Las autoridades Salvadoreñas deben abolir la ley de Amnistía y llevar a la justicia a los responsables de las ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas que tuvieron lugar durante el brutal conflicto armado o arriesgar convertirse en cómplices de aquellos crímenes, dijo Amnistía Internacional en el 24 aniversario de la firma de los acuerdos de paz.
“Al ignorar los compromisos firmados durante los históricos acuerdos de paz, las autoridades de El Salvador se están burlando cruelmente de las decenas de miles de víctimas de ejecuciones, tortura y desapariciones forzadas y de sus familiares — quienes no piden más que su derecho a la verdad, justicia y reparación,” Dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“La determinación del Estado salvadoreño de garantizar impunidad para estos criminales envía un mensaje de que estos hechos son aceptados y tolerados, y que nadie será castigado. En un país que hoy sufre una horrorosa ola de violencia, el comportamiento de las autoridades salvadoreñas debe reflejar una condena a cualquier actuación que perpetúe la impunidad de crímenes del pasado y el presente.”
Información adicional
Los Acuerdos de Paz de El Salvador dieron fin a una guerra civil de 12 años (1979-1992). Se estima que unas 75,000 personas fueron brutalmente asesinadas y que 8,000 desaparecieron durante el conflicto.
En 1993, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una ley de amnistía que previene el enjuiciamiento de los sospechosos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante el sangriento conflicto.
Recientemente, el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional de España reiteró la orden de detención internacional, librada en el 2011, en contra de casi 20 militares acusados de haber participado en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, una trabajadora doméstica y su hija, ocurrido en 1989. Hasta el momento, las autoridades salvadoreñas no reportan el cumplimiento de la orden de detención emitida hace más de cuatro años.
En los últimos nueve meses, dos ex militares que fungieron como Ministros de Defensa durante el conflicto armado han sido deportados de Estados Unidos a El Salvador por su rol en la comisión de violaciones a derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno salvadoreño. Ninguno de los pedidos de justicia ha avanzado hasta el momento en El Salvador.