En respuesta al fallo de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, que confirma la orden preliminar por la que la administración Trump debe detener lo que se conoce como política de “Quédate en México” —en virtud de la cual el gobierno estadounidense devuelve a México indefinidamente a las personas solicitantes de asilo mientras éstas piden asilo en Estados Unidos—, Charanya Krishnaswami, directora de incidencia de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha declarado:
“Esta política nunca fue concebida para que funcionara, sino únicamente para disuadir a la gente de ejercer su derecho a solicitar asilo.
“Ahora que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito ha detenido esta intolerable política, a las decenas de miles de personas solicitantes de asilo que ya han sido sometidas a ella debe ofrecérseles de inmediato la oportunidad de presentar sus solicitudes de asilo desde Estados Unidos, una oportunidad que en todo momento deberían haber tenido.
“En lugar de recurrir esta decisión, el gobierno estadounidense debería tratar de reparar el daño que esta política ha infligido a personas que buscan seguridad, y restaurar su compromiso con el derecho a solicitar asilo en la frontera de Estados Unidos.”
Información general y contexto
Desde enero de 2019, fecha en que comenzó a aplicarse esta política, Amnistía Internacional ha realizado labores de investigación y trabajo de incidencia para detener los denominados “Protocolos de Protección a Migrantes”, que han puesto en peligro a decenas de miles de personas que buscaban seguridad. Hace poco, en enero de 2020, Amnistía Internacional fue invitada a visitar las herméticas cortes de inmigración en tiendas de campaña construidas en los puntos de entrada exclusivamente para acoger audiencias de casos de personas afectadas por este programa, y quedó muy preocupada por las violaciones sistémicas del gobierno contra las propias políticas que rigen el programa, así como respecto a la falta de debido proceso inherente a él. Antes, en octubre de 2019, una delegación de directores y directoras de país de Amnistía Internacional llevó a cabo una misión de observación del impacto que tienen las políticas contra el asilo en la frontera. La delegación se reunió con profesionales de la abogacía representantes de personas solicitantes de asilo que están a la espera del desarrollo de sus procedimientos judiciales en Estados Unidos en condiciones precarias y peligrosas en México.
Amnistía Internacional recurrió a la amplia labor de investigación que la organización ha realizado documentando los perjuicios a los que se enfrentan las personas solicitantes de asilo en México para intervenir en el litigio Innovation Law Lab v. McAleenancon un amicus curiae en el que se describen los muchos y graves peligros que acechan a las personas a quienes se devuelve en virtud del programa.
Amnistía Internacional ha documentado anteriormente el abanico de violaciones de los derechos humanos perpetradas por el gobierno de Estados Unidos contra las personas que solicitan asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. En 2018, la organización concluyó que México no es un país seguro para las personas solicitantes de asilo y que en él se detiene y deporta de forma habitual a las personas que necesitan protección. Además, Amnistía también ha denunciado la prohibición de asilo más reciente, que impide que personas que han atravesado terceros países en su viaje en busca de seguridad en Estados Unidos sean elegibles para que su solicitud de asilo sea evaluada en este país. Amnistía ha calificado a los nuevos acuerdos de asilo con Honduras, El Salvador y Guatemala de parodia del derecho a solicitar asilo.