Nicholas Piachaud, Egypt Researcher at Amnesty International
El próximo sábado, tres renombrados periodistas van a ser juzgados en Egipto. Nunca hubo tanto en juego para los medios de comunicación independientes y la sociedad civil del país. Pero ahora mismo lo que está en peligro es la credibilidad de la comunidad internacional.
Yahia Galash, jefe del sindicato, y los miembros de la junta directiva Khaled Elbalshy y Gamal Abd el Reheem, van a ser enjuiciados por un sistema judicial que ya ha encarcelado a miles de opositores políticos y personas críticas con el gobierno.
Los tres están acusados de “dar refugio a sospechosos” y “publicar noticias falsas”. ¿Su verdadero “delito”? Defender la libertad de expresión.
El sindicato de prensa lleva dos meses inmerso en una batalla en defensa de las libertades fundamentales en Egipto. En abril, las fuerzas de seguridad respondieron a una protesta ante la sede del sindicato practicando al menos 1.300 detenciones en todo el país. El 1 de mayo, fuerzas de seguridad armadas llevaron a cabo un registro en el sindicato de prensa, por primera vez en sus 75 años de historia, y detuvieron a dos periodistas reclamados por “instigar protestas”. Ante las protestas del sindicato, la fiscalía citó a tres de sus periodistas más prominentes para interrogarlos y a continuación los remitió a los tribunales.
El mensaje es evidente: no hay a donde huir. No queda ningún lugar donde esconderse. Y nadie es intocable.
Entre las personas detenidas como parte de esta campaña de represión hay magnates de los medios de comunicación, periodistas vinculados a la oposición, veteranos defensores de los derechos humanos y jóvenes usuarios de smartphones.
Muchos de los destacados activistas que apoyaron el derrocamiento del presidente Morsi hace tres años hoy están en prisión.
Las detenciones han supuesto un duro golpe para la sociedad civil independiente de Egipto. El prominente abogado de derechos humanos Malek Adly se enfrenta a cargos por intentar derrocar al gobierno y por difundir “rumores” cuando llevó al gobierno ante los tribunales por el asunto de las islas del mar Rojo.
Ahmed Abdallah, de la Comisión de Derechos y Libertades de Egipto, se enfrenta a múltiples cargos en aplicación de la Ley Antiterrorista, la Ley de Manifestación y el Código Penal. Su colega Mina Thabet, con los mismos cargos en su contra, acaba de salir en libertad bajo fianza.
Las autoridades han desempolvado una investigación de cinco años sobre grupos de derechos humanos, interrogando a su personal, intentando congelar sus activos y prohibiendo viajar al extranjero a defensores de los derechos humanos.
Unos no pueden salir. Otros no pueden quedarse. El lunes, responsables de la Oficina de Pasaportes prohibían salir del país a Mozn Hassan, directora del grupo Nazra para Estudios Feministas, mientras que las fuerzas de seguridad expulsaban a la periodista de televisión Lilian Daoud.
El presidente Al Sisi ha afirmado que 2016 es el “año de la juventud”, pero hombres y mujeres jóvenes han pagado un alto precio por cuestionar a las autoridades. Miembros del grupo satírico Niños de la Calle permanecen detenidos desde mayo por ridiculizar al gobierno en relación con las islas del mar Rojo.
Otra conocida activista juvenil, Sanaa Seif, está cumpliendo seis meses de cárcel por “insultos a un funcionario público”, a raíz de sus críticas a un fiscal por interrogarla sobre su apoyo a las recientes protestas.
La sociedad civil independiente se enfrenta a una amenaza crítica, pero sus socios internacionales siguen promoviendo armas en lugar de derechos humanos.
La semana pasada, legisladores estadounidenses propusieron otra inyección de fondos a las fuerzas armadas de Egipto por valor de 1.300 millones de dólares estadounidenses prácticamente sin condiciones.
Amnistía Internacional concluye también en su investigación que prácticamente la mitad de los Estados de la UE han incumplido la propia norma del bloque que prohíbe armar a las fuerzas de seguridad de este país.
Los Estados que afirman desear “estabilidad y seguridad” en Egipto han estado rearmando a unas fuerzas de seguridad que, desde 2011, son responsables de la muerte de cientos de manifestantes pacíficos.
Es una estrategia peligrosa y corta de miras.
En lugar de seguir inyectando fondos a las fuerzas armadas egipcias, los líderes mundiales deberían demostrar su oposición a la represión en Egipto. Deberían interrumpir las transferencias de armas que fomentan la represión. Defender públicamente a los periodistas, defensores de los derechos humanos y manifestantes que sufren el asedio es muy importante, pero no es suficiente.
Sólo los egipcios tienen derecho a comentar los asuntos internos del país, ha dicho recientemente el ministro de Asuntos Exteriores.
Dígaselo a las personas que llenan actualmente las cárceles del país, mientras la comunidad internacional provee de armas al aparato de seguridad que las pone ahí.
Este artículo fue publicado por primera vez en el Huffington Post; para consultarlo, haga clic aquí.