-19 ya! pide a los gobiernos con excedentes que redistribuyan estas dosis a otros países antes de que finalice el año. Sólo nos quedan 64 días en 2021 para alcanzar este objetivo.
Aunque algunos países se han comprometido a redistribuir vacunas, algo similar a lo que prometió el G20 del año pasado, muchos siguen sin haber presentado un calendario claro para hacerlo. Algunos países sólo se han comprometido a hacerlo antes del próximo mes de septiembre, casi dentro de un año. La cuenta atrás ha comenzado y es inadmisible que esperen mientras cada semana mueren decenas de miles de personas.
El año pasado, el rey de Arabia Saudí Salman bin Abdulaziz dijo en su discurso de inauguración de la cumbre del G20 que los líderes y lideresas del G20 tenían el deber de “transmitir un mensaje enérgico de esperanza y tranquilidad” a la población. Este año, mi esperanza es que todos los mensajes de “pensamientos y oraciones” vayan seguidos de una acción real.
Mientras Europa, Estados Unidos y algunos países más salían del confinamiento en los últimos meses, partes de África, Asia y América Latina se sumían en nuevas crisis y seguimos viendo cada mes decenas de miles de muertes evitables.
Las palabras de ánimo son bonitas, pero no pueden estar a la altura de un plan de acción adecuado para garantizar que todos los habitantes del planeta reciben una inyección de la vacuna contra la COVID-19, algo especialmente urgente cuando la pandemia empieza a estar en segundo plano para algunas de las economías más poderosas, dejando que el resto del mundo soporte sus peores efectos.
Más información:
Amnistía Internacional lanzó la nueva campaña Cuenta atrás de 100 días: ¡2.000 millones de vacunas contra la COVID-19 ya! el 22 de septiembre de 2021. La organización pide a los Estados y a las empresas farmacéuticas que envíen ya 2.000 millones de vacunas a quienes las necesitan para garantizar que se cumple el objetivo de la Organización Mundial de la Salud de que el 40% de la población de los países de ingresos bajos y medianos bajos está vacunada antes de que finalice el año.