Las enmiendas propuestas al Código Penal español, que ampliarían los delitos tipificados como “terrorismo” para incluir un lenguaje vago y categorías demasiado amplias de infracciones, vulnerarían derechos humanos básicos de las personas, ha declarado Amnistía Internacional ante el debate parlamentario que se va a celebrar hoy.
“La definición propuesta de terrorismo incluye tantos delitos que carece prácticamente de sentido. El Parlamento debe rechazar cualquier propuesta que viole derechos humanos básicos”, ha afirmado Julia Hall, experta de Amnistía Internacional en antiterrorismo y derechos humanos.
“Parece como si cualquier cosa, desde ciertas forma de expresión y de asociación hasta el pirateo informático y los viajes, pudiera etiquetarse y enjuiciarse como terrorismo. La definición sugerida es excesivamente amplia y algunos elementos son tan vagos que incluso un abogado experimentado tendría dificultades para saber con certeza qué constituiría un acto terrorista.”
“Lo que España necesita para combatir el terrorismo es justo lo contrario: una definición exacta y legalmente precisa de los delitos que constituyen ‘terrorismo’. Y cualquier nueva medida debe ser necesaria y proporcional a la amenaza real.”
Las enmiendas propuestas, de ser aprobadas, podrían amenazar los derechos a la libertad de expresión y de asociación, la presunción de inocencia, la libertad de circulación, el derecho a la vida privada y el derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
“Tras los atentados de París y el aumento de las iniciativas contra el terrorismo en Europa, los gobiernos deben permanecer vigilantes para garantizar que sus esfuerzos para frustrar ataques en el futuro no se realizan a expensas de los derechos humanos”, ha dicho Julia Hall.
“El respeto a los derechos humanos es esencial para mantener la seguridad y no un obstáculo para salvaguardar a las personas del peligro.”
Entre las numerosas enmiendas que se van a debatir figura una ampliación de la definición de terrorismo para incluir actos como la “subversión” del orden constitucional, la “resistencia” a las autoridades y apoyar de forma “imprudente”, incluso involuntaria, una empresa terrorista.
Una nueva propuesta prohibiría viajar o planear viajar fuera de España a fin de colaborar con grupos extremistas o recibir adiestramiento de ellos, incluso si no se produce dicho adiestramiento o no se comete un acto calificado de terrorista. El intercambio de información, incluida la procedente de servicios de inteligencia extranjeros, aumenta la posibilidad de que se intercambien y se empleen con fines de inteligencia pruebas obtenidas bajo tortura.
También quedaría prohibido en España hacer una declaración en las redes sociales que pueda percibirse en el sentido de que incita a cometer ataques violentos, aun en el caso de que la declaración no pudiera relacionarse directamente con un acto de violencia.
Las penas que conlleva el delito ya existente de “justificación” del terrorismo, que incluye la “humillación” de las víctimas del terrorismo o de sus familias, aumentarían; las circunstancias agravantes incluirían la difusión de mensajes por Internet o a través de los medios de comunicación.