Las autoridades salvadoreñas deben poner fin a su implacable campaña contra los derechos de las mujeres y liberar inmediatamente a una mujer encarcelada en 2007 tras sufrir un aborto espontáneo. Así lo ha declarado hoy Amnistía Internacional antes de una votación parlamentaria que resultará crucial para su caso.
El Parlamento de El Salvador votará este viernes si concede el primer indulto en las causas de 17 mujeres encarceladas por motivos relacionados con el embarazo.
Guadalupe, que ingresó en prisión con 18 años y tiene un hijo de 5, fue condenada a 30 años de cárcel tras sufrir un aborto espontáneo en 2007. Se la acusó de haberse sometido a un aborto, algo que la legislación de El Salvador no permite bajo ninguna circunstancia.
“La terrible historia de Guadalupe es sólo un ejemplo de los ridículos extremos a los que están dispuestas a llegar las autoridades de El Salvador para castigar a las mujeres. Nunca deberían haberla encarcelado, y no debe pasar ni un segundo más entre rejas”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América.
“Al criminalizar el hecho de sufrir un aborto espontáneo y prohibir el aborto, aunque la vida de una mujer dependa de ello, El Salvador está condenando a miles de personas a morir o pasar décadas en prisión. Esto ha de cambiar.”
Guadalupe forma parte de un grupo de 17 mujeres salvadoreñas que están cumpliendo condenas de entre 12 y 40 años de prisión por complicaciones derivadas del embarazo. El Salvador prohíbe completamente el aborto y criminaliza las decisiones sexuales y reproductivas de las mujeres y las niñas.
Amnistía Internacional ha documentado casos de mujeres procesadas y encarceladas durante décadas por sufrir abortos espontáneos estando fuera de un hospital y sin atención médica.
Sus procesamientos y juicios sin garantías, consecuencia de un entorno hostil a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, tienen como denominador común el prejuicio, las pruebas falsas y la carencia de una defensa legal efectiva. En muchos casos, estas mujeres fueron acusadas inicialmente de aborto y, posteriormente, se les imputó el cargo de homicidio culposo, que conlleva penas de prisión mucho más largas.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto presentó en abril una petición de indulto para Guadalupe, en la que ponía de manifiesto la existencia de motivos de preocupación acerca de la imparcialidad del juicio y el respeto del debido proceso. Entre otros aspectos, destacaba que el examen forense realizado tras el aborto no había determinado la causa de la muerte del feto ni hallado pruebas de que Guadalupe la hubiera provocado. Esto, por sí solo, implicaría que la condena es injusta.
Además, tras ser trasladada Guadalupe a un hospital público a raíz del aborto, los empleados del hospital avisaron a la policía, que la interrogó sin que su abogado estuviera presente y mientras recibía atención médica. Tampoco la examinó ningún psicólogo en ese momento, por lo que el juez no pudo valorar su estado de ánimo durante el interrogatorio.
“El Salvador tiene la oportunidad de dar un primer paso para corregir la injusticia a la que se ha sometido a estas 17 mujeres. Todas ellas deberían quedar libres de inmediato. Además, el gobierno debe poner fin a la anticuada y opresiva prohibición del aborto y proteger a las mujeres y las niñas contra la violencia y la discriminación”, ha afirmado Erika Guevara-Rosas.